El Presidente Felipe Calderón ha marcado metas para los primeros 100 días de su gobierno en materia de seguridad ciudadana y justicia penal. Aunque ha propuesto un amplio programa de medidas, el propio mandatario ha destacado tres acciones: la creación del Sistema único de Información Criminal; la unificación en el mando de las corporaciones policíacas federales y la autonomía del ministerio público. Es pertinente realizar algunas reflexiones sobre estas medidas, así como sobre la necesidad de insertarlas dentro de un proceso de reforma integral.
La creación de una instancia de acopio y análisis de la información criminal fue una constante en las plataformas electorales de los partidos en el pasado proceso electoral federal, lo que refleja la necesidad de fundar adecuadamente las medidas de política criminal y de darles un seguimiento efectivo. Para desarrollar el potencial de esta iniciativa, debe hacerse un profundo análisis y evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los bancos de información que éste ha generado. Entre los desafíos que enfrenta la información recabada por el sistema, están por una parte la validación de esa información, cuya fuente son las dependencias estatales que presentan resistencias para mostrar cifras de lo que conciben como un problema eminentemente local, y que, consideran, podría ser utilizada para enjuiciar su desempeño; así que con el argumento de que la ropa sucia se lava en casa, se puede escatimar o falsear la información.
Por otra parte, los bancos de información que ha reunido el sistema, como son los registros de servidores públicos, de armas o huellas dactilares, enfrentan el reto de ser funcionales sin perder el control y las reservas sobre la información. Hace poco me referían autoridades locales que de poco servía contar con un registro de servidores públicos en materia de seguridad y procuración de justicia penal; si sólo se tenían dos códigos de acceso, uno para el gobernador y otro para el secretario de seguridad; de tal forma que una academia de policía no podía informarse de los antecedentes de aspirantes, que podrían haber tenido ya un mal desempeño en otra corporación del país. La instrumentación de este sistema unificado que se propone, implicaría aprender de las experiencias de intercambio y consulta accesible de información y de hacer reformas sustanciales a estos procedimientos para no hacer de la dependencia un elefante blanco.
Para los otros dos cambios enfatizados por el mandatario: la unificación de mandos policíacos y la autonomía del ministerio público, se trata de cambios orgánicos, cuya inclusión dentro de la agenda de los primeros 100 días, resulta muy cuestionable. Considero que estos cambios en la organización deberían ir precedidos de un análisis y una reforma profunda del rol que juegan estos actores clave: la policía y el ministerio público en temas de seguridad ciudadana, política criminal y justicia penal. Por ejemplo, un aspecto muy criticado a la institución del ministerio público, es la acumulación de roles y facultades, así como su papel preponderante y privilegiado en el proceso penal, así como la trascendencia legal de sus actuaciones; sin que esté sujeto a un sistema adecuado de rendición de cuentas y control. Uno de los puntos en común de las diversas propuestas de reforma de la justicia penal es la necesidad de hacer que el proceso penal sea más equitativo y justo, para lo que se propone redimensionar el exorbitado poder del ministerio público y la averiguación previa, restaurando un proceso penal acusatorio, adversarial y transparente. Dar autonomía al ministerio público sin antes reformar los procedimientos y el conjunto de incentivos a los que se sujeta su desempeño; podría generar quizá, más abusos de autoridad y mayor impunidad para la ineficacia e ineficiencia en la investigación de los delitos, que los que actualmente generan tanto malestar.
Creo que en el programa en materia de seguridad ciudadana y justicia penal del nuevo presidente subyace una visión integral; pero en el proceso de instrumentación es fundamental que se establezcan prioridades de acuerdo con una agenda estratégica de administración del cambio, que permita la revisión y reestructuración profunda de los procedimientos y las instituciones para transitar a una mejor sistema, sin que la reforma sea vencida por las poderosas inercias de un sistema penal que combate con cimientos decimonónicos al crimen del siglo XXI.
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