En este siglo es imposible imaginar la innovación, el surgimiento de nuevas empresas, el crecimiento económico o el bienestar de los consumidores en una economía cerrada donde las empresas no compitan entre sí. Sin embargo, esa competencia no se da por el solo hecho de tener apertura al comercio exterior o inversión extranjera. Se requiere ir un paso más allá.
Es en este contexto donde no podría ser más relevante la presentación del Doctor Jaime Serra en la Cuarta Conferencia de Competencia y Regulación, organizada por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC). El Doctor Serra comentó que existe una clara relación entre apertura y competencia. Sin embargo, a pesar de que México está mejor o igual que Estados Unidos en cuanto a apertura comercial (como porcentaje del PIB) y a la inversión extranjera (como porcentaje de la formación bruta de capital), no es un país más abierto que su vecino.
La razón es que a México no le va bien cuando analizamos sectores altamente regulados y que son clave para el desarrollo nacional. Tal es el caso del petrolero, la generación y distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, los medios, el transporte terrestre y aéreo, la construcción y los bancos. El Doctor Serra muestra el bajo nivel de “apertura interna”, o competencia, en estos sectores en comparación con lo que sucede en los Estados Unidos. La pregunta es: ¿Qué se requiere para que esto cambie, es decir, para que dichos sectores estratégicos sean un motor y no un lastre para el crecimiento económico de México?
Lo primero sería entender que los problemas que a diario enfrentamos son la consecuencia de un mal diseño institucional y no de sucesos aislados. Así, por ejemplo, llevamos años en México quejándonos de licitaciones sin participantes, órganos reguladores que responden a intereses particulares, finanzas públicas que dependen del petróleo, baja inversión en sectores estratégicos e indefinición con respecto a lo que queremos de sectores tan importantes como la aviación. Pero aún hay poco reconocimiento en el País de que todo esto que vemos, y que no nos gusta, es el efecto de reglas del juego mal diseñadas.
A lo largo de la conferencia se presentaron diagnósticos acertados y propuestas viables que responden a preguntas como las siguientes: ¿Cómo pueden los estados y municipios asumir una mayor responsabilidad sobre la calidad de la regulación? ¿Cuáles son las funciones del Ejecutivo y cuáles no? ¿Cómo hacerle para que el consumidor tenga acceso a información necesaria y precisa? ¿Qué es lo que debemos subsidiar o no y por qué: la gasolina, la electricidad, el transporte…? ¿Qué significa la autonomía en los órganos reguladores, cómo la medimos y cómo la propiciamos? ¿Por qué los órganos reguladores duplican funciones mientras que hay temas que nadie quiere atender? ¿Deben ser especialistas técnicos quienes tomen las decisiones o más bien generalistas que reciben los insumos de los expertos? ¿Cuál es el objetivo de las sanciones? ¿Cuánto presupuesto es razonable para que un órgano regulador pueda hacer su trabajo? ¿Cómo hacerle para tener reglas que todos cumplan pero que a la vez permitan la suficiente flexibilidad para no volverse rápidamente obsoletas (como sucede en el sector de las telecomunicaciones, donde todos los días la tecnología cambia la configuración de la industria)?
El senador Santiago Creel remarcó en el evento la importancia de la variable política para que las reformas en esta materia se lleven a cabo. Y tiene razón. Las propuestas técnicas son fundamentales, pero si no hay quien las adopte, las negocie y haga que se implementen, no vamos a llegar muy lejos. Quizás ha llegado el momento de empezar un movimiento a favor de la apertura. Uno que, además de Areconocer que existe una relación entre competencia y apertura comercial, entienda que los tratados de libre comercio son una herramienta y no un fin, y que nos lleve a ejercer presión en aras de una reforma integral que impulse la “apertura interna” a favor de todos. ¿Quién se suma?
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