Desde que se aprobó la reforma constitucional, el Congreso de la Unión ha asignado un total de $2, 268, 852, 538.00 para apoyar a las entidades federativas en la implementación de la reforma penal, con miras a que el nuevo sistema de justicia esté totalmente vigente dentro del plazo perentorio de ocho años. Cinco años después, ni siquiera hay consenso para cuantificar los avances y resultados de la implementación.
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