1971 fue el año de la atonía. Luego de dos décadas experimentando tasas de crecimiento superiores al 6% en promedio, ese año fue considerado de recesión porque el crecimiento sólo fue del 3%. Así han cambiado las cosas… La respuesta de los políticos fue “estimular” la economía mediante un gasto público exacerbado, financiado con deuda externa e impresión de billetes, es decir, inflación. Así nació la era de las crisis, recesiones y, por un pelito, la hiperinflación. 2013 se parece a aquel 1971 y, como ilustra el presupuesto, el gobierno se apresta a aplicar la misma receta perdedora.
El empaque retórico que acompaña a la iniciativa de reforma hacendaria es grandioso: productividad, crecimiento, ataque a la desigualdad y seguro de desempleo. Suena atractivo pero, como decía George Orwell, “el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdades, que el asesinato parezca respetable, y dar al viento apariencia de solidez”.
Los comentarios a mi artículo anterior muestran que hay más dudas que certezas sobre la dirección que se propone adoptar. Lo que sigue es un resumen de los que recibí, todos ellos de expertos intachables.
Primero, “si bien la iniciativa se justifica primordialmente por el propósito de alcanzar la seguridad social universal, es notable que el aumento propuesto de gasto entre 2013 y 2014 es de 520 mil millones de pesos, pero de los cuales solamente 20 mil se destinan a la seguridad social universal. Uno hubiese pensado que, de forma prioritaria, se dedicarían recursos para unificar el financiamiento de la salud, pero este tema –que hoy presenta la distorsión más grave— presumiblemente se pospone. No utilizar los recursos nuevos para remover la distorsión creada por las diferencias en la forma de financiar los regímenes contributivos y no contributivos de salud es una omisión difícil de entender”. A menos que el objetivo sea, simplemente, gastar; no sería la primera vez…
Segundo, “la pensión universal propuesta no es en realidad una pensión universal. Es una pensión condicionada a ser informal. Los trabajadores formales no tienen derecho a ella… Dado que el Seguro Popular es una prestación financiada de la tributación general para el informal (que éste percibe como gratis), pero que pierde si obtiene un empleo formal…, a los incentivos a la informalidad que ya existían… se le agrega ahora otro incentivo por un programa similar para pensiones de retiro (y se propone legislar su monto, amén de bajar la edad para recibirlo de 70 años a 65). Es difícil pensar que esto no va a contribuir a aumentar la informalidad. La evidencia empírica que tenemos de programas similares es que sí lo hará y también puede reducir la tasa de participación laboral. Por esas dos vías, la productividad se verá castigada”. O sea, hay una contradicción flagrante entre la iniciativa presentada y el diagnóstico del propio gobierno respecto a la urgencia de elevar la productividad como condición para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía.
Tercero, “el seguro de desempleo realmente no es eso; parece más un seguro de separación. El punto clave aquí es que se introduce este seguro sin modificar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de indemnizaciones por despido o primas de antigüedad. Tampoco se modifica la problemática de despido justificado vs no justificado. En los términos de la ley propuesta, un trabajador que voluntariamente se separa de su trabajo tiene derecho a recibir los beneficios del nuevo seguro. Por otro lado, México tendrá ahora dos mecanismos paralelos para proteger a los trabajadores contra shocks: las disposiciones que ya estaban en la LFT y este nuevo seguro. Es difícil pensar que en el futuro se podrá modificar la LFT para reducir los costos contingentes de las empresas formales derivadas de la contratación” cuando “el principal mecanismo que se hubiese podido utilizar para cambiar esas disposiciones de la LFT –introducir un seguro de desempleo—ya se usó. Al no reducirse en nada los costos contingentes de las empresas, es difícil ver también como este nuevo seguro contribuirá a la formalidad”.
Cuarto, “se propone un incremento neto de las cuotas patronales (art. 25, 36, 106 y 107 de la Ley del Seguro Social), lo que no resuelve el problema esencial que es la homologación de los costos en salud. Es justo ahí donde estará la presión de gasto en los próximos años. Hoy en día no sabemos cuánto cuestan los servicios médicos en el IMSS, el ISSSTE y en los sistemas estatales de salud que son financiados con el Seguro Popular. No hay certeza sobre necesidades presupuestales del sector salud, pues sólo conocemos el gasto ejercido en cada institución, no el costo de cada servicio ni las estimaciones por cambios epidemiológicos. La propuesta resuelve la urgencia financiera del IMSS en el corto plazo –que agotaría sus reservas en 2016-, pero no resuelve el problema de fondo”.
Quinto, en “el propuesto seguro de desempleo se descobija la contribución de INFONAVIT, en vez de llevarlo a salud o bien complementar pensiones contributivas. Esto crea más distorsiones laborales pues hace más líquidas las aportaciones en el corto plazo”. En este contexto, no puede ignorarse otra posible motivación del enfoque propuesto: “quienes cumplan 18 años a partir de 2014 serán cubiertos por un fideicomiso en Banxico, justo el grupo que votará en 2018 por primera vez”.
“En suma, la reforma no es para financiar una “seguridad social universal”, sino para justificar el aumento de cuotas patronales y el otorgamiento de nuevos beneficios, cuyo costo irá aumentando en el tiempo y se sumarán al costo creciente de los programas ya existentes. Los recursos fiscales de la propuesta serán usados para otros gastos y no se propone modificar el funcionamiento del sistema de salud, ni su financiamiento. Dado el crecimiento que se está observando en la provisión de servicios médicos, los costos se elevarán y será imposible regresar a un déficit cero en el tiempo propuesto (2017). Bajo el escenario internacional actual esto suena demasiado arriesgado”. “Y todo esto sin considerar los pasivos de salud y pensiones de los estados, PEMEX y CFE”. O sea, no hay reforma estructural ni solución a los problemas pendientes.
La propuesta es regresar a los setenta: déficit crecientes, sin financiamiento saludable y sostenible, lo que no contribuirá al crecimiento de la economía. Ignorar las causas de las crisis de las décadas pasadas -una estrategia económica sustentada en déficit y deuda- que los jóvenes de hoy no vivieron más que de manera indirecta, es la mejor forma de provocarlas. No aprendemos.
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