El homicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa en un departamento en la colonia Narvarte en la Ciudad de México ha puesto –de nueva cuenta- a las instituciones de procuración de justicia bajo la lupa pública. Este lamentable multihomicidio en la Narvarte ha derivado en un aluvión de opiniones y especulaciones respecto a las causas y los autores del mismo. La opinión pública ha señalado como responsable al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dado el perfil de dos de las víctimas y el hecho de que ambas habían señalado públicamente amenazas en su contra. En este sentido, es importante resaltar que de acuerdo al informe estadístico de la Fiscalía para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, Veracruz es una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo y desde el año 2000 se han registrado 18 asesinatos de periodistas en el estado. El interés y las especulaciones de la ciudadanía en un caso de esta relevancia son inevitables, por ello la responsabilidad de las autoridades es cumplir efectivamente con sus tareas de procuración de justicia para construir una opinión pública favorable a las instituciones.
En este contexto se debe destacar la importancia de la comunicación oficial de las instituciones del sistema de justicia y, en particular, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La comunicación institucional en este tipo de casos se vuelve un asunto estratégico debido a la atención mediática. En este sentido, la Procuraduría capitalina ha declarado con ligereza ante medios de comunicación, desde ventilar líneas de investigación hasta señalar móviles –como el del “feminicidio”- sin que se confirmen antes dichas hipótesis, lo cual ha abonado a incrementar la desconfianza existente. Además, lo anterior sólo contribuirá a aumentar la incredulidad respecto de los posibles resultados de la investigación. La circulación de información oficial contradictoria sobre los hechos ha sido criticada por una serie de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Artículo 19, entre otras.
Lo más preocupante es la filtración de la declaración del único detenido contenida en la Averiguación Previa. Este tipo de filtración de información no sólo compromete el resultado de una investigación, porque los responsables del caso continúan prófugos, evidencia además la falta de controles al interior de la propia institución. Preocupa que cuando no actúan de forma opaca, respecto a datos que debieran ser públicos, las instituciones del sistema de justicia comunican datos sensibles que pueden llegar a entorpecer la investigación y confundir al público. Es decir, sistemáticamente son opacos cuando debieran ser transparentes a la vez que son irresponsables cuando debieran ser cautelosos.
Por si no fuera suficiente, el tratamiento que este multihomicidio ha recibido por parte de las instituciones de procuración de justicia no es excepcional. Dadas las deficiencias estructurales de las instituciones de procuración de justicia sería ingenuo pensar que las otras 164 mil muertes dolosas reportadas entre 2007 y 2014 por el INEGI han recibido un trato distinto. Las comunicaciones confusas, opacidad, contradicciones y re-victimización son elementos cotidianos de las instituciones del sistema de justicia en México.
En última instancia el receptáculo de las equivocaciones institucionales –tanto en el ámbito de la comunicación como en el desempeño de las funciones sustantivas- es la opinión pública. No sorprende que la cifra negra en el país (porcentaje de delitos que no se denuncian) se ubique en un 93.8% y en ninguna entidad del país sea menor al 83.6%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2014 (ENVIPE 2014), el 18.5% de los ciudadanos no tiene nada de confianza en las Procuradurías de Justicia Estatales y el 38.1% tiene poca confianza, por lo tanto 1 de cada 2 ciudadanos no confía en las procuradurías locales. La dinámica de la opinión pública ante fenómenos sociales como el crimen es de suma importancia, pues determina comportamientos ante las instituciones públicas. Por ejemplo, los motivos detrás de la cifra negra son las expectativas de las personas hacia las instituciones y, en concreto, la reticencia a denunciar por considerarlo inútil y/o por miedo a represalias.
Fuente: ENVIPE 2014
En la peor de las circunstancias la desconfianza en las instituciones del gobierno puede derivar en escenarios anárquicos. En específico, en la posibilidad de que las personas dejen de considerar la vía institucional como un mecanismo viable para la solución de conflictos y, por ende, intenten procurarse “justicia” de forma autónoma. Una imagen institucional lastimada acompañada de resultados deficientes es el pretexto perfecto para que fenómenos como las autodefensas o los linchamientos públicos se multipliquen o, en su caso, los reclamos por la implementación de “mano dura” que vulnera de manera directa el respeto a los derechos humanos se fortalezcan.
En este escenario es grave que la respuesta institucional opte por una sobre regulación –que probablemente resultará inútil- como con la reciente publicación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Esto último debido a que ya existe una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada en 2012, y que obliga tanto a la Federación como a las entidades. En el marco de esta Ley General, las entidades federativas han celebrado convenios de colaboración para hacer efectivo el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas –el Gobierno de Veracruz firmó el suyo en septiembre de 2013- pero estas acciones “formales” no garantizan un libre ejercicio de la profesión periodística. Es necesario que quede claro que la incidencia delictiva en México no es causada por la falta de leyes sino por la ausencia de aplicación de las ya existentes.
De acuerdo con la ENVIPE 2014 un 29.3% de los mexicanos considera que la tendencia de seguridad publica en México seguirá igual de mal y 35.9% opina que esta situación empeorará; en el caso del Distrito Federal 44.2% considera que la seguridad pública empeorará. Este pronóstico negativo claramente representa un voto de desconfianza hacia las instituciones y su capacidad para revertir la situación actual. En vista de las repercusiones que la opinión pública tiene en la conducta ciudadana, queda claro que la percepción que los ciudadanos tengan de sus instituciones no sólo importa en términos de “popularidad” sino, principalmente, porque tiene una incidencia directa en la posibilidad de hacer viable un auténtico Estado de Derecho en el cual todas las personas se sientan consideradas y obligadas por las mismas instituciones.
El escenario de desconfianza actual no da indicios de cambiar a futuro. No mientras las autoridades no privilegien la legalidad en su actuar e, incluso, reviertan la percepción de que su objetivo es esquivarla. El riesgo de continuar en este camino, de falta de aplicación de la ley y de disminución de credibilidad y confianza institucional, es que puede conducir a una situación de completa ausencia del Estado de Derecho que se vuelva difícil de revertir y propicie climas de inseguridad, violencia e impunidad. Situación que no parece utópica al observar el acontecer criminal en más de una entidad del país.
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Semana Política es elaborada por: Ximena López, Mariana Meza, Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Edición: Eduardo Reyes.
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