Una de las pocas cosas que se han ganado en las anteriores batallas legislativas sobre cuestiones hacendarias es que prácticamente ningún actor político niega, hoy en día, que la estructura fiscal mexicana requiere de una importante reestructuración. Desgraciadamente, fuera del reconocimiento del problema, no hay un consenso ni planteamientos concretos de hacia dónde dirigir el arreglo federal en el ámbito fiscal. La racionalidad política, que no la técnica, domina el debate y no hay mucha información o análisis que elabore un balance sobre los resultados en eficiencia de la estructura de gasto que la descentralización ha ido generando. Este trabajo pretende aportar algunos elementos sobre la no siempre bien atendida cuestión del gasto gubernamental.
Mientras el sistema político mexicano evolucionaba hacia formas más democráticas, el gasto público se fue descentralizando, en buena medida, como consecuencia misma del proceso de democratización. Hoy en día de cada peso recaudado por la federación, 63 centavos son gastados directamente por autoridades municipales o estatales. Sin embargo, la lógica política detrás de la descentralización ha evitado que analicen dos asuntos vitales para el eficiente funcionamiento de la estructura fiscal: la rendición de cuentas y la efectividad del gasto gubernamental.
En primer lugar, la descentralización del gasto público debería obedecer, primero, a criterios de racionalidad económica. No se trata sólo de descentralizar por descentralizar todo lo que sea posible, únicamente deben transferirse aquellos recursos cuya aplicación resulte más eficiente al ser operada por gobiernos estatales y municipales. Esto es, si no se pueden generar mayores externalidades positivas desde la federación, si administrativamente resulta más barato que determinados programas sean administrados por los estados o municipios, si no existen economías de escala o de alcance en la administración federal de ciertos fondos, la descentralización tiene razón de ser.
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