El país atraviesa por una profunda transición política que ha trastocado todas sus actividades e instituciones. Las viejas estructuras políticas cambian y se transforman; algunas adquieren o pierden relevancia súbitamente, en tanto que otras se desmoronan. La prensa no es excepción. Cercada y frecuentemente dominada por un sistema político omnipresente, la prensa mexicana creció desarrollando mecanismos de defensa o de adaptación de la más diversa índole. En algunos casos fue parte integral del juego de la corrupción, en tanto que en otros hizo lo imposible por mantener su independencia. Los cambios políticos han creado una nueva realidad para unos y para otros.
Los recientes avances hacia la democracia abren oportunidades excepcionales para la libertad de expresión y, por consiguiente, para el desarrollo de la prensa en el país. Pero el fin del viejo sistema político no garantiza, por sí solo, el surgimiento o fortalecimiento de una prensa de calidad. Los últimos años han sido testigos del surgimiento de nuevos canales de televisión, nuevos diarios, nuevas revistas de opinión, nuevos programas de radio. Muchos de los medios ya establecidos se han transformado, probando las aguas de una libertad hasta ahora desconocida para muchos. La experiencia arroja una muestra de las enormes posibilidades que promete una prensa liberada de las restricciones políticas de antaño.
Pero muchos de los nuevos experimentos evidencian la otra cara de la moneda. Muchos de los viejos vicios han acompañado la transformación que experimentan los medios. Son realmente pocos los medios que han hecho esfuerzos honestos, persistentes y comprometidos por construir una prensa analítica, independiente y de alta calidad. Demasiados son los que todavía se dedican a promover en forma acrítica sus preferencias ideológicas o políticas, cuando no sus intereses más personales, presentando los temas de debate en términos absolutos o promoviendo hipótesis y especulaciones conspiratorias a cada paso como si se tratase de noticias fidedignas.
El cambio de realidad política nos obliga a todos a ajustarnos. En cuanto a los medios de comunicación, los ajustes requeridos afectan a sus tres componentes: el gobierno, las empresas de comunicación, incluyendo a sus periodistas y comunicadores, y la ciudadanía que, en un entorno democrático, es la razón de ser tanto del gobierno como de los medios. Una era de transición entraña ajustes y desajustes en los tres ámbitos. Aunque hay esfuerzos extraordinarios y encomiables tanto en el gobierno como en los medios y en la sociedad por romper con la era de la corrupción, la subordinación al gobierno y el uso vil de los medios para fines políticos particulares, nadie puede albergar dudas de que se trata de excepciones y desafortunadamente no de la realidad general.
Por lo que toca al gobierno, persisten las prácticas de cohecho e intimidación en muchas de sus entidades. Algunos niveles y oficinas de gobierno han hecho esfuerzos loables por cambiar esas despreciables prácticas, pero no la generalidad. Mucho más importante es la resistencia de infinidad de instituciones y funcionarios gubernamentales a comprender la naturaleza de los medios en una sociedad democrática. En términos generales, en el gobierno todavía domina la noción de que éste no está para informar y presentar sus puntos de vista con el objeto de convencer a la ciudadanía -a través de los medios- de la bondad de sus objetivos o programas, sino para transmitir e imponer decisiones previamente tomadas. Pero lo que funcionaba en una sociedad cerrada y protegida ya no opera en la actualidad. Y lo mas importante, la voz gubernamental compite con numerosas y diversas fuentes de información y opiniones, en abierta competencia por el establecimiento de la agenda del debate nacional. Y para agregar mayor complejidad a las nuevas realidades, es frecuente que la agenda doméstica sea definida, en los propios medios mexicanos, por emisores internacionales ocupados en temas y asuntos nacionales, o que involucran a México.
En este contexto ya no hay verdades absolutas, ni atención garantizada a las emisiones del gobierno, ni coartadas aislacionistas capaces de excluir el libre flujo de la información mundial, independientemente de cómo se intente disfrazar. En el mundo de hoy, la credibilidad es un bien sujeto a permanente competencia, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por naturaleza, su vigencia es efímera: se gana o se pierde todos los días.
Los medios de comunicación han pasado de ser meros instrumentos del gobierno e intereses políticos, a disfrutar de una libertad hasta hace poco conocida sólo en algunos lugares o medios excepcionales. El cambio no ha sido exitoso en todos los casos. Al contrario, una enorme asimetría en la actualización de métodos, actitudes y conductas de empresarios y operadores de la información parece, por un lado, mostrar un panorama alentador a la vista de los renovados márgenes de libertad alcanzados por los medios. Pero, por el otro, resulta mas bien desalentador el paisaje en el que esa libertad ampliada no se ha visto correspondida con más altos grados de rigor profesional ni de un saneamiento de conductas capaz de perfilar la dignificación generalizada en su relación con las diversas fuentes del poder.
