A raíz del Informe de la Cuenta Pública 2014 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se declaró que el daño patrimonial en Veracruz asciende a los 15 mil 722 millones de pesos –lo equivalente al presupuesto 2016 del Instituto Nacional Electoral (INE). El hallazgo provocó la reacción de diversas figuras en la opinión pública con respecto a la gestión del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Por un lado, Manlio Fabio Beltrones, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que Duarte, así como cualquier otro gobernador y funcionario público, debe rendir cuentas si así se requiere. Por otro lado, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) introdujeron un punto de acuerdo para solicitar el juicio político en contra del Gobernador por el presunto desvío de recursos públicos federales.
A primera vista, el interés provocado por el informe para transparentar el gasto y cuestionar el desempeño de Javier Duarte parece deseable. Sin embargo, al estudiar el caso es evidente que esto no se da como consecuencia de un mecanismo de rendición de cuentas institucional, sino que su origen está en la coyuntura electoral y el uso discrecional de la justicia en nuestro país. Si se analiza brevemente la situación nacional, resulta preocupante concluir que las deficiencias de la gestión de Veracruz -su falta de transparencia en el gasto, la escasa rendición de cuentas de las autoridades y la ausencia de contra pesos internos y externos- no son exclusivas de esta entidad.
Las elecciones: el mecanismo (único) de rendición de cuentas
Las contiendas electorales y el voto ciudadano son uno de los canales por medio de los cuales, al menos en teoría, los ciudadanos son capaces de mostrar su inconformidad con los gobernantes premiando con su voto al partido gobernante o castigándolo con un voto a la oposición. En nuestro país, dada la ausencia de otros mecanismos sólidos de participación ciudadana, las elecciones son cruciales para explicar la conducta de los partidos políticos. En otros países existen mecanismos como la iniciativa ciudadana, el referéndum y los procesos de destitución (o impeachments) que son válvulas institucionales para la rendición de cuentas a lo largo de toda una administración, y no al final del mandato como es el caso de las elecciones.
En 2015, uno de los temas más relevantes en las elecciones fue la corrupción de los gobernadores y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sistema. De acuerdo a la plataforma Voto Informado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante las elecciones de 2015, el principal problema de México era la corrupción que incluso superaba temas como la inseguridad, el narcotráfico, la inflación y el desempleo.[1] Ante los reclamos de la ciudadanía este tema fue capitalizado con éxito por algunos candidatos, entre los cuales destacan los casos de Nuevo León y Sonora, en donde los ganadores basaron sus campañas en las promesas de investigar y castigar los escándalos de corrupción de los gobernadores salientes. Tanto Jaime Rodríguez “El Bronco” en Nuevo León, como Claudia Pavlovich en Sonora, capitalizaron un gran número de votos al señalar y prometer indagar las sospechas de enriquecimiento ilícito y desvío de fondos de los gobernadores Rodrigo Medina y Guillermo Padrés, respectivamente. De igual forma, tanto Héctor Yunes Landa, precandidato del PRI en Veracruz, como Miguel Ángel Yunes han planteado sus respectivas precampañas en torno a la opacidad que ha caracterizado a la administración de Javier Duarte en Veracruz y a la promesa de buscar justicia en caso de ser responsable. Yunes Landa, a pesar de ser del mismo partido que Duarte, ha reiterado en varias ocasiones que en caso de ser electo, procederá contra quienes desviaron los fondos que la Federación otorgó a la entidad. En la misma línea, candidatos como Javier Corral en Chihuahua ha iniciado su campaña electoral alrededor de la bandera del procesamiento de la administración saliente y afirmando que en caso de ganar, “César Duarte se va a la cárcel”.[2]
La relevancia que ha cobrado el tema de la corrupción en el plano electoral ha sido positiva ya que demuestra cómo los reclamos de la ciudadanía en torno a los abusos de autoridad, la falta de transparencia y la impunidad en torno a la corrupción de la elite política se han posicionado en la mayoría de las campañas. Sin embargo, la vía electoral para castigar la corrupción y llevar a cabo una verdadera rendición de cuentas por parte de las autoridades es limitada ya que las promesas de campaña pueden ser ignoradas por los candidatos una vez iniciado su mandato sin consecuencias en el corto plazo, o pueden carecer de los mecanismos institucionales para llevarlas a cabo. A más de 130 días de que asumió la gubernatura de Nuevo León, las promesas de campaña de “El Bronco” continúan pendientes, sin auditar ni llevar a la justicia a los responsables del endeudamiento y desvío de fondos públicos del estado. De acuerdo al gobernador, la Fiscalía anticorrupción del estado se encuentra trabajando en la investigación de las irregularidades del gobierno de Medina y, a más tardar, en marzo se estarían presentando una serie de expedientes que detallan los presuntos delitos cometidos en este periodo. Lo cierto es que cada día que pasa los supuestos responsables de endeudar a Nuevo León continúan impunes y la credibilidad del gobernador se debilita.
