Tal vez no sea casualidad que, en cuatro días consecutivos, ocurrieron sendos eventos muy significativos en cuanto al proyecto de gobierno del presidente Peña: 1) el acuerdo de los liderazgos del PRI para proponer la modificación de sus documentos básicos y dar potencial luz verde a la eliminación de la tasa cero de IVA a alimentos y medicinas como parte de una posible reforma fiscal; 2) la reunión de elogios mutuos entre Enrique Peña Nieto y la cúpula de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la cual los líderes de la central sindical pilar del régimen corporativista del “viejo” PRI, han refrendado sus votos ante el “nuevo” PRI; 3) la promulgación de la denominada reforma educativa, acompañada de un contundente discurso del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, arremetiendo contra quienes “izan las banderas de la confusión” respecto a los contenidos de las modificaciones al tercero constitucional; y, por supuesto, 4) el espectáculo (no montaje, por cierto) alrededor de la detención de Elba Esther Gordillo.
Con estos acontecimientos, la imagen de liderazgo de esta administración –no nada más del jefe del Ejecutivo—ha quedado fortalecida, tanto al exterior, como al seno del propio PRI. En los dos primeros casos, más vinculados con la vida interna priista, se le quita un pretexto toral a los legisladores –hablando del IVA—para sacar adelante un componente aparentemente central de la estrategia de recaudación que tiene el gobierno federal; por otra parte, se manda una señal de cierre de filas y se demuestra el músculo de las lealtades sindicales a favor del presidente. Respecto a la cuestión político-educativa (por llamarle de alguna manera), se erige un secretario del ramo con poder, legitimidad y, sobre todo, respaldo del inquilino de Los Pinos (cosa que Josefina Vázquez Mota habría agradecido en su momento), de cara a una lideresa cuyo mito de invulnerabilidad acabó siendo sólo eso, un mito.
Si no suceden ex abruptos en cuanto al proceso de integración de las investigaciones y comprobación de las acusaciones, como a los que acostumbró al país la gestión calderonista (Florence Cassez, el “Michoacanazo”, el caso Jorge Hank Rhón, por ejemplo), el gobierno federal –el cual, por cierto, está por cumplir sus primeros 100 días—habrá tenido su gran “acto fundacional”. Esto será no únicamente por la caída de Gordillo, sino por su efecto en la percepción de eficacia de la autoridad: un procurador cauto (a pesar de resbalones como el chiste de la maleta de cosméticos en la Torre B2) y seguro de ir en el camino correcto; un secretario de Educación con las riendas de su sector; una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Secretaría de Hacienda que hace su trabajo (al menos en esta oportunidad), con el consiguiente “rescate” (por qué no) de la reputación de un colaborador cercano en la figura de Alberto Bazbaz, hoy jefe de la UIF, antes protagonista del caso Paulette. Asimismo, y cada vez con más frecuencia, la administración priista quiere dejar muy claro que la “docena panista” fue un episodio de gobiernos ineficaces, temerosos y, hasta cierto punto, débiles.
Por último, volviendo un poco a la recurrente referencia al “Quinazo” –el episodio al inicio de la gestión del presidente Carlos Salinas donde se capturó al entonces líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, acusado por posesión ilegal de armas—, cabe recordar que el sucesor de “La Quina” fue, ni más ni menos, Carlos Romero Deschamps. Este personaje, hoy senador de la República con fuero, ha sido sujeto de múltiples cuestionamientos acerca de la opulenta forma de vida de él y su familia, en particular siendo un “sindicalizado” con un salario aproximado de 20 mil pesos al mes. El “Gordillazo”, de concretarse, dejará acéfalo al SNTE. Llegue quien llegue, y aunque se construya una “relación armónica” con el gobierno del presidente Peña, quedará en cualquier caso la duda: ¿habrá sido sólo un cambio de nombre o prevalecerá la corrupción y los enriquecimientos evidentes pero, ahora, “bajo control”?
Lo que siga va a depender esencialmente de dos factores: a) la disposición del gobierno a construir sobre este éxito; y b) el objetivo que tenga concebido: se limitará a establecer su autoridad sobre la sociedad y los grupos más poderosos de ésta, o buscará construir una nueva estructura de poder. Dado el hecho de que el presidente ya no controla todas las instancias de poder y que eso limita su posibilidad de encarcelar a alguien sin cuidar las formas (como ocurrió con el caso de La Quina), el futuro dependerá en buena medida de cómo se acomoden los diversos intereses y poderes fácticos. En cualquier caso, las legislaciones como la de amparo y la que viene sobre medios de comunicación prometen redefinir las relaciones entre el gobierno y algunos de los sectores más políticamente relevantes del país. Claramente, la acción contra “la maestra” no fue producto de una ocurrencia.
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