La discusión, las modificaciones y la aprobación del paquete de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Congreso de la Unión, demostraron-una vez más- que el combate a la corrupción dista de ser una prioridad del gobierno y de los partidos políticos. El desenlace legislativo de la Ley 3de3 fue una muestra más de cómo la clase política parece más interesada en conservar sus esferas de poder e intereses intactos, que tomar en cuenta los crecientes niveles de hartazgo entre la ciudadanía en torno al tema de corrupción.
Gráfica 1.
Fuente: Encuestas del periódico Reforma
La corrupción se ha convertido en una de las principales fuentes del descontento de la ciudadanía hacia las distintas instituciones del Estado y del sistema político en nuestro país, superando incluso los rubros de seguridad, educación y economía (ver Gráfica 1). Los escándalos de corrupción que permean a prácticamente todas las esferas y niveles de gobierno – desde la Casa Blanca, OHL, y el caso Oceanografía, hasta las de nivel local, como el Banco de César Duarte en Chihuahua, los terrenos de Padrés en Coahuila, o el desvío de recursos de Javier Duarte en Veracruz – han provocado que la demanda de atender y sancionar delitos de ésta índole sea cada vez mayor. Sin embargo, el gobierno y sus distintas instituciones han sido incapaces de ofrecer una respuesta que satisfaga a la ciudadanía.
La limitada vía electoral
Los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio en las 12 contiendas a gobernador demostraron que la ciudadanía está dispuesta a utilizar su voto como señal de desaprobación y castigo en contra de los gobiernos locales. El que en 8 de los 12 estados se haya dado la alternancia del partido en el poder demuestra el descontento con los gobiernos salientes. Esto se acentúa si consideramos el papel que jugaron los escándalos de corrupción que permearon a estos gobiernos y la incapacidad que mostraron para atenderlos en la definición de los resultados electorales. El desempeño de los gobernadores de Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas registraba evaluaciones desfavorables y fueron uno de los factores detrás de la derrota de sus partidos en los comicios.[1]
Si bien las elecciones logran comunicar las preferencias y voluntades de la ciudadanía por medio del apoyo o rechazo hacia un candidato o partido, su capacidad de garantizar una rendición de cuentas por parte de la élite política es limitada. El hecho de que las elecciones sucedan una vez cada tres o seis años reduce su capacidad de responder a las coyunturas con suficiente rapidez. Por otro lado, el diseño del sistema electoral mexicano en el que las lealtades de los políticos atienden más a los líderes partidistas que a los votantes, blinda a los gobernantes de los costos del voto de castigo de la ciudadanía. En este sentido, el hecho de que un gobernador o un candidato pierdan una elección debido a los escándalos o acusaciones de corrupción en su contra, en realidad, representa un costo para el partido pero no para el individuo. Estos incentivos son insuficientes para hacer de la vía electoral una garantía de sanción a las acusaciones de corrupción.
Por otro lado, las candidaturas independientes que se plantearon como una opción para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en contra de la corrupción, no han arrojado los resultados prometidos. Jaime Rodríguez “El Bronco”, el primer candidato independiente en ser gobernador, construyó su campaña en torno al rechazo de los excesos del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Además, prometió investigar y sancionar los presuntos actos de corrupción una vez que llegara al poder. A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León iniciaron una investigación en contra del exgobernador Medina por los presuntos delitos de peculado y abuso de funciones, es pertinente esperar al desenlace de estos procedimientos para evaluar si las promesas de “El Bronco” eran creíbles o no. El riesgo de que la investigación sea incapaz de sancionar los abusos cometidos durante el gobierno anterior, es que debilitará no solo la figura del gobernador de Nuevo León, sino que reducirá la legitimidad y viabilidad de las candidaturas independientes a nivel nacional. Esto contribuiría a un mayor desencanto con las distintas alternativas para los electores y mayor desconfianza con el de por si devaluado sistema electoral mexicano.
