El gobierno del presidente Fox está lleno de ideas pero carece de un proyecto integral que le permita hacer realidad sus promesas de campaña. En lugar de abocarse a los objetivos, a los propósitos básicos de sus reformas, se ha perdido en los tecnicismos, y en vez de avanzar la verdadera substancia de sus propuestas, se concentra en la retórica de los cambios. Se trata de un gobierno que sabe hacia dónde quiere llegar pero que no ha conectado sus objetivos con sus estrategias. El resultado es un resbalón tras otro y una creciente pérdida de energía que bien podría llevarlo a naufragar. Es tiempo de que el gobierno se reorganice y comience a canalizar sus esfuerzos en la dirección de sus objetivos.
Desde su inicio, el gobierno presentó las tres líneas de política que serían el corazón de su proyecto: la educación, el crecimiento económico y seguridad pública. Aunque planteados con títulos más pomposos, los tres objetivos del presidente Fox están estrechamente vinculados. Con ellos, el gobierno reconoce que el crecimiento (y, por lo tanto, la generación de empleos) está vinculado con la educación y con la existencia de un entorno de paz interna y de legalidad. Es decir, detrás de la retórica y del discurso abstracto y lleno de vaguedades que parecieran no tener contenido, hay una comprensión cabal de que muchos de los pilares tradicionales de la política pública en el país son extraordinariamente enclenques, como lo pone de manifiesto la pésima calidad educativa y la inseguridad jurídica y pública que reinan en el país.
Los objetivos propuestos por el gobierno federal son sin duda loables. A final de cuentas, uno de los rasgos más patéticos del México actual es la brecha que divide a aquellos mexicanos que logran darle la vuelta a los obstáculos existentes y aquéllos que simplemente no lo pueden hacer. Transformar esta absurda realidad facilitando a todos los mexicanos el acceso a los beneficios del desarrollo debiera ser el objetivo gubernamental central y así lo parece entender el gobierno actual. La ineficacia gubernamental en el pasado ha hecho que el éxito personal dependa, en buena medida, de la capacidad individual para saltar las trancas (ya sea ingresando a la economía informal o emigrando a los Estados Unidos, por citar dos ejemplos obvios). El proyecto de Fox justamente propone romper con esos obstáculos. El gran problema es que no hay coherencia entre los objetivos y las acciones gubernamentales cotidianas.
En un país en el que la productividad sigue siendo bajísima, los empleos no pueden generar un ingreso significativo; de la misma manera, un sistema educativo ineficaz e ineficiente no puede dotar a la población de las capacidades suficientes para poder aspirar a empleos y actividades de alto valor agregado, condición elemental de la mejoría salarial sostenida en el curso del tiempo. Además, en un país en el que inseguridad jurídica, física y patrimonial sigue siendo la norma más que la excepción, la decisión gubernamental de colocar este tema en lugar prioritario es absolutamente consecuente y coherente con los otros dos propósitos, el de crecer y elevar la calidad de la educación. La pregunta es si los grandes propósitos gubernamentales, anunciados en la inauguración presidencial y reiterados en el Plan Nacional de Desarrollo, van a tener alguna relación con la estrategia de gobierno propiamente dicha.
El hecho de que en el gobierno se comprendan los problemas nacionales constituye un avance por demás significativo. Pero ello no implica que se esté avanzando hacia su solución. Esto es, el reconocimiento conceptual de la problemática que aqueja al país no asegura que se materialicen las decisiones y las acciones correctas para darles solución. Se corre el riesgo de que todo quede en una mera abstracción.
A casi siete meses de iniciada la actual administración, todavía no es evidente hacia dónde pretende el gobierno llevar al país. Sus objetivos generales son explícitos, pero no así los medios. Una cosa es definir grandes objetivos y sus planes correspondientes, y otra muy distinta es organizar las fuerzas gubernamentales y a la población en general en torno a esos propósitos. Mucho más difícil resulta una empresa de esta magnitud cuando el nuevo gobierno, novato por razones obvias e inevitables, se enfrenta a una población cínica, aburrida de tantas promesas y saturada de expectativas insatisfechas. El gran éxito del hoy presidente Fox durante su campaña consistió en renovar la esperanza de la población en el futuro. Pero ya en el gobierno, el presidente corre el riesgo de acabar siendo igual que sus predecesores.