Algunos temas que se discuten como naturales y lógicos cuando se habla del tema electoral, como el del financiamiento de partidos y campañas, por ejemplo, son tabú en el caso de los medios. Sin embargo, temas como el de la propiedad de los medios, la competencia entre ellos, el acceso a la información, los subsidios y la publicidad gubernamentales, los derechos y responsabilidades de los periodistas, la seguridad física de quienes viven de esta actividad y los niveles de su remuneración, tienen que ser enfrentados. No se trata de interrogantes meramente académicas, sino de la esencia de la democracia. La democracia se nutre y, de hecho, depende, de que los ciudadanos puedan normar su criterio y realizar juicios informados sobre los temas centrales de su vida y la del país. Los ciudadanos requieren información, análisis y opiniones, en ese orden, para poder decidir por sí mismos y, sobre todo, para poder discernir su propio interés en un ambiente crecientemente complejo. Sin medios profesionales dedicados a satisfacer las necesidades de información de la ciudadanía, la democracia acaba siendo una imposibilidad.
El centro de gravedad en una democracia es el ciudadano. El propósito integral de los medios de comunicación debería ser el de proveerle a ese ciudadano información (es decir, los hechos), análisis, opiniones, investigaciones y fuentes de entretenimiento. Este listado que parece tan obvio es todo menos transparente en nuestra realidad cotidiana. Nuestra historia ha hecho sumamente difícil distinguir entre los componentes de la actividad periodística. Las gacetillas se mezclan con las opiniones de los periodistas hasta el punto de hacer imposible discernir los hechos de toda la maraña de intereses que yace detrás de lo que aparece como información. Si a esto agregamos los enormes rezagos que existen en la educación en el país y la patente desigualdad en la capacidad de acceso a la información que caracteriza a los mexicanos, es evidente que es monumental el reto que enfrentamos como sociedad.
Aunque es en un entorno de seguridad jurídica plena y en el sistema educativo en que debe recaer la responsabilidad de largo plazo de desarrollar ciudadanos con la capacidad de ser libres y responsables, sólo los medios de comunicación pueden llenar las ausencias actuales para contribuir al desarrollo de la ciudadanía. Estas carencias, producto de una sociedad desigual, con altos niveles de pobreza y bajos de educación, nos obligan a enfrentar dilemas inexorables: ¿cómo pueden los ciudadanos demandar de los medios lo que no conocen o saben que existe? ¿qué los puede preparar para discernir entre hechos, opiniones, investigaciones y análisis? En el corto plazo, la única respuesta posible a este tipo de dilemas es que sólo la propia responsabilidad de los medios puede hacer una diferencia.
Pero nuestra experiencia reciente demuestra que esta avenida está llena de baches. La creciente libertad de expresión no ha tenido lugar en una época de bonanza económica y de mejoría substancial en los niveles de vida de los mexicanos en general o los periodistas en lo particular. De hecho, lo único que ha cambiado en nuestra realidad es que la libertad de expresión está ahí, aunque sin duda todavía acotada por la violencia que sufre un enorme número de periodistas. Lo que no ha cambiado es el entorno dentro del cual funcionan los medios y los periodistas. Es decir, a pesar de la mayor libertad de expresión de que gozan los medios, los incentivos que existen en la actualidad siguen propiciando la corrupción, el chantaje y la desinformación.
La mayoría de los gobiernos del mundo sin duda preferiría controlar a los medios que cultivarlos. Pero la mayoría de los gobiernos de países democráticos ha acabado por aceptar y respetar el papel que los medios juegan y deben jugar en la democracia. Nuestra democracia todavía es demasiado joven como para pretender que la libertad de prensa es un proceso acabado y consolidado. Pero eso no quita que nos encontramos en un momento en el que los medios viven una realidad nueva, pero sus estructuras institucionales, económicas y financieras con gran frecuencia siguen ancladas en el viejo sistema político. Una democracia no puede prosperar en ausencia de medios de comunicación independientes y objetivos que vean a los ciudadanos -y no al gobierno- como su razón de ser y su objetivo último de existir. Esta realidad no contribuye a los objetivos gubernamentales ni conduce a la democracia. Lo que tenemos, en una palabra, es una secuencia de círculos viciosos que se retroalimentan. Alguien tiene que ser el primero en romper sus vasos comunicantes.
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