Es simple. Los transportistas estadounidenses conocidos como “teamsters” temen a la competencia de los transportistas mexicanos. Y viceversa. Esto, porque la competencia constituye una amenaza a los privilegios que han ganado ambos grupos a costa de los políticos a quienes benefician (financiando campañas e intercambiando votos).
En este escenario, vale la pena analizar qué ganan el presidente Obama y el gobierno mexicano, al permitir la entrada de camiones mexicanos a territorio estadounidense, decisión que se anunció a principios de este año; quién pierde y cuáles son las implicaciones para los consumidores en ambos países.
La historia va así. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, se acordó la liberalización del transporte de carga por parte de ambos países. Pero inmediatamente EE.UU. rompió con el compromiso, argumentando que los camiones mexicanos no eran seguros y representaban una amenaza para su población.
A partir de ese momento los camiones mexicanos no volvieron circular más allá de las 20 millas permitidas después de pasar la frontera. No fue hasta 2007 que la administración Bush decidió darle un empujón al tema, iniciando un programa piloto que permitiría la libre circulación en territorio estadounidense de un número determinado de camiones mexicanos. Estos serían supervisados y evaluados según los estándares exigidos a los camiones estadounidenses, y a partir de los resultados se determinaría la ampliación (o no) del programa, hasta llegar a la completa liberalización del transporte de carga transfronterizo.
Pero en 2009, recién llegado Obama a la Casa Blanca y estrenando Congreso con mayoría demócrata, los legisladores decidieron -con el aval del presidente- eliminar al programa piloto implementado apenas dos años antes. Todo esto incluso cuando un reporte elaborado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos contenía evidencia de que los camiones mexicanos eran tanto o más seguros que los estadounidenses. A pesar de esto, y argumentando también que la entrada de más camiones mexicanos traería desempleo e impactaría en los salarios de los transportistas estadounidenses, los “teamsters” acabaron por presionar a los legisladores demócratas para acabar con el programa piloto.
La reacción de México no se hizo esperar. Con la aprobación de una corte de arbitraje del TLCAN, impuso aranceles a 89 productos, en su mayoría agrícolas, cuidando que no impactaran en cadenas productivas y que no incrementaran precios internos. Los productos fueron escogidos con criterios políticos, con el fin de enviar un mensaje poderoso (y molesto) a varios legisladores estadounidenses cuyo electorado ahora enfrentarían las represalias.
Al año siguiente, en vista de que no se observaba movimiento por parte del gobierno americano para destrabar el asunto, México aumentó la cifra de productos con arancel de 89 a 99, rotando algunos productos para ahora ejercer presión en legisladores demócratas que estaban en campaña electoral. La lógica de la respuesta mexicana fue impecable. La acointención era ejercer suficiente presión sobre los propios legisladores que habían votado a favor de la cancelación del programa, así como crearle un foco rojo a Obama con los empresarios de ese país.
El objetivo se logró y dos años después, con un panorama político radicalmente distinto en Estados Unidos, el presidente Obama -quien ahora se ve obligado a acercarse más a los grupos empresariales-anuncia que pondría en marcha un plan para reestablecer el acceso de los camiones mexicanos a territorio estadounidense. Se mantendría la cuota y los camiones y sus choferes tendrán que pasar por estrictas revisiones de seguridad. Inmediatamente, México respondió con un mensaje de cooperación, comunicando su intención de desmantelar los aranceles a medida que avancen las negociaciones.
Los “teamsters” argumentan que con el nuevo programa se perderán empleos, y que el gobierno de Obama arriesga trasladar a Estados Unidos el problema de narcotráfico de México. También reclaman que dados los altos riesgos de seguridad que enfrentarían, el hecho de que México ofrezca reciprocidad al transporte de carga estadounidense y los deje circular libremente en ese país simplemente no es atractivo y que, por lo tanto, es mejor no mover nada al asunto. A pesar de los reclamos parece que el programa seguirá en marcha y tarde o temprano se permitirá la entrada -si bien acotada- de transportistas mexicanos a Estados Unidos.
El nuevo escenario político le permite al presidente Obama implementar una estrategia para acercarse a los empresarios, de quienes hasta ahora no ha obtenido más que quejas y acusaciones, y alejarse de un poderoso grupo de interés. Esto lo acerca al centro y le da la opción de recuperar votos hacia las elecciones de 2012 en las que podría reelegirse.
Para el gobierno mexicano se trata de una victoria importante, ya que toma una postura firme y efectiva en la relación bilateral. Además, la reinstauración del programa piloto le permite a México dejar una puerta abierta. Cuando se firmó el TLCAN, el gobierno mexicano utilizó las presiones externas para presionar a grupos de interés que ejercían influencia desmedida y para abrir a la competencia sectores que hoy en día prácticamente sostienen la economía mexicana. La hipótesis es que con la reinstauración del programa piloto, México logra mantener esta opción abierta para desmantelar uno más de estos grupos: los transportistas mexicanos. Por ahora, se trata de una estrategia de bajo riesgo, ya que en realidad no se está hablando de una liberalización completa (cosa que causaría molestias profundas en el grupo de transportistas mexicanos, quienes mantienen un monopolio efectivo en diversas regiones del país) sino de reinstalar un programa muy tado.
Lo mejor para los consumidores (tanto en Estados Unidos como en México) sería que el transporte fluyera libremente entre ambos países, ya que automáticamente bajarían los costos del transporte, y con ello los costos de prácticamente todas las cadenas productivas y, por ende, los precios finales de los productos que consumimos. Sin embargo, en el fondo del asunto está un tema de la presión que ejercen grupos de interés poderosos y que repercute en la competencia y la relación bilateral.
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