Las disputas entre el Ejecutivo y el Congreso, por un lado, y el estancamiento de las reformas estructurales hacen que la economía mexicana se mueva en un entorno de debilidad, que los efectos de la recesión se a graven por las contradicciones del gobierno.
De diverso orden, pero de gran magnitud, son las reformas que requiere la economía mexicana, dice sin matices Luis Rubio. “Tenemos que resolver problemas esenciales de infraestructura, como es la generación eléctrica y la construcción de carreteras; en segundo lugar, tenemos que crear condiciones que hagan propicia la inversión en el país –como sería el fortalecimiento de los derechos de propiedad, una mayor flexibilidad en el ámbito laboral, la reforma fiscal, la introducción de mayor competencia en la economía; la reformulación de regulaciones para sectores clave para el desarrollo, como
las telecomunicaciones, y la solución de problemas medulares como el de la inseguridad pública – y, finalmente, tenemos que resolver problemas específicos
para el desarrollo, como son los relativos al uso y cobro del agua, la competencia en el gas, la aprobación de las leyes idóneas, como la relativa a garantías, para facilitar el otorgamiento de crédito”.
La agenda del país, en el rubro económico, es clara pero la nueva realidad política interna ha impedido que se desahogue, acepta este acucioso investigador de la economía y la política, colaborador habitual de Reforma y
autor de casi 40 libros sobre los dilemas de México. En las circunstancias actuales, insiste, “es importante hacer una revaluación de dónde estamos en la
economía. Las disputas más perniciosas son aquéllas que se refi eren al modelo económico mismo, pues llevan a suponer que hay que revisarlo todo, cuando
lo que importa es ir corrigiendo, agregando y avanzando en cosas relativamente pequeñas, aunque de una enorme importancia”.
Enfoque entrevistó a Rubio, doctor en ciencia política por la Brandeis University, a propósito de la presentación de su última obra Políticas económicas del México contemporáneo (Colección Biblioteca mexicana, FCE-CNCA,
2001), una compilación de textos escritos por una docena de especialistas.
En esas páginas –describe– se examinan las reformas económicas que se llevaron a cabo en los últimos cuatro lustros en nuestro país y se valoran sus logros, sus alcances y sus lineamientos, tanto en términos económicos
como políticos.
Así, entre lo hecho y los pendientes, transcurrió la
conversación.
–¿El gobierno está aplicando una correcta política económica?
– Ha habido buenos intentos por emprender reformas,
pero éstos se han dislocado en algún lugar del proceso, sea esto dentro del Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Mientras esto no cambie, la recuperación de la economía va a depender totalmente de lo que ocurra fuera de nuestras fronteras.
–Vivimos un entorno de recesión a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre…
–La recesión comenzó desde principios de 2001, no después del 11 de septiembre. En Estados Unidos se dio una tasa de crecimiento muy elevada en los primeros meses de este año, pero esencialmente porque las empresas estaban resarciendo inventarios. Aunque la economía mexicana experimentó una contracción en los primeros tres meses de este año, todo indica que ha habido una recuperación incipiente a partir de abril, gracias a la demanda que están generando las empresas norteamericanas a partir de su propio resurgimiento al inicio del año. Si se materializa la tasa de crecimiento de 1.8 por
ciento que ha pronosticado el gobierno, eso implicaría un crecimiento de 4 por ciento en la segunda mitad del año. Nuestro problema es que seguimos sin atraer inversión en cuantía suficiente para reiniciar el crecimiento. Esto es un reflejo, en parte, de la falta de crecimiento e inversión en Estados Unidos, pero también de la incertidumbre de invertir en México que produce la nueva realidad política interna.
¿Es el gasto social, no los impuestos, la herramienta adecuada para crear un entorno de igualdad de oportunidades para todos los mexicanos?
–En materia fiscal lo ideal es que los impuestos se cobren a una tasa similar para todos y que se utilice el gasto público para subsidiar a los sectores menos pudientes de la sociedad o para reducir la desigualdad o sus efectos. Un sistema fiscal como el que tenemos ahora produce miles de distorsiones y ofrece interminables oportunidades para la elusión o evasión de impuestos.
Sería mucho mejor que el gobierno tuviera una base fiscal sólida y que con ese dinero financiara programas de lucha contra la pobreza y de desarrollo de capacidades para, de esta manera, reducir la desigualdad.
–Usted ha planteado que el gobierno tiene que encabezar un
“movimiento ciudadano” en el que intercambie impuestos por
“ciudadanía real”…
–Lo que tenemos es un sistema político que crea derechohabientes, más que ciudadanos. Un derechohabiente es aquella persona que reclama derechos pero
rechaza cualquier sentido de obligación. La mayoría de los mexicanos nos hemos acostumbrado a exigir beneficios pero que le carguen el costo al vecino. Un sistema en el que se le niega al ciudadano acceso a la información, en el que el ciudadano es meramente un receptor de benefi cios, no conlleva al desarrollo de una sociedad democrática y sí puede, en cambio, producir riesgos enormes para la estabilidad. Es necesario que el mexicano se vea a sí mismo como un ciudadano que tiene tanto derechos como obligaciones. En el momento en que los ciudadanos empiecen a reconocer que no nada más tienen derechos sino también obligaciones, tendremos una relación más equilibrada. Las consecuencias de que no exista una verdadera ciudadanía son muy serias: la ley fi scal es un ejemplo perfecto. En vez de que la población diga: ‘reconozco que tengo que pagar impuestos para exigirle benefi cios al gobierno’, la gente lo único que quiere son los beneficios sin tener que pagar un solo centavo de impuestos. Ningún ciudadano negaría la obligación.
–¿Es factible que esto cambie?
–Quizá tengamos que empezar a ver estas cosas a la inversa: tendríamos que preguntarnos qué es lo que hace que la población no pueda prosperar. Es decir,
tendríamos que preguntarnos qué es lo que no funciona y qué es lo que habría que cambiar. Seguramente nos encontraríamos con que hay muchas estructuras e instituciones que impiden que el mexicano avance. El que se cambien todas esas estructuras e instituciones, no quiere decir que en 24 horas todo va a cambiar, pero ese cambio es indispensable para que la prosperidad sea posible.
–¿El gobierno tiene clara la necesidad de hacer cambios en esas instituciones que siguen rezagadas?
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