En este sentido, el riesgo de que la investigación de los presuntos abusos de autoridad de los gobernadores se oriente únicamente a la obtención de votos durante las elecciones radica en que los temas de corrupción y falta de rendición de cuentas se limitarán a un juicio mediático sin consecuencias legales. De ser el caso, esto posiblemente contribuirá a un mayor desgaste y desencanto del sistema partidista entre la ciudadanía. Para el caso de “El Bronco” las implicaciones son inclusive mayores dado su perfil de candidato independiente que accede a la gubernatura. Si sus promesas son incumplidas, en el mediano plazo, no solo desgastarían la figura de “El Bronco” sino que minarían la credibilidad y la utilidad de la figura de los candidatos independientes.
La discrecionalidad detrás del supuesto “castigo”
Los problemas de opacidad en el uso de los fondos públicos no son exclusivos del estado de Veracruz. De acuerdo al Índice de Desempeño del Gasto Federalizado de la ASF, que considera factores como el ejercicio oportuno de los recursos, la transparencia y rendición de cuentas, el monto observado de la muestra auditada y el control interno del ejercicio de los recursos, para aproximar el nivel de irregularidades en el manejo de recursos para cada estado (ver gráfica 1). Como ilustra la gráfica, el mal manejo de los recursos no es exclusivo de solo algunos estados y bajo esta lógica, la rendición de cuentas que la ciudadanía y otros miembros de la elite política les exige a a gobernadores como Javier Duarte se debería de extender al resto de los mandatarios estatales. La falta de escrutinio a gobernadores -como el caso de Michoacán, con ocho mil 89 millones de pesos pendientes por solventar, o el Estado de México con gastos anómalos por dos mil 482 millones- hace pensar que la decisión de indagar el desempeño de únicamente algunos ejecutivos locales, responde a motivaciones discrecionales y de corte político, más que de índole institucional o de buen gobierno. De lo contrario, gobernadores de estados como Jalisco, Morelos, Sonora, Guanajuato y Guerrero, que se encuentran por debajo del promedio nacional del Índice de Desempeño del Gasto Federalizado, estarían también bajo los reflectores.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación
La faltante vía institucional
Más allá de que las malas gestiones puedan ser castigadas por la vía informal de la política partidista o a través de la alternancia electoral, la falta de sanciones institucionales limita los efectos benéficos de una verdadera rendición de cuentas. Actualmente carecemos de un Estado de Derecho capaz de garantizar la imposición de sanciones de carácter administrativo y/o penal en los casos donde las autoridades hayan incurrido en la comisión de un delito. La tradicional falta de seguimiento a las investigaciones de la ASF y de otras organizaciones por parte de las Procuradurías o Fiscalías estatales y la Procuraduría General de la República (PGR) ha permitido que la mayoría de las sospechas de corrupción permanezcan impunes. Son contadas las veces que las malas gestiones estatales han derivado en sanciones como la inhabilitación, las multas o incluso la cárcel de las autoridades responsables. En los últimos quince años, 14 gobernadores han sido investigados por autoridades federales o extranjeras por diversos delitos, de los cuales únicamente cinco fueron encarcelados. De estas investigaciones, 52.92% se inició por peculado, 23.53% por lavado de dinero, 17.65% por asociación delictuosa y 5.8% por extorsión.
El hecho de que las probabilidades de que algún gobernador sea investigado, procesado y sancionado por una Procuraduría o Fiscalía local sean tan bajas, incentiva las malas prácticas. No es un secreto que gran parte del ámbito estatal carece de instituciones fuertes que garanticen un sistema de pesos y contra pesos que representen una verdadera capacidad fiscalizadora y pongan en tela de juicio el desempeño de los gobernadores. Muchas veces la oposición es reducida en los Congresos Locales o fácilmente puede ser cooptada por el gobernador en turno, además de que las Fiscalías y Procuradurías carecen de la autonomía suficiente para investigar al titular del Ejecutivo local. En este sentido, mientras no se fortalezcan las instituciones locales y federales- desde la PGR hasta las Fiscalías anticorrupción estatales- con el fin de que sean éstas las que supervisen, y en su caso, sancionen la comisión de delitos de los funcionarios públicos- difícilmente se podrán desincentivar las prácticas opacas y corruptas de la élite política.
Conclusión
En la actualidad, las campañas y las coyunturas electorales han sido los únicos instrumentos para traer los temas y episodios de corrupción gubernamental a la opinión y agenda pública. Sin embargo, la evaluación en las urnas es insuficiente. Mientras los mecanismos institucionales necesarios para llevar a cabo una verdadera rendición de cuentas- como las Fiscalías y Procuradurías, así como organismos autónomos de fiscalización- carezcan de los recursos económicos y de la voluntad política para indagar los casos de corrupción, los castigos a estas prácticas permanecerán sujetos a los vaivenes políticos. Asimismo, si las probabilidades de ser investigado y procesado por este tipo de conductas continúan siendo tan bajas, los incentivos seguirán fomentando el manejo opaco e irresponsable de los recursos y las distintas prácticas de corrupción que observamos actualmente.
Autores: Carlos De la Rosa, Ximena López, Mireya Moreno, Jorge Ramírez y Rafael Vega
Coordinadora: Mariana Meza
Editora: Lorena Becerra
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[1] http://www.votoinformado.unam.mx/
[2] Radiofórmula con Ciro Gomez Leyva, 4 de febrero 2016: http://www.radioformula.com.mx/reproductor.asp
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