Nuestro país aún está lejos de alcanzar un auténtico Estado de derecho. En todos los eslabones del sistema de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos. La seguridad pública, la procuración de justicia, el desempeño de los tribunales y el sistema penitenciario quedan rezagados ante la escalada de la delincuencia. Esta percepción de desconfianza e ineficencia en las instituciones de justicia y en los organismos de seguridad pública no es reciente. Ya hace más de cuatro décadas, Alfonso Teja Zabre diagnosticó que nuestro país padecía de “corrupción social, impotencia policiaca y putrefacción penitenciaria”. Pero, en la actualidad, los altos índices de criminalidad, la creciente impunidad, los evidentes rezagos e ineficiencias de nuestras instituciones y, en ocasiones, los casos de contubernio entre agentes de la ley y criminales han hecho que la seguridad pública sea la demanda más enérgica de la ciudadanía y la prioridad en la agenda gubernamental.
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