Las encuestas señalan que 59% de los mexicanos percibimos que vivimos en un entorno de inseguridad (ICESI). No debemos resignarnos a vivir en un país que ocupa el lugar 16 entre los países con más homicidios por cada 100,000 habitantes (10.6).
Se estima que las pérdidas derivadas de los delitos (sobre todo los patrimoniales) ascienden a más de 100,000 millones de pesos al año, y se ha estimado las pérdidas derivadas de un homicidio en alrededor de 2.6 millones de pesos, en un país en el que se cometen 12,000 homicidios intencionales al año.
Por otra parte, Los Zetas, muy emprendedores, han iniciado al lado de sus servicios tradicionales como sicarios y custodia, una amplia gama de negocios como el secuestro y la extorsión que han ampliado el espectro de victimización sobre prácticamente todas las capas sociales. Se está descentralizando la violencia y se está democratizando la impunidad.
Incalculable es el monto de las inversiones que hemos dejado de recibir en virtud del clima de violencia e inseguridad en el país. Una de las pocas industrias florecientes es la industria del miedo: arquitectura neo-medieval; alarmas; chips rastreadores, seguros y servicios de seguridad privada que ya tiene casi el mismo número de efectivos que todas las policías municipales del país juntas (135,000).
La voluntad política de prevenir y combatir al delito por partes de las autoridades, se refleja en el histórico presupuesto de más de 300,000 millones de pesos en los tres niveles de gobierno orientado a la prevención del delito, la seguridad ciudadana y la justicia penal. En total la inseguridad nos cuesta como personas, como sociedad, como contribuyentes entre 9 y 12 puntos del PIB.
Por lo que se refiere a las políticas gubernamentales su ineficiencia y falta efectividad en el uso de los recursos son evidentes. En ocho años se duplicó el número de reclusos, sin que por ello, nos sintamos dos veces más seguros; 75% de los recursos se destinan a los delitos menores, en tanto que la violencia del narco parece no tocar fondo. Todos los días se destinan en el país 29 millones de pesos a la manutención de los 225,000 reclusos del país; a pesar de que las propias autoridades admiten que sólo 7% de ellos son de alta peligrosidad.
Es urgente analizar a fondo las causas y detonantes de los diversos tipos de conflictos que la ley considera como delitos. Cada tipo requiere prevención y atención especial (32% son violentos o relacionados con el crimen organizado, pero más de 25% son conflictos incipientes entre vecinos, familiares o compañeros de trabajo y 15% de los casos se derivan de accidentes de tránsito).
El error es que los tratamos de manera muy similar y dejamos de canalizar mayores recursos a los delitos que más agravian a las víctimas y a la sociedad. Debe someterse a una evaluación objetiva las políticas criminales que ha impulsado el Estado en los últimos tres lustros; de lo contrario seguiremos enfrentando los altos costos del crimen, en tanto que nuestra economía y capital social se seguirán erosionando ante una espiral de violencia e impunidad.
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