Planteamiento del problema
La reforma al artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en 2011, en la que las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia (CFC) podrían ser recurribles de manera optativa, mediante el recurso de reconsideración, pero también mediante el juicio ordinario administrativo ante Juzgados de Distrito y Tribunales especializados en materia de competencia económica resulta incorrecta ya que podría alargar, aún más los procesos legales en materia de competencia.
El problema principal de la Reforma se encuentra en que la naturaleza de los juicios ordinarios en materia administrativa es tratar controversias entre una autoridad del Estado y un particular –o entre dos privadas-, respecto a cuestiones privadas, por lo cual sus reglas incluyen normas, recursos y defensas que permiten extender indefinidamente los juicios. Sin embargo, las resoluciones que emite la CFC son del orden público y no privado.
Si bien, las Reformas del 2011 representan un avance por considerar instancias especializadas en materia de competencia económica, por medio del uso de los juicios administrativos ordinarios se resta autoridad y eficacia a las mediadas tomadas por la CFC.
Pregunta Central
¿Cuáles eran los objetivos de la Reforma de 2011 a la Ley Federal de Competencia? ¿Se cumplieron?
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