El caos que vive la capital es un microcosmo, dramático, de la crisis que viven las instituciones políticas del país. El secuestro de la ciudad, en nombre de la resistencia civil pacífica, es muestra patente de un profundo vacío en el estado de derecho. Es el estado de “chueco,” o más debidamente, el “estado de yo.” Se anuncia una transformación integral de todas las instituciones—independientemente del estado de derecho. Se especula sobre una negociación política que de salida al conflicto post-electoral—independientemente de observar la ley.
Empero, a pesar del drama, real y contundente, esta crisis política no es, tal como nos dice una observadora en la materia, sorpresa alguna para todos los individuos que han, en forma inocente, confiando en los procesos de justicia en nuestro país. No respetar los contratos es deporte nacional, símbolo de hombría, método de enriquecimiento. Confiar en la palabra, o respetar el derecho ajeno, es sinónimo de inocencia, por no decir perfecta idiotez. Vaya, hasta el sistema financiero incorpora un sobreprecio en las tasas de interés, para compensar la posibilidad de un incumplimiento.
Esta es esencia y consecuencia de nuestra tradición caudillista, ahora, a pesar de todo, presidencialista. En EUA, a pesar de todo, el respeto a las instituciones dieron lugar a la humildad del candidato ganador (por simple mayoría de votos, más no por el colegio electoral), Al Gore, de reconocer a George Bush como el nuevo presidente. Aquí, ante esta falta de estado de derecho, ante la incultura del “yo” (ya sea liberal triunfador, tecnócrata, populista de ayer, o mesias tropical de hoy), del político que siempre presume hablar con la verdad, hay sólo un escenario de incertidumbre, donde todo puede pasar, donde nada se vale excepto el berrinche, la fuerza, la confrontación y la contienda.
Los costos de esta crisis política postelectoral van mucho más allá de los empleos que se han perdido, de las ganancias que se están dejando sobre la mesa, de la interrupción de un derecho tan básico como el comercio humano. En el largo-plazo, el costo principal es el de incertidumbre, la desconfianza generada por el hecho que cualquier mariachi, en un futuro, puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Douglass North, Premio Nobel de Economía 1993, sostiene, en una de sus tesis más famosas, que las instituciones “definen las limitaciones diseñadas por el ser humano para dar forma a la interacción de las personas” y con ello “reducen la incertidumbre al proveer una estructura básica para la vida cotidiana.” Es decir, hay condiciones jurídicas que definen el desarrollo a largo plazo. El acto de intercambio comercial, sea en el mercado cotidiano, o en el mercado bursátil, ya sea entre dos personas, o dos millones de personas, supone la institución del contrato, la protección de derechos de propiedad, y la premisa que el comprador gana sólo si la otra gana, el vendedor, también gana.
Hoy por hoy, esta actividad, la certidumbre de hacer, se ve secuestrada por lo que se vislumbra como un choque de trenes, de quién puede más, independientemente de las leyes, del estado de derecho. El Estado en sí, parecería que ya no lo es. Las funciones “protectivas y productivas” de un auténtico Estado democrático, según el criterio de James Buchanan, implica observar y respetar un marco institucional que garantice el derecho a la propiedad—que observe lo que un mexicano, muy citado en estas batallas políticas, en alguna ocasión nos legó: el derecho al respecto ajeno es la paz.
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