Dentro de la discusión en torno de las negociaciones comerciales que actualmente México lleva con Brasil, Colombia y Perú, existen escasos datos sobre las ganancias potenciales y demasiadas especulaciones sobre las pérdidas.
Cualquier acuerdo comercial implica ganadores y perdedores. Los gobiernos pueden entender este balance e implementar acciones que busquen corregir las pérdidas antes y después de que entre en vigor el tratado comercial. Solamente hace falta que la sociedad entienda el beneficio general del intercambio. Por ejemplo, el TLCAN permitió al gobierno mexicano implementar reformas internas que, sin la presión externa, probablemente no hubieran transitado.
¿Vale la pena apostar a una mayor diversificación del intercambio comercial de México con el mundo? La respuesta parece ser un contundente: “sí”. De ahí los 11 acuerdos que dan a México acceso a 43 países y la actual negociación con los tres países sudamericanos.
Sectores industriales como el automotriz y de autopartes, el químico y el electrónico, ven gran potencial para sus productos en el mercado sudamericano. Particularmente el sector servicios, las empresas de telecomunicaciones, hotelería, construcción, entretenimiento, banca y tiendas departamentales ya se han visto favorecidas con acuerdos más sólidos que protejan sus inversiones.
La oposición proviene en su mayoría del sector agroalimentario. Argumentan que cualquier nuevo acuerdo traería beneficios mínimos para sus sectores y, por lo tanto, no valen la pena. Se ha vuelto común escuchar declaraciones de los representantes del sector acerca del “peligro” de la fiebre aftosa proveniente de Colombia y Perú, de las barreras no arancelarias de Brasil, e inclusive amenazas de que la producción mexicana desaparecería por completo si se firman más acuerdos comerciales.
Sin justificar la existencia de acciones para atrasar la firma de acuerdos importantes, las demandas del sector agroalimentario se sustentan en la casi completa falta de atención que los gobiernos mexicanos han prestado al campo. Se puede argumentar que la falta de competitividad, aunada al peso de organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario crea un caldo de cultivo perfecto para frenar cualquier intento de avanzar hacia esquemas de mayor competencia con el resto del mundo. Sin embargo, vale la pena resaltar que los problemas del campo mexicano existen desde antes de firmar cualquier acuerdo comercial.
El que existan problemas no resueltos en el campo mexicano, no implica que un TLC acabaría por destruirlo todo.
Se trata de dos temas que se tienen que tratar por separado. Al culpar a un acuerdo comercial de los problemas del sector agroalimentario, se está buscando una salida fácil y no una que implique modernizar la producción. Si existen preocupaciones reales, éstas pueden resolverse en las cláusulas del tratado correspondiente, con las precauciones y remedios pertinentes. Inclusive, algunos sectores agrícolas se pueden ver beneficiados de un mayor intercambio comercial con países sudamericanos.
El argumento de la diversificación de acceso a mercados para los productos mexicanos tiene mucho sentido, pero debe ganarse el apoyo de la sociedad y acompañar la agenda comercial con una serie de políticas públicas que promuevan el crecimiento en todos los sectores y ofrezcan alternativas a los afectados.
Sin esto, la oposición de las organizaciones campesinas se vuelve muy convincente y, contrario al beneficio general, se merma la percepción de que existen beneficios incalculables con una mayor apertura comercial.
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