En uno de los principales temas de la agenda nacional como es el de la seguridad y la justicia penal, y en el que asumió muchos compromisos durante su campaña, Felipe Calderón envió una iniciativa de reforma constitucional en la que algunos aciertos son eclipsados por completo por la agudización de la inequidad y el aumento de los espacios para la arbitrariedad en el sistema penal. Además, sin reformar a las instituciones, se les brindan nuevas atribuciones; se proponen medidas de descongestión sin contrapesos que, en un entorno procesal de opacidad, podría propiciar que los abusos de los agentes de autoridad se incrementaran. Calderón cuenta con asesores que impulsan una mejora cualitativa del sistema; en tanto que el personal operativo demanda más atribuciones sin contrapesos y el endurecimiento de las penas. Es evidente que éste segundo grupo es el que está predominando en el ánimo del Presidente al momento de la toma de decisiones.
Por lo que se refiere a las acciones de inseguridad pública, la iniciativa propone la creación de un régimen de excepción para el combate a la delincuencia organizada, es decir, establecer un régimen especial en el que la autoridad policial y el ministerio público tengan mayores facultades, como realizar cateos, dictar medidas cautelares y en caso de delincuencia organizada, podrá disponer el arraigo. La discusión pública debe centrarse en si es necesario este régimen especial. Las facultades (averiguaciones compartidas, escuchas telefónicas, entre otras) de la actual legislación federal y las contempladas en las legislaciones locales que tienen disposiciones sobre delincuencia organizada son escasamente utilizadas y cuando se emplean son generalmente concedidas o avaladas por las autoridades judiciales, ¿entonces es necesario extender estas facultades? El debate para responder esta interrogante la autoridad debería presentar un diagnóstico y una prospectiva sobre el impacto de estas facultades en el combate a la delincuencia y la rendición de cuentas que se hará sobre su desempeño, para que no sea un cheque en blanco para las instancias policiales.
En lo que se refiere a la justicia penal, la iniciativa del Presidente Felipe Calderón plantea algunas medidas para descongestionar y hacer más eficiente la operación del sistema. Se establece la posibilidad de mecanismos alternativos (como podría ser la conciliación, mediación, acuerdos reparatorios, etc.), así como el juicio abreviado (reconocer la participación en los hechos a cambio de una reducción significativa de la sanción). Sin embargo, no se plantea una transformación cualitativa al proceso penal, dejándolo como un sistema inquisitivo, inequitativo y muy injusto. Quienes no se sometan a las salidas alternas que se proponen, se enfrentarían al pésimo proceso penal tradicional. Se podría llegar a la paradoja de hacer más eficiente un sistema muy injusto; de que se sigan cometiendo atropellos y violaciones de derechos humanos, pero en menos tiempo y a menor costo.
En conclusión, se nos plantea que la única salida al desafío del crimen es dar un voto de confianza a las policías de todo el país, dándoles mayores facultades para combatir al crimen organizado, sin contrapesos efectivos y a pesar de que no se ha logrado su cabal profesionalización; para la delincuencia ordinaria se ofrece hacer más eficiente la procuración impartición de la injusticia.
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