La licitación es uno de los mecanismos de asignación mediante el cual el gobierno mexicano adquiere bienes y servicios. En materia de licitaciones, el marco jurídico se ha orientado a definir los criterios formales de transparencia que rigen el proceso mismo de la licitación, dejando a un lado la perspectiva de productividad económica del proyecto mismo. Esto es evidente, específicamente en tres características de las licitaciones: 1) No dejan clara la responsabilidad de la autoridad en el sentido de hacer un documento de licitación claro y asertivo. 2) No fijan estándares de revisión y evaluación de las ofertas presentadas, permitiendo la discrecionalidad de los servidores públicos. 3) No segmentan los tipos de adquisiciones del gobierno considerando los incentivos económicos intrínsecos en cada transacción, sino únicamente lo hacen con base en términos procesales.
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