El simulacro legislativo
El desenlace de la discusión de las leyes en materia de anticorrupción en las Cámaras de Senadores y Diputados resultó en la dilución de la Ley 3de3 y se quedó lejos de garantizar un esquema de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos. Las modificaciones de último momento a los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas -conocida como Ley 3de3- transformaron la esencia de la iniciativa ciudadana y dieron lugar a un sistema prácticamente inoperante. En primer lugar, la modificación del artículo 29 de la ley que desechó los formatos que se habían planteado para hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses e introdujo el concepto de “afectación a la vida privada” como resquicio para que los funcionarios logren evitar publicar sus declaraciones, terminó por quitar los dientes a la iniciativa. En segundo lugar, la inclusión del artículo 32 que obliga a todas aquellas personas físicas y morales que presten sus servicios, ejerzan o reciban recursos públicos, o contraten con entes públicos a publicar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, dio como resultado una ley inoperante. En particular si se considera que de acuerdo a la letra del artículo 32, prácticamente todos los ciudadanos, desde los grandes empresarios, hasta los miembros de programas sociales como Prospera, los becarios del CONACYT, los receptores de subsidios al campo, entre muchos otros, estarían obligados a presentar sus declaraciones.
Cabe notar que las leyes aún esperan la promulgación del Presidente e inclusive ciertos sectores políticos y sociales esperan que Peña Nieto ejerza su derecho a observar la Ley de Responsabilidades Administrativas para impedir que entre en vigor. Sin embargo, es relevante resaltar cómo la vía legislativa resultó incapaz de llevar a puerto las demandas ciudadanas detrás de las más de 600 mil firmas que respaldaban la Ley 3de3 y prefirió mantener la opacidad del statu quo.
Los pendientes del sistema de procuración de justicia
La construcción de un andamiaje normativo e institucional para perseguir la corrupción no necesariamente implica un combate eficaz contra esta práctica. Más allá de sistemas nacionales y comisiones especializadas, las herramientas fundamentales para la persecución de la corrupción ya existen. Basta con revisar los códigos penales para encontrar delitos como el peculado, el lavado de dinero, la asociación delictuosa y la extorsión, entre muchas otras conductas que debieran ser investigadas y sancionadas por las instituciones –ya existentes- del sistema de justicia penal.
El verdadero problema es que carecemos de instituciones de procuración de justicia capaces de garantizar la imposición de sanciones de carácter administrativo y/o penal en los casos en los que las autoridades hayan incurrido en la comisión de un delito. Las evidencias proporcionadas por las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los medios de comunicación o las organizaciones de la sociedad civil han resultado incapaces de activar los mecanismos necesarios en las Procuradurías o Fiscalías, tanto a nivel estatal como federal. Lo anterior ha resultado en una impunidad generalizada en donde los actos de corrupción han tenido algún tipo de sanción en muy pocas ocasiones. La ausencia de instituciones fuertes e independientes que garantice un sistema de pesos y contra pesos y así representen una verdadera figura de fiscalización ante actos de corrupción es uno de los puntos más débiles de nuestro Estado de Derecho. La respuesta obvia parece llevar hacia la autonomía de las instituciones fiscalizadoras, pero en un contexto como el mexicano esta característica no parece ser suficiente si los diseños institucionales no garantizan una verdadera independencia que posibilite ir en contra de los intereses oficiales.
Conclusión
El análisis de estos tres canales demuestra la distancia entre la ciudadanía y sus instituciones y la falta de voluntad por parte de la élite política por hacer frente a la principal demanda de la sociedad.El problema radica en que, por un lado, las demandas ciudadanas por investigar y castigar la corrupción y crear instituciones más cercanas a la sociedad se ha vuelto cada vez más fuerte pero, por el otro, las vías institucionales democráticas no han sido capaces de escuchar y atenderlas. De continuar por este camino, la posibilidad de que respuestas antisistémicas cobren fuerza es mayor poniendo en entredicho la viabilidad institucional y de gobierno del país.
[1] http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?paged=2
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Autores: Alejandro Rosario, Carlos De la Rosa, Ximena López, Mireya Moreno y Rafael Vega
Coordinadora: Mariana Meza
Editora: Lorena Becerra
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