El gobierno, cualquier gobierno, tiene responsabilidades fundamentales que anteceden a todas las obras que pudiera realizar o las iniciativas de ley que decidiera promover en el congreso. Si eso es cierto en los países desarrollados, con más razón lo es en países como el nuestro. El primer objetivo de todo gobierno debiera ser el hacer valer la ley y afianzar el Estado de derecho, que es condición sine qua non para el desarrollo económico. Luego de ello vendrían objetivos igualmente primordiales como el de preservar la estabilidad económica, la seguridad pública y el acceso de la ciudadanía a la información. Mientras que en los países desarrollados estos temas son condiciones de entrada, puntos de partida, en nuestro caso siguen siendo meras aspiraciones. Por ello, estos objetivos de carácter ontológico, de esencia, son, en nuestro caso, mucho más importantes que todos los proyectos e iniciativas de ley o de reforma que pudiera emprender la nueva administración. Si lo único que lograra el presidente Fox a lo largo de su sexenio fuera el hacer vigente el estado de derecho, afianzar la estabilidad económica y garantizar la seguridad pública, el México del 2006 sería uno totalmente distinto, incomparablemente mejor al del 2000.
Lo anterior no quita méritos al afán gubernamental de mejorar la educación, sentar las bases para alcanzar tasas de crecimiento económico superiores al promedio histórico y enfrentar la problemática de la inseguridad pública y jurídica. El problema está en cómo lograrlo. La problemática que enfrenta el país trasciende con mucho al partido que estuvo en el poder por largas décadas. En ese sentido, era totalmente absurda y falaz la expectativa de muchos miembros del nuevo gobierno, y de la población en general, de que la sola remoción del PRI del gobierno se traduciría en oportunidades de desarrollo ilimitadas. El país enfrenta problemas reales, ninguno de ellos de carácter natural, es decir, todos ellos creados por el hombre, que tienen que ser resueltos. Ello requerirá no sólo de objetivos acertados, sino de estrategias bien articuladas y, particularmente, de una gran capacidad de negociación y estructuración de consensos con el poder legislativo. En este aspecto, los primeros meses no han sido prometedores.
En México seguimos debatiendo y disputando algunas de las verdades más elementales del desarrollo. Mientras que a ningún alemán, francés o norteamericano en la actualidad se le ocurriría disputar el concepto básico y general de la competencia económica o de la apertura de los mercados, en México sigue siendo común, casi cotidiano, que el empresario demande subsidios, que los sindicatos pretendan obligar a los consumidores a pagar precios estratosféricos por determinado producto o servicio, o que el político intente cambiar las reglas del juego luego de que ocurrió un determinado evento. Es decir, los mexicanos no hemos logrado siquiera el consenso más fundamental, más básico, sobre el tipo de sociedad que queremos. Como todo es negociable y todas las leyes y reglas son flexibles, lo menos que cualquier grupo de interés exige es que el gobierno sesgue todo en su beneficio.
El presidente Fox tiene dos opciones fundamentales. Una es la de proseguir con un discurso público en el que presenta los objetivos de su administración y, en términos generales, sedimenta su legitimidad, pero sin lograr vincular su carisma y presencia pública con el desempeño de su administración. Ese modo de actuar entrañaría, en la práctica, una continuidad con las administraciones anteriores: los funcionarios gubernamentales seguirían la inercia propia de cada secretaría, avanzarían los objetivos de la mejor manera posible y los mexicanos nos encontraríamos, al final del sexenio, con que hubo mejoría en algunos rubros, estabilidad en otros y rezagos en otros más. Pero México seguiría siendo esencialmente el mismo. La idea de romper con el pasado y sentar las bases de un futuro distinto se habría consumido en la batalla burocrática de todos los días.
La alternativa sería romper con el pasado de una vez por todas. Pero no emitiendo juicios ni diseccionando los males del pasado -aunque algo de eso podría ser saludable si se concibe y organiza de una manera sumamente cuidadosa y adecuada-, sino inaugurando una nueva forma de gobernar. En lugar de ser arbitrario, el gobierno del presidente Fox podría ajustarse estrictamente al principio de legalidad; en lugar de maquillar las cuentas públicas por medio de definiciones totalmente discrecionales y autocomplacientes (sobre el déficit fiscal, por ejemplo), el gobierno podría dedicarse a preservar la estabilidad económica como un valor superior; y en lugar de torcerse ante la disyuntiva de abrir el pasado o dejarlo donde está, el nuevo gobierno podría despolitizar la justicia y dejar que fueran las instancias responsables quienes decidan dónde se ha delinquido y dónde no. El principal vicio del viejo sistema político residía en la permanente arbitrariedad en el uso del poder. Si Fox quiere romper con el pasado, debe acabar con esa arbitrariedad milenaria.
Un entorno de predictibilidad y de legalidad sería sin duda novedoso para el país, aunque incompatible con las prácticas tradicionales y con la legislación existente que deja espacios a la arbitrariedad. Por ello, la decisión de avanzar por este camino implicaría también modificar substantivamente mucho de la estructura legal existente, lo que exigiría un trabajo permanente con el legislativo. Pero lo importante es que un entorno de esta naturaleza haría posible dar el paso decisivo en los tres frentes que propone el gobierno. El gran proyecto del presidente Fox no puede ser “más de lo mismo”, pero tampoco puede ser el de romper irresponsablemente con todo lo existente. Hay mejores maneras de pintar una raya.
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