Tras la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, la Presidencia de la República no tardó mucho en subir un sitio de internet alusivo a la serie de reformas que se han aprobado durante el primer tercio de su sexenio. El gobierno federal presume un total de once rubros donde se han hecho modificaciones legales con el propósito de “mover a México” (por cierto, aunque el tema laboral también se incluye, éste todavía alcanzó a ser promulgado por el ex presidente Calderón). Sin embargo, llama la atención la ausencia de dos de los tres asuntos que, en teoría, Enrique Peña dijo pretender impulsar hace casi dos años, aún antes de tomar posesión de su cargo en Los Pinos. En agosto de 2012, en el marco de la primera reunión plenaria de congresistas del PRI de la LXII Legislatura, tanto los líderes parlamentarios del tricolor como el entonces coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, aseguraron que los ejes de la agenda inmediata serían tres: el fortalecimiento del sistema de transparencia y rendición de cuentas (el único presente –a medias— en el portal http://reformas.gob.mx ); la creación de una comisión nacional anticorrupción; y el diseño de una ley para regular el gasto en publicidad gubernamental. ¿Qué estatus guardan estas iniciativas en su momento prioritarias dentro del discurso de Peña?
Si bien Enrique Peña no tenía facultades constitucionales para presentar iniciativas de ley como presidente electo, y que debían ser procesadas por los legisladores de su partido y sus aliados, Videgaray explicaba que era del interés prioritario del presidente electo ofrecer garantías, sobre todo a quienes no lo habían respaldado en las urnas, de que gobernaría con un espíritu democrático y abierto. En aquellos ayeres se anunciaba como coordinadores de los proyectos a los entonces futuros (y no por mucho tiempo) diputados Claudia Ruiz Massieu (transparencia), Jorge Carlos Ramírez Marín (regulación de la publicidad gubernamental), así como Emilio Lozoya Austin (comisión anticorrupción). El 10 de septiembre de 2012 se anunció la propuesta de transparencia, modificando al IFAI (y barriendo a sus entonces comisionados), ampliando el catálogo de sujetos obligados por el artículo 6 constitucional a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos públicos, así como dictando la posterior armonización de los marcos legales en los estados vía una ley general en la materia, pendiente desde 2002. El 15 de noviembre siguiente se tramitaron las denominadas reformas administrativa y anticorrupción, las cuales modificaban la estructura del gabinete para, entre otras cosas, eliminar la Secretaría de la Función Pública (SFP) y dar paso a un eventual órgano anticorrupción autónomo mandatado en una reforma –aún inconclusa—al artículo 113 de la Constitución. Por último, la iniciativa acerca de gasto público en comunicación social jamás salió de los escritorios presidenciales.
Hoy que la retórica presidencial parece haberle dado cerrojazo a lo que la autoridad considera las reformas fundamentales para el país, ninguna de las tres propuestas iniciales de Peña han culminado su proceso; dos quedaron truncas y una ni siquiera apareció. Aunque ya se cuenta con una reforma constitucional en materia de transparencia, un nuevo, ampliado –y más oneroso—IFAI, todavía está por verse si se materializarán tanto la creación de la Ley General de Transparencia (LGT), como la Ley General de Archivos (LGA). La importancia de ambos ordenamientos radica en cuestiones tales como fomentar la homologación de reglas y procedimientos de los órganos de transparencia a nivel federal y estatal, establecer de qué manera rendirán cuentas los nuevos sujetos obligados –el tema de partidos políticos y fideicomisos es especialmente sensible, tal vez más que el de los sindicatos—, y fijar parámetros a fin de sistematizar la información y hacerla de fácil acceso público. En suma, las leyes secundarias pendientes en transparencia no son cosa menor. En el caso del tema anticorrupción, la SFP en efecto quedó extinta desde diciembre de 2012. El problema es que la Comisión Nacional Anticorrupción (CONAC), su presunta sucesora, aún no existe. De esta forma, la SFP opera como una especie de “muerto viviente”, tan o más ineficiente que de costumbre en su función de vigilar el buen actuar de los funcionarios públicos. Hoy la reforma anticorrupción permanece en comisiones de la Cámara de Diputados.
Finalmente, la regulación del gasto en comunicación social parece haber salido del radar presidencial. Si acaso se podría tomar como referente una propuesta enarbolada apenas el 26 de marzo de 2014 por la senadora priista Cristina Díaz, la cual crearía una Ley de Propaganda Institucional. No obstante, los incentivos para una llevar adelante desde el gobierno federal una reforma en ese sentido son casi nulos. Es cierto que Enrique Peña habría gastado en su primer año de gobierno (2013) un monto inferior (4.1 mil millones de pesos) al ejercido por su antecesor en un periodo similar (Felipe Calderón gastó 5.2 mil millones de pesos en 2007). Estará por verse si, en plenos prolegómenos de la contienda electoral intermedia de 2015 y con la mala publicidad que se le ha hecho a algunas de las reformas, la actual administración va a querer limitarse en los recursos encaminados a promover sus presuntos logros.
Como ha sido una constante en las reformas promulgadas durante el presente sexenio, el primer requisito que han cumplido sus contenidos no tiene tanto que ver con crear marcos jurídicos proclives a estimular el desarrollo y las mejores prácticas en los rubros concernidos. El gobierno federal tiene claro que su prioridad es mantener el mayor control posible de las variables políticas, el cual tuvo una breve era de relajación durante los últimos tres lustros. Así, la autoridad parte de ese punto a fin de diseñar su proyecto de desarrollo económico, no al revés. Mientras esta sea la tónica, los contrapesos democráticos de la transparencia, la lucha contra la corrupción, y la rendición de cuentas, permanecerán como “la muñeca fea” de las reformas.
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