Con el objetivo de continuar con el combate a la informalidad, el pasado 8 de septiembre, el presidente Peña, en compañía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lanzó el programa “Crezcamos Juntos”. Dicha estrategia surge para complementar el esfuerzo emprendido a partir del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el cual deriva de la miscelánea fiscal del año anterior, cuyo propósito es generar incentivos que hagan atractiva la transición a la formalidad. Si bien no hay una fórmula única e infalible, ¿es la continuidad de una estrategia que busca ampliar incentivos para atraer a los nuevos contribuyentes el mejor camino para reducir la evasión fiscal?
Desde hace tiempo, México tiene la mayor tasa de empleo informal entre las grandes economías de América Latina ya que, al día de hoy, 57.8 por ciento de su población se encuentra ocupada en el sector informal. Aunque los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre de 2014, muestran una caída de 4.2 por ciento en la tasa de ocupación del sector informal, el anuncio de “Crezcamos Juntos” es un reconocimiento tácito por parte del gobierno de que, hasta la fecha, su intención de disminuir la informalidad no ha rendido los dividendos más deseables.
Dada la magnitud de las tasas de informalidad en México, es comprensible el compromiso por parte del gobierno por impulsar, de nueva cuenta, una estrategia para ampliar la base tributaria. A pesar de ello, aunque “Crezcamos Juntos” comprende una serie de beneficios que podrían percibirse atractivos, en el fondo, incorpora el mismo conjunto de premisas infructuosas en el pasado. La armonización de programas federales de créditos al emprendimiento, el consumo y la vivienda, aunado a la provisión de servicios de salud vía el IMSS, pudieran ser insuficientes para personas que continúan percibiendo en la informalidad una manera de maximizar sus dividendos económicos, al tiempo que justifican su situación irregular por su desconfianza y recelo ante la autoridad. De esta manera, no es extraño el retumbe de voces que claman aseveraciones como “mis impuestos (aunque no los pague) no están trabajando; el gobierno se los roba”.
La alta incidencia de la informalidad se le atribuye en gran parte a las distorsiones de política que generan estímulos perversos como los altos costos de la formalidad, los programas de seguridad y protección social, y el magro crecimiento económico que ha impedido que el sector formal sea capaz de expandirse. Por lo tanto, si se parte de que son diversas las causas que hacen de la informalidad un problema estructural, entonces es posible advertir que un programa centrado sólo en ofrecer mayores incentivos de seguridad social a los nuevos contribuyentes no será suficiente para incorporar a 28 millones de mexicanos que se encuentran hoy empleados en ese sector. Esto no quiere decir que el esfuerzo sea inútil, pero sí que, para ser exitoso, tendría que venir de la mano de una política de disminución drástica de los costos de la formalidad, situación que, además, contribuiría a elevar la competitividad de la economía en su conjunto.
Ciertamente, habrá que otorgarle el beneficio de la duda al gobierno federal respecto a su genuino interés y esfuerzo por reducir la brecha de informalidad que agrava el monto de percepciones que quedan fuera de las arcas públicas. De hecho, el gran problema del planteamiento reside en el hecho de que sigue una lógica fiscal en lugar de micro económica: la estrategia implementada se observa como una solución a medias, que si bien es vistosa y se apoya de incentivos importantes, no termina por atender el fenómeno en su conjunto. La transición hacia la formalidad aún se ve como un camino incierto y burocrático, que no llega a contrarrestar las bondades de mantenerse en las sombras de la informalidad. A fin de cuentas, el tema pudiera reducirse a la capacidad –y voluntad—de castigar o no una conducta omisa o, de plano, dolosa en lo concerniente a no incorporarse al régimen de pago de impuestos. Es indispensable encontrar una fórmula de equilibrio entre los incentivos a la formalidad y los disuasivos contra la informalidad.
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