Las reformas que se iniciaron en 2013 nos colocan, potencialmente, en las grandes ligas del mundo, ahí donde los jugadores son profesionales y las reglas del juego transparentes. La mera oportunidad de que podamos jugar en ese terreno constituye un verdadero hito. Al mismo tiempo, es necesario reparar sobre las condiciones que nos hace falta satisfacer para arribar a buen puerto y reconocer la fragilidad de los instrumentos con que estamos llegando.
El asunto genérico es el del Estado de derecho y las instituciones que le dan forma y lo hacen posible, tema de preocupación frecuente para mí. Mientras que un negocio de contratistas puede ser administrado por un gobierno medianamente competente e incluso provinciano, el otorgamiento de contratos y concesiones a las principales empresas petroleras del mundo implica un salto cuántico. Esas empresas conocen a todos los países del mundo, trabajan igual en las regiones más amigables del orbe que en las más corruptas y mafiosas. Su experiencia se apuntala en centenas de abogados y una disposición instantánea, casi irreflexiva, a recurrir a tribunales para resolver entuertos. La pregunta es si México de verdad está preparado para jugar en esas ligas.
Mientras que una discusión sobre el Estado de derecho tiende a ser abstracta y etérea, la administración de procesos complejos fundamentados en contratos del primer mundo no es abstracto y teórico sino concreto y real. De llegar a fructificar las reformas aprobadas el año pasado, sobre todo en materia de energía, el país se va a encontrar frente a la realidad que en esta materia entrañan las grandes ligas y, no tengo duda, muy rápido será evidente que no se trata de un reto menor.
Como en los deportes, participar en las grandes ligas implica someterse a un régimen de escrutinio superior, réferis profesionales y entes arbitrales sobre los que el gobierno no tiene control. Es decir, implica asumir la responsabilidad de un comportamiento profesional que es muy distinto a las prácticas provincianas que nos son típicas. Me pregunto cómo vamos a dar el salto. La evidencia utilizable para evaluar esta contingencia al día de hoy es mixta.
En materia económica, una parte del país claramente ha dado ese paso. Por ejemplo, la industria turística se ha transformado para atender y competir por el turismo más demandante del mundo. Lo mismo es cierto de los exportadores, quienes han rebasado a Japón en el mercado automotriz estadounidense. Es decir, no hay nada en nuestro ADN que nos impida lograr una transformación o competir exitosamente. Sin embargo, la gran diferencia entre los exportadores o los hoteleros respecto al desafío de las ligas mayores es que, en el primer caso, se trata de actores individuales que tienen la flexibilidad de adaptarse con celeridad y están enfocados a asuntos muy concretos. Lo mismo no es cierto del sector de la energía.
En el caso de la energía y, en general, de un régimen de inversión y comercio modernos y competidos, se va a requerir una legislación que sea defendible en tribunales internacionales cuando se presente un litigio, los ministerios públicos tendrán que ser capaces de aportar pruebas fehacientes y confiables, el ente regulador tendrá que poder enfrentar al gobierno y salirse con la suya, los jueces tendrán que emitir fallos susceptibles de resistir el escrutinio de instancias arbitrales no tradicionales y así sucesivamente. Al día de hoy, ninguna de nuestras instituciones legislativas, judiciales o regulatorias podría jactarse de semejante hito. Para que el país pueda ser exitoso en las ligas mayores será necesario cambiar toda la manera en que funciona el Estado mexicano. Este es un reto mayúsculo y exigirá no sólo capacidad humana sino un excepcional liderazgo que, además, sea capaz de enfrentar todos los entuertos de nuestro sistema político y judicial. Dudo que en el gobierno o en el legislativo se comprenda la naturaleza del desafío.
Un índice comparativo que evalúa el grado de Estado de derecho que caracteriza a los países del mundo emplea ocho indicadores: límites a la autoridad gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos fundamentales de la ciudadanía, orden y seguridad, capacidad de hacer valer las regulaciones, justicia civil y justicia criminal. Cada uno de estos indicadores trae toda una cauda de elementos analíticos, pero dudo que a cualquier mexicano le sorprenda que el índice colectivo nos coloque en el lugar 79 de 99. Vistos como conjunto, los indicadores intentan medir una sola cosa: ¿funciona el gobierno (incluyendo al legislativo y al judicial) para proteger los derechos de las personas (incluyendo inversionistas) o no? Lamentablemente, el veredicto que arroja el indicador no está fuera de la realidad.
La gran pregunta, quizá clave para hacer posible el éxito de reformas como la energética, es si el país, comenzando por su gobierno, está dispuesto a emprender las reformas institucionales que hicieran posible la instalación de un sistema de gobierno capaz de darle continuidad a la vida pública y oportunidad al ciudadano de vivir en un entorno seguro, protegido por leyes y con fácil acceso a la justicia. Si la respuesta a esta pregunta obvia es no, el país tiene un gran problema: si no somos capaces de hacerle la vida más simple a un ciudadano común y corriente, qué nos hace pensar que lo seremos para atraer inversionistas que tienen instrumentos de defensa propios. El reto hacia adelante es monumental.
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