El problema de las propuestas de reforma político-electoral que, a partir de la de 1977, pululan el ambiente después de cada elección es que su motivación no es constructiva sino que surge de un ánimo de venganza e impotencia. Venganza por no haber ganado, impotencia por no poder ganar. De ahí que el contenido de las iniciativas que ahora se discuten tenga poco que ver con los problemas que enfrenta el país, los que requieren solución para poder avanzar tanto en la política como en la economía: responden exclusivamente a las posiciones relativas de los actores en este momento específico. No es casualidad que cada reforma que ha habido en estas décadas haya acabado complicando la gobernabilidad del país en lugar de facilitarla.
La reforma de 1977 se proponía ampliar el espacio legal y legítimo de la contienda (o, al menos, de la representación) política. De ahí en adelante, las reformas, todas, han estado orientadas a sesgar los resultados, debilitar a la presidencia o hacer más complejo el proceso electoral y legislativo, respectivamente. Ninguna se aboca a lo único que es importante: construir un sistema político funcional que le rinda cuentas al ciudadano y propicie la prosperidad. Así de simple.
El problema de México es de esencia: cómo se va a gobernar. Ese es el tema que tiene que ser atendido, independientemente de las recetas que flotan en el ambiente. En su más mínima expresión, las acciones necesarias tendrían que versar sobre la forma de la presidencia y sus instrumentos, la construcción de mayorías legislativas y el equilibrio entre los dos poderes. Sin embargo, las propuestas de reforma en la palestra se abocan a la coyuntura inmediata: cómo debilitar al contrario y fortalecerse a uno mismo. Cuando el PAN estaba en la presidencia, el PRI proponía fortalecer al legislativo; hoy es el PAN quien avanza esa misma propuesta. Todo es coyuntura. No hay visión.
Implícitamente, todos los partidos reconocen que el problema esencial es de gobernabilidad. Si no fuera así, ninguno habría suscrito el Pacto por México. El Pacto es un artificio que responde a la inexistencia de mecanismos que faciliten la construcción de mayorías legislativas, condición necesaria para la aprobación de reformas relevantes, así como para darle estabilidad al gobierno en turno. Hay sociedades que, desde su cultura e historia, facilitan esa vereda, pero la nuestra no sólo la rechaza, sino que la estigmatiza: así es como surgió el neologismo “concertacesionar”. Negociar, pactar y acordar no es algo muy mexicano: cualquier acuerdo es visto como una capitulación y, por lo tanto, inaceptable. Por eso, paradójicamente, en lugar de llevar a cabo reformas susceptibles de mejorar la realidad, todos prefieren un absurdo consenso que permite que los costos se compartan. Pero también ahí hay una lección: a falta de una estructura institucional funcional, el consenso es una forma de reconocer que lo existente es inadecuado, que se requieren otros mecanismos para gobernar de manera efectiva.
En este contexto, el Pacto es una nueva suerte de consenso: si bien no es perfecto ni resuelve los conflictos internos de los partidos, permite una funcionalidad parcial. No es sorprendente que los asuntos espinosos, como el energético, se hayan decidido procesar fuera del Pacto, otra indicación de que el problema es de gobernabilidad y de ausencia de instituciones para lograrla.
La política mexicana enfrenta dos desafíos: la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Ninguno se resuelve con segunda vuelta ni, por sí mismo, con reelección. La gobernabilidad requiere tanto un gobierno fuerte como un gobierno acotado y, por tanto, la reforma tiene que responder a ese imperativo o acabará, como tantas otras, “tropicalizada”, descremada y consensada al punto de no afectar a ningún interés creado ni tener más efecto en la realidad que el de enaltecer la vanidad de sus proponentes (pero, eso sí, complicar la vida política todavía más). La alternativa es que la reforma, una verdadera reforma, provenga del poder que todos los demás quieren debilitar, es decir, desde la presidencia.
En el corazón del problema de gobernabilidad yace el sistema de gobierno que fue construido para una era que en nada se asemeja a la actual. Al fin de la Revolución, Calles estructuró un sistema que concentró el poder en una persona que, en el contexto de una población relativamente pequeña, muy controlada y aislada del resto del mundo, permitió algunas décadas de paz y prosperidad. Hoy, la mexicana es una sociedad diversa, dispersa, muy grande y totalmente integrada a los circuitos comerciales, tecnológicos, productivos y criminales del mundo: desde el modesto indígena chiapaneco que vive en Chicago hasta el proveedor queretano de partes para el auto más moderno que está por salir de una línea de ensamble en Yokohama e incluyendo al comerciante que vive asediado por la extorsión en Torreón. El país requiere un sistema de gobierno apropiado para nuevas realidades, distintas a las de antaño.
El problema de propuestas como las del PAN-PRD es que no atienden el asunto central. Se limitan a sus propios intereses sin reconocer lo esencial. En sentido contrario al corazón de su propuesta, México requiere una presidencia fuerte, pero ésta tiene que estar limitada por mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Uno de esos mecanismos, el más importante, tiene que ser el propio poder legislativo, que también tiene que ser reformado para facilitar la construcción de mayorías (que hagan innecesario al Pacto) pero no por medios artificiales como el de modificar la “cláusula de gobernabilidad” sino a través de incentivos que satisfagan otro de los requisitos de un sistema político funcional: que los políticos le rindan cuentas al ciudadano y no a sus jefes políticos. Una forma de lograrlo sería la reelección.
Una verdadera reforma sólo será efectiva el día en que el país viva bajo el reino de la ley, lo que implica una cosa muy simple: en palabras de Fukuyama, “que el individuo en el poder se sienta limitado por la ley”, es decir, que no pueda hacer “lo que le dé la gana”, sino que su poder esté acotado, lo que no quiere decir que no lo tenga o que no pueda emplearlo para gobernar con eficacia para generar prosperidad. Una reforma originada en un ánimo de revancha o de impotencia jamás podrá lograrlo.
Los partidos de la oposición parecen decididos a condicionar su apoyo legislativo a la aprobación de otra reforma electoral. Sería mucho más trascendente que sea el presidente quien proponga una de verdad, una que le dé al país viabilidad por décadas y no sólo hasta la próxima revancha, digo elección.
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