“Se ha vuelto costumbre pensar sobre la democracia y el gobierno como dos polos independientes en la política, tan distante uno del otro que hacen imposible que la vital chispa del gobierno democrático prenda entre ellos”. Así explicaba los avatares de la Cuarta República francesa el historiador inglés David Thomson en un penetrante ensayo (Democracy in France, Oxford, 1946). ¿Será válida esa misma visión para el México de hoy?
No hay duda que la democracia mexicana enfrenta innumerables fuentes de disfuncionalidad. Quizá los más obvios, por su trascendencia y visibilidad, sean la relación entre la presidencia y el poder legislativo, la estructura organizacional del propio congreso y todo el sistema de procuración y administración de justicia. Es decir, todo nuestro sistema de gobierno. Lo relevante no es que tengamos problemas, de estructura o de cualquier otro tipo, sino que las estructuras e instituciones existentes no contribuyen a resolverlos. De hecho, las estructuras con que hoy contamos tienden a agudizar y profundizar nuestras dificultades, a la vez que abren oportunidades inmensas para que grupos de interés particular, desde los sindicatos hasta los partidos, incluyendo a innumerables intereses privados, exploten la circunstancia para su beneficio particular. También, generan una permanente descalificación de las instituciones existentes, lo que inevitablemente pone en entredicho la legitimidad del sistema de gobierno y del sistema electoral.
Según Thompson en sus observaciones sobre la Francia de la posguerra, la problemática reside en que allá existía una concepción tradicional de la democracia que la hacía indiferente a logros prácticos, a la actividad económica y a los beneficios sociales. Al proclamar valores en términos idealistas y al contrastarlos con los valores de oligarquías y gobiernos autoritarios de manera sistemática se obliga a lograr triunfos simbólicos y a adoptar medidas ideológicas, en lugar de preocuparse con el logro de beneficios concretos en materia productiva, comercial y de crecimiento económico. En estas materias, dice Thompson, la democracia francesa (1946) es incompetente: esas cosas no le interesan. Pero ese desinterés tiene la consecuencia de siempre acabar atrapada por grupos con intereses particulares.
En México, la democracia se ha reducido al ámbito electoral, en el que la competencia entre contendientes así como la administración del proceso habían adquirido un grado de civilidad ejemplar. La contienda electoral del año pasado mostró como incluso las instituciones mejor estructuradas pueden caer presa del conflicto político. La democracia no ha penetrado las estructuras sociales, mientras que las reformas electorales de los noventa tuvieron el efecto de dislocar el sistema tradicional de gobierno sin crear instituciones apropiadas para la nueva realidad. De hecho, persiste una concepción utilitaria de la democracia donde lo importante no es la estructura institucional construida para generar un buen sistema de gobierno y proteger a la ciudadanía de la arbitrariedad del gobierno (que es la concepción liberal), sino la toma del poder. Todavía más persistente es la noción de que el poder es para usarse y no para mejorar la vida de ciudadano promedio.
Esta circunstancia no sería más que una anécdota más de un proceso de construcción política en un país que experimenta cambios profundos en todas sus estructuras si no fuera por las consecuencias prácticas que tiene. El gobierno actual inició su mandato con una iniciativa en materia de seguridad que tuvo el efecto de desestabilizar a diversos grupos criminales en el país, a la vez que consolidó al nuevo gobierno en la presidencia. Ahora, a casi cuatro meses de iniciada la administración, la pregunta crucial es qué sigue. Si bien la seguridad es crítica para el desarrollo –de hecho, es precondición para poder lograrlo- un gobierno tiene que desarrollar un plan a largo plazo de tal suerte que sus decisiones de hoy se materialicen en el curso de su mandato. Por ejemplo, no hay evidencia en este momento de que se estén planeando iniciativas idóneas –distintas a las que no han funcionado en el pasado reciente- para impactar el crecimiento de la economía o generar fuentes de empleo.
El país enfrenta problemas en tres frentes: a) requiere una mejor estructura institucional que permita tomar decisiones; b) requiere un plan de acción gubernamental orientado a enfrentar los problemas básicos del desarrollo en el presente (sobre todo inseguridad y obstáculos al crecimiento económico); y c) requiere una estrategia de largo plazo que permita que el país se desarrolle, lo que entraña acciones sobre todo en los frentes de infraestructura, salud y educación. En los tres es imperativo un cambio de paradigma: más de lo mismo nos llevará, pues, a más de lo mismo. Dado que el contexto institucional actual es muy similar al de la Cuarta República francesa (y que llevó a su eventual colapso), la pregunta relevante es si es posible enfrentar los desafíos que el país tiene frente a sí en el contexto hoy existente.
El problema se puede plantear en términos simplistas: quién paga el costo político. Pero en la realidad mexicana actual, el tema relevante no es (o no debería ser) quién paga el costo sino cómo se generan nuevas oportunidades y beneficios y cómo se van a distribuir estos. La discusión sobre costos es producto de una concepción de estancos e intereses corporativistas. Ciertamente, en la medida en que un determinado grupo social controle el acceso a un determinado ámbito de la vida pública (igual un sindicato que una empresa o un partido), cualquier cambio en ese ámbito entraña pérdidas para ese beneficiario específico del orden reinante. Sin embargo, siempre será mayor el beneficio para todos los actores, incluidos los que controlan accesos, de un país en acelerado crecimiento que de una economía estancada. En este contexto, el costo político no es más que una argucia, un mecanismo de protección, por parte de los intereses más perniciosos y abusivos que hay en el país. La pregunta relevante acaba siendo cómo administrar esas transiciones de costos y beneficios. No menos importante, cómo sumar, convencer o forzar a esos intereses a participar en un proceso de renovación y transformación.
El presidente Calderón ya logró afianzarse en la presidencia y hoy prácticamente nadie duda de su legitimidad. Siendo así, la pregunta es cómo logra iniciar una escalada de cambios y reformas que tengan el efecto de atender y resolver los principales retos. Una manera, que es la que a la fecha ha intentado, es la de entablar negociaciones con el poder legislativo. Esta es, sin duda, la forma correcta de hacer las cosas, excepto que todo depende de la buena voluntad de los participantes. Es decir, en ausencia de incentivos que ineluctablemente conduzcan a la negociación, todo acaba dependiendo de la voluntad de un puñado de personas. Obviamente, ningún país puede depender para su desarrollo de una estructura de esta naturaleza. El presidente tiene que crear las condiciones necesarias para sesgar el proceso de toma de decisiones a su favor.
Esta situación arroja dos posibilidades: una es la de avanzar poco a poco dentro del esquema de restricciones y limitaciones que ofrece nuestra realidad actual. La otra consistiría en cambiar los términos de referencia de la realidad actual. En años pasados, actos como el del llamado “quinazo” lograron precisamente ese objetivo. En una era de división de poderes y en un contexto de demandas de transparencia y legalidad, el reto para el gobierno es encontrar la forma de cambiar los términos de la discusión sin recurrir a actos legalmente improcedentes. En un país en el que la ley se cumple a conveniencia, esto deja muchas oportunidades para actuar y ser exitoso. Si realmente quiere transformar al país, el gobierno tiene que aprender a construirlas y aprovecharlas.
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