Por: Jorge Ramírez y Cecilia Román (@CeciliaRomanQ)
Es 1ro de junio del año 2017. Donald J. Trump está por cumplir su primer semestre como Presidente de Estados Unidos de América y ha comenzado la implementación de su reforma migratoria. Lo primero que hay que decir es que la situación es confusa. Las promesas del candidato Trump fueron ambiguas y desordenadas, y la iniciativa que presentó frente al Congreso siguió la misma línea. Durante los últimos años, los expertos en términos de economía y finanzas públicas advirtieron que la mano de obra inmigrante no solamente abarataba los costos de las empresas de EUA, sino que era indispensable para el funcionamiento de la economía; de la misma manera, señalaron el alto costo que implicaría repatriar a millones de personas[1]. Sin embargo, el proyecto migratorio de Donald J. Trump fue aprobado –en buena medida porque la mayoría de los legisladores electos basaron sus triunfos en un discurso que, como el de Trump, presentó elementos de odio y temor hacia la inmigración– y a partir de hoy sus principales componentes comienzan a hacerse realidad.
El proyecto migratorio aprobado es el mismo que Trump presentó cuando era candidato a la presidencia, con lo cual prometía “Regresar la grandeza a EUA”. Vale la pena recordarlo, ahora que la propuesta de campaña se ha convertido en ley. Con esta nueva legislación, los mexicanos que deseen viajar a EUA tendrán que pagar tarifas mayores por los documentos migratorios, y no podrán acceder a visas J-1 para intercambios educativos o culturales. Por otro lado, los mexicanos que radican en EUA ya no podrán acceder a una Green card ya que se detiene indefinidamente la emisión de estos permisos, y comenzará la deportación masiva de personas indocumentadas hacia nuestro país. Además, el gobierno estadounidense ya ha confirmado la creación del mecanismo legal que, desde esta fecha, le permite confiscar las remesas que los migrantes mexicanos mandan a sus familias en nuestro territorio, ello hasta que el gobierno mexicano aporte recursos para construcción del muro fronterizo.
El presidente Enrique Peña, en su último año de gestión y a pocos días de las elecciones presidenciales para definir a su sucesor, señala que este “volátil contexto internacional” no afectará la economía mexicana. Por otro lado, la cancillería y el embajador de México en EUA han enfatizado su interés por continuar la relación de cooperación e intercambio comercial con nuestro socio más importante. Sin embargo, entre la población crece la incertidumbre sobre el impacto que estas medidas pueden tener, y que pueda empezar a sentirse en los próximos días.
En cuanto a la economía mexicana, el efecto no será menor, ya que impedir el envío de remesas entre EUA y México tendría un costo de 23 mil 647 millones de dólares al año para las familias mexicanas[2]. Un agravante importante de esta situación es que el impacto será mayor en las familias de menor ingreso, quienes tienden a ser los receptores de estos recursos. Para dimensionar lo que significa este monto, esto equivale a 1.4 veces el gasto en educación pública en México, o 3.5 veces el gasto gubernamental en desarrollo social. Hasta ahora ninguno de los punteros en la contienda presidencial ha sido claro sobre su plan para atender ese boquete en la economía nacional.
Irónicamente, al cortar el flujo migratorio en EUA, México se vuelve la mejor opción para los inmigrantes de Centroamérica. ¿Cómo vamos a adecuar nuestra política migratoria para atender la situación de cientos de miles de migrantes centroamericanos que ya no puedan cruzar hacia nuestro vecino del norte, y opten entonces por quedarse dentro de nuestro territorio?
Sin duda, la situación es difícil, y el reto para quien asuma la presidencia el próximo primero de diciembre es mayúsculo. Sin embargo, no puede decirse que fue una sorpresa, la política de migración fue claramente advertida por el entonces aspirante a la candidatura republicana. Cierto, en ese momento parecía un absurdo irrealizable, que poco a poco se convirtió en una argumentación peligrosa y hasta ofensiva, pero que pocas veces fue abordada con seriedad desde la perspectiva del Estado mexicano.
Más allá de que el escenario aquí descrito se haga realidad o no cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir presidente, depender de factores fuera del alcance de nuestro país es una estrategia riesgosa. La migración es sólo un síntoma de un problema de fondo: México es un país con bajo crecimiento económico, incertidumbre y falta de oportunidades. Durante décadas, la economía mexicana no ha sido capaz de aprovechar el potencial de su fuerza laboral, enviando una parte importante de ella a EUA, y confiando en la migración y en las remesas como una “válvula de escape” para la pobreza, sin tomar en cuenta su posible fecha de caducidad.
*Jorge Ramírez es investigador de CIDAC y Cecilia Román es especialista en comunicación de@CIDAC.
[1] En 2010, un reporte del Centro para el Progreso de Norteamerica, calculó en $23,480.00 dólares el costo de deportación por persona, incluyendo: aprehensión, detención, proceso legal y transporte.
[2]Todos los datos se refieren al año 2014,
[3] De acuerdo con estimados del Pew Research Center en 2012.
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