Luis Rubio (@lrubiof) / Reforma
A la memoria de Manuel Olimon SJ
La tentación a seguir los pasos colombianos en la pacificación de su país es inmensa. Si bien aquella todavía no concluye -ni goza de apoyo generalizado-, la experiencia colombiana es ejemplar por su profundidad y solidez de concepción y proceso, pero también porque procuró no sólo resolver una vieja disputa con la fuente de violencia más añeja del continente, sino incorporar a los violentos en la normalidad cotidiana. Imagino que ésta es la fuente que inspiró al nuevo equipo gobernante para proceder con un proceso de negociación, pacificación y justicia transicional, términos todos que, como ilustra el extraordinario texto del negociador colombiano Sergio Jaramillo*, provienen de allá. El problema es que las circunstancias colombianas nada tienen de similar a las nuestras.
En Colombia hay dos factores esenciales que hicieron posible el proceso de paz que se siguió: primero, a lo largo de tres décadas, un gobierno tras otro en aquella nación fue construyendo capacidad institucional, lo que no sólo fortaleció al gobierno mismo, sino que le confirió solidez para actuar. Primero construyeron policías profesionales y un poder judicial independiente como medios no sólo para poder negociar, sino sobre todo para lidiar con las consecuencias posteriores al propio proceso de negociación. La negociación que llevó a cabo el gobierno del presidente Santos no hubiera sido posible, ni concebible, sin la existencia de un verdadero Estado.
En segundo lugar, en Colombia la fuente de violencia no era meramente el narcotráfico, aunque éste era un componente central, sino la guerrilla que por medio siglo se había asentado en una enorme porción de su país, al cual controlaba y desde el cual operaba, secuestraba y mataba de manera sistemática. Una guerrilla no es lo mismo que una organización criminal, aunque ambos hayan colaborado en el tiempo: lo central de la negociación colombiana fue el hecho de que existía un proyecto político alternativo que era financiado por el narco. La negociación no era con criminales sino con una entidad política.
En contraste, en México nuestras instituciones son por demás débiles, no existen policías profesionales que garanticen la seguridad ni serían capaces de administrar un proceso de paz como el que se ha avanzado en Colombia o que pomposamente se propone para México. Tampoco existen instituciones judiciales –ya sea del lado de la fiscalía o del poder judicial- para poder hablar de justicia en cualquiera de sus acepciones. No menos importante es el hecho que la iniciativa del gobierno colombiano era sumamente ambiciosa, centrándose en la ciudadanía, especialmente en las víctimas, para construir un proyecto político democrático con derechos civiles fuertemente anclados, que a su vez protegieran al proyecto de paz en el largo plazo y eliminaran los resentimientos y odios que décadas de conflicto armado habían generado. En México el verdadero reto es más básico: construir las instituciones con que Colombia ya contaba, así como un proyecto político de institucionalización democrática.
De igual importancia es el hecho que en México los potenciales interlocutores no son políticos que buscan avanzar un proyecto alternativo de nación (paradoja con el gobierno en ciernes) sino que se trata de crimen organizado puro y duro: no son guerrillas y su proyecto no es político. Quizá haya algo de esto en la sierra de Guerrero o entre los zapatistas en Chiapas, pero ciertamente no es eso lo que extorsiona a los comerciantes de Guanajuato, cobra derecho de piso en la Merced o asesina a las mujeres en Ciudad Juárez. Hay mucho que aprender del proceso colombiano, pero ese aprendizaje claramente no está presente entre quienes promueven un proceso de pacificación o de justicia transicional.
La pacificación es un objetivo loable y necesario pero no es substituto de la capacidad gubernamental para cumplir con su objetivo nodal que es el de, pues, gobernar, así como conferirle certidumbre y confianza a la ciudadanía. Luego de dos sexenios de seguir una estrategia que no ha logrado su cometido, es no sólo válido sino necesario cambiar el enfoque, pero éste debe partir de un diagnóstico acertado sobre la naturaleza del problema. Sólo a partir de una definición de las causas de la inseguridad en el país se podrá construir una salida; ésta puede incluir negociaciones y amnistía, pero su esencia no radica en ese otro lado, el de las organizaciones criminales, sino en el del propio gobierno. A final de cuentas, es su debilidad la que ha hecho posible que crezca y se multiplique el crimen organizado.
Hay muchos modelos de construcción de la seguridad pública que son posibles, unos que parten del municipio y otros que, reconociendo su debilidad, contemplan a los gobiernos estatales como el corazón de una nación segura. Sea cual fuera el idóneo, lo crucial es contar con un diagnóstico correcto para de ahí concentrar fuerzas y recursos en la creación de un sistema de seguridad efectivo y del cual rindan cuentas los gobernadores.
El proyecto que se observa en los foros de discusión ilustra el espíritu más arraigado de nuestra naturaleza política; primero rompemos los huevos y después nos ponemos a buscar donde andará el sartén. Hay mejores formas.
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