Estados Unidos y México comparten una frontera extensa y compleja. Pese a que cada nación tiene sus propias prioridades para la agenda bilateral, así como su propia visión sobre cómo debe evolucionar la relación en su conjunto, y la frontera en particular, ambas han demostrado ser capaces de cooperar en temas complicados, y a menudo controvertidos, que constituyen la realidad cotidiana de una proximidad tan diversa y dispar. Probablemente no resulte sorprendente que estas dos naciones hayan resultado menos competentes a la hora de abordar los temas estratégicos y más contenciosos que cada cual ve como fundamentales para un entendimiento mutuo más profundo: migración y seguridad. Se trata de temas cruciales, capaces de definir la viabilidad misma de la integración económica, así como la posibilidad de que ésta proceda a un ritmo acelerado, a la vez que se intensifica la cooperación en aras de lograr éxito en un frente clave, el de la seguridad. A final de cuentas, y en una de las grandes paradojas y peculiaridades de la relación bilateral, aunque Estados Unidos es la nación más poderosa, suele ser México el país que define tanto el rumbo como el ritmo de la interacción. En este momento, los mexicanos parecen no tener la capacidad de asumir un compromiso bilateral más profundo, debido en gran medida a que los políticos mexicanos aspiran a lograr beneficios estilo europeo de la relación con Estados Unidos pero sin una integración económica.
La migración se ha convertido en la prioridad número uno de la política exterior de México. En un país en el que difícilmente se alcanza consenso en tema alguno, la legalización de los mexicanos radicados en Estados Unidos y la liberalización del movimiento (legal) de mexicanos hacia Estados Unidos se han convertido en principios indiscutibles, definitorios de su condición de nación. El argumento analítico a favor de la liberalización de los flujos migratorios descansa en la compatibilidad natural en las estructuras demográficas de ambas naciones. El argumento político y moral se deriva del abuso al que en ocasiones se enfrentan mexicanos ilegales, o indocumentados, al ingresar a Estados Unidos o en su territorio una vez que han cruzado la frontera. Los mexicanos consideran la migración hacia Estados Unidos como un derecho fundamental (o, al menos, como una “necesidad ineludible” por razones de estabilidad económica y política) y, por ende, esperan que el gobierno estadounidense acepte el tema migratorio como la primera prioridad de la relación bilateral y emprenda acciones inmediatas al respecto. En los últimos años, las autoridades mexicanas han adoptado la postura de que el tema migratorio es “todo o nada” (la “enchilada completa”). Sin embargo, la realidad apunta a que existen muchas maneras de dividir el tema en unidades manejables, de una forma que resulte aceptable a ambas partes, si bien ninguna de las dos ha demostrado la voluntad de orientar sus esfuerzos en tal sentido.
La seguridad es otro tema de interés y ambos países coinciden, al menos a nivel conceptual, en lo que ello entraña. El gobierno de México desea proteger las fronteras del país a fin de garantizarse propia seguridad, así como la de los estadounidenses residentes en México y para asegurar que no ingresen terroristas a Estados Unidos por vía de México. Además, existe un amplio acuerdo en cuanto a los medios necesarios para la consecución de tan amplio objetivo, y el gobierno mexicano ha dado pasos muy significativos en este sentido, en especial con respecto a los controles migratorios. Una tema central para el futuro que ha quedado pendiente es si México, como ya lo está haciendo Canadá, se incorporaría al propuesto “perímetro de seguridad norteamericano”, o si quedaría excluido. Muchos mexicanos ponen en duda la necesidad, o incluso los posibles beneficios, de estrechar los lazos en materia de seguridad y podrían convertirse en una fuente importante de oposición interna a la cooperación futura en estos temas.
En su esencia, la relación bilateral es singularmente compleja por dos motivos: por un lado, por el gran número de temas y problemas que existen y la diversidad de los mismos; y, por el otro, por el contraste tan evidente en los niveles de desarrollo y riqueza entre ambas naciones. Aunque los dos gobiernos han demostrado una considerable destreza al abordar los temas cotidianos, en ocasiones tan complejos, los grandes asuntos subyacentes no disminuirán en complejidad ni en dificultad hasta tanto México no se transforme y logre aumentar los niveles de ingreso de su población. Por razones obvias, la migración y la seguridad serán sin duda los asuntos centrales de la interacción bilateral. Sin embargo, el tema que es verdaderamente trascendente es el del desarrollo de largo plazo de México, ya que de ello depende la posibilidad de transformar la vecindad y convertirla en una relación más normal y simétrica, caracterizada por una confianza mutua. Por ende, lo que necesita la relación bilateral es un gobierno estadounidense dispuesto a pensar de maneras innovadoras sobre cómo ayudar a que México se transforme internamente para lograr su desarrollo, así como un gobierno mexicano, en conjunción con el sistema político de manera integral, con la disposición y capacidad de pensar más allá del determinismo histórico y, especialmente, de meras ventajas tácticas de corto plazo.
Tanto los temas urgentes e inmediatos como los de largo plazo tienen que ser abordados. Pero es improbable que se logre un éxito en el plazo inmediato a menos que el desafío de más largo plazo, el del desarrollo, se coloque como el punto central de la agenda.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org
