Los buenos deseos, más que el conocimiento de la economía, parecen guiar al PAN en su gestión legislativa. En el mes de noviembre pasado, la fracción panista en el Senado envió una iniciativa de ley orientada a permitir que los contratos de crédito se modifiquen cuando así lo requieran los cambios en las condiciones del mercado. Intentado favorecer a los acreditados, los panistas han abierto una caja de Pandora, toda vez que no se trata de un discurso político, sino de una iniciativa de ley. Como tal, uno debe suponer que los conceptos contenidos en esa iniciativa representan la visión del mundo económico de las personas que, en unos meses, podrían ser los responsables de la conducción del Congreso. Si es así, más vale que nos amarremos los cinturones.
Con gran sensibilidad y en defensa de su postura, los panistas aluden a la precaria situación en la que viven miles de personas y familias que contrataron créditos antes del final de 1994 -en el entendido de que sus ingresos serían suficientes para sufragar los pagos convenidos- y que ahora padecen los cambios tan abruptos ocasionados por la devaluación en el sistema financiero y en sus adeudos. La situación es muy real y es loable que los legisladores se preocupen por el problema. Sin embargo, la solución que los legisladores panistas proponen es peor que la enfermedad.
Primero está el problema. Una familia contrató un crédito para comprar una casa. Luego de pagar tres o cuatro años, los intereses súbitamente se elevaron en forma no sólo imprevista sino brutal, llevando a que los pagos mensuales a que esa familia estaba acostumbrada fuesen insuficientes para mantenerse al día en sus pagos. Poco a poco, los intereses no cubiertos se fueron acumulando al capital, por lo que, en unos cuantos meses, el valor nominal del crédito resultó mucho mayor que el monto total originalmente contratado. Esta familia prototípica súbitamente se encontró ante la dramática situación de no poder pagar y, por lo tanto, ante la posibilidad de perder la casa o el inmueble del que se tratara. De esta manera la familia acabó no sólo con un contrato leonino y de muy dudosa legalidad en sus manos, sino que hasta podría quedarse en la calle. El problema es real y obviamente requiere de soluciones que, en muchos casos, tendrán que ir bastante más allá de lo que los bancos y el gobierno han hecho hasta la fecha. El gobierno no ha logrado generar la confianza imprescindible para que disminuyan las tasas reales de interés, lo que han dado lugar a que crezcan movimientos como el Barzón y la cultura del no pago que se alimentan de la incredulidad y de la percepción de ausencia de gobierno.
Pero la solución que ofrecen los panistas a estos problemas es una colección de buenos deseos que disfrazan un populismo más propio del último trimestre del sexenio de López Portillo (en que se fijaron las tasas de interés en forma artificial), que una concepción económica moderna que contribuya a mejorar la situación del país. Si se tratara de un discurso político o de una arenga en campaña, los panistas, como animales políticos, estarían cortejando a sus electores y serían culpables, en el peor de los casos, de mera irresponsabilidad al prometer lo que no podrían cumplir. Pero dado que se trata de una iniciativa de ley, los panistas están de hecho demostrando su concepción de la economía.
En la iniciativa de los panistas aparecen tres conceptos. El primero consiste en proponer una solución legislativa a la política monetaria y cambiaria. Los panistas proponen que se utilice una nueva unidad de cambio, basada en salarios mínimos, para proteger al acreditado. El segundo se refiere a los márgenes de intermediación de los bancos. La iniciativa de los panistas propone fijar artificialmente una tasa máxima de intermediación para la banca, a fin de que el costo de los créditos disminuya. Finalmente, el tercero consiste en otorgar facultades a los jueces para que éstos fijen la tasa de interés adecuada cuando un crédito entre en litigio, además de premiar al moroso al permitirle no pagar intereses retrasados.
En los tres casos, los panistas enfocan un problema importante, pero proponen una solución que podría poner en entredicho la viabilidad de la economía en su conjunto, al sujetar la estabilidad del sistema financiero a la voluntad de los acreditados. En los tres rubros, los panistas han tocado problemas fundamentales, pero proponen soluciones que no resuelven nada y en cambio, podrían resultar sumamente contraproducentes, pues se olvidan de que los bancos son, como dice su descripción, intermediarios entre los ahorradores y quienes solicitan crédito. Los ahorradores no estarían dispuestos a depositar su dinero en el banco si no recibiesen a cambio un retorno suficientemente elevado como para compensar tanto la inflación como el riesgo intrínseco que existe en un mercado tan volátil como ha sido el nuestro. Por ello, la iniciativa panista desincentivaría el ahorro y el crédito, lo que recrearía el fenómeno de un mercado financiero informal y usurero, destruyendo la intermediación que realizan los bancos. Además, el efecto práctico para las personas que los panistas quieren atender sería el de elevar todavía más las tasas reales de interés. La política monetaria y cambiaria puede ser del gusto de los panistas o no, pero no es por la vía legislativa como puede ser modificada.
No hay la menor duda que los márgenes de intermediación de la banca mexicana no son sólo extraordinariamente elevados. En muchísimos casos son obscenos. Pero la noción de que una ley puede fijar los márgenes revela una enorme ignorancia o, en el mejor de los casos, inocencia. Lo único que podría reducir los márgenes de intermediación sería una mucho mayor competencia entre las instituciones bancarias, en el contexto de una bien arraigada seguridad jurídica (hoy inexistente), que les obligase a elevar sus niveles de eficiencia. Nada en el sistema bancario mexicano actual incentiva semejante acción.
Finalmente, al pretender que sean los jueces quienes decidan la tasa de interés que es justa para los acreditados, los panistas abren la puerta para que todos los acreditados dejen de pagar sus deudas y conviertan en deporte la cultura tan arraigada del “no pago”. Los juzgados se saturarían de demandantes de tasas de interés favorables, independientemente de su capacidad de pago o del valor del bien para el que se contrató el crédito.
Este tema es particularmente grave en la medida en que el PAN se acerca cada vez más a la posibilidad de ser el partido mayoritario en el Congreso. Los legisladores panistas proponen nada más y nada menos que la consagración de la cultura del no pago en la ley. Con ello no sólo reducirían todavía más la poca seguridad jurídica que ya de por sí existe, sino que darían pie a que toda la economía se administrara de acuerdo a la lógica más populista: que el gobierno fije los precios, que el acreditado decida qué es justo una vez firmado un contrato (y recibido el dinero) y que las autoridades judiciales decidan el valor de un riesgo financiero. Después de eso los panistas podrían comenzar a proponer planes quinquenales y a determinar los salarios de los mexicanos. Los buenos deseos, desafortunadamente, no necesariamente hacen una buena economía.
Las décadas de historia del PAN no parecen haber preparado a sus dirigentes para el manejo de una economía en esta época mundial tan compleja. Para ellos parece más importante ser populares que estadistas. En esta iniciativa, como en otras previas relativas a los bancos y a la inversión extranjera, los panistas prefieren un discurso popular que el crecimiento hacia una capacidad real de gobierno. Cuando se trata de un mero discurso, que hagan lo que quieran; pero cuando lo que está de por medio es una legislación que podría deteriorar la ya de por sí precaria situación económica, mejor harían en controlar sus arranques.
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