Los costos del gobierno anterior se siguen apilando. Aunque el gobierno de Fox logró una notable y encomiable continuidad en algunas áreas de la política pública, especialmente en materia macroeconómica y social, es evidente que no supo aprovechar el enorme capital político que la alternancia de partidos en el año 2000 ofreció. Ese desperdicio entraña diversos costos, el primero de los cuales lo pudimos apreciar vívidamente en el conflicto postelectoral del año pasado. Pero el mayor de todos esos costos tiene que ver con la oportunidad desperdiciada de cambiar el pasado.
Aunque los priístas se vanagloriaban de que el país era democrático porque así lo decía su retórica, lo cierto es que la supuesta democracia mexicana de entonces era, pues, muy poco democrática. Pero lo peor de todo es que, más allá de los incuestionables avances en materia electoral y de libertad de expresión, el país sigue siendo poco democrático. La forma en que se conducen los asuntos políticos no responde a las formas que comúnmente se definen como democráticas y la población sigue estando marginada de la política. Basta observar las campañas presidenciales para comprobar que los políticos actúan como si la ciudadanía fuera un estorbo, en lugar de considerarla su razón de ser.
Esta forma de conducir la política contrasta severamente con la de otras naciones que, a primera vista, se parecen a la nuestra. Pero son las diferencias las que vale la pena explorar porque revelan una problemática distinta. Por razones obvias, muchas de las comparaciones que se hacen para determinar el grado de avance o retroceso de nuestra democracia y economía se establecen con los países del continente, sobre todo Argentina, Brasil, Colombia y, en algunos casos, Chile. Comparados con aquellos, nosotros estamos mejor en algunas cosas y peor en otras. Pero lo interesante resulta observar cuan distintos somos en algunos temas clave para revelar que el marco de referencia no es el adecuado.
Para los estudiosos de temas judiciales, notablemente Ana Laura Magaloni, es significativo que algunas reformas en materia de administración de justicia y seguridad pública han tenido efectos muy distintos respecto a países como Colombia y Brasil. Diversos estudios muestran la existencia de obstáculos, como una excesiva dependencia de los jueces respecto al ejecutivo, que no son típicos de aquellas naciones. En términos generales, uno de los rasgos que parece distinguir a México de otras naciones del hemisferio es que la independencia de los actores (lo mismo jueces que periodistas, maestros y policías) no es tan evidente aquí como en aquellos países. Por supuesto que hay personas independientes en México, pero el fenómeno de la estadolatría (la adoración del Estado y la sumisión al mismo) es prototípico de México, no de la región en general.
En este tema, nuestro país, quizá por la naturaleza histórica del PRI y del sistema político postrevolucionario, es más parecido a los países del este europeo que de América Latina. Es decir, ningún otro país del hemisferio tuvo un sistema político tan integrado, estructurado y abrumador como el priísta, que no dejaba espacios de libertad e independencia. Su naturaleza misma era la del monopolio del poder y todo caía bajo su control. En este sentido, aunque sin las connotaciones ideológicas o tan autoritarias de los países comunistas, el país tiene muchas mayores semejanzas con las sociedades que rompieron con el bloque soviético en las últimas dos décadas que con nuestros vecinos hemisféricos. Es ese pasado el que hay que cambiar.
Leszek Balcerowicz, un profesor polaco que fue activo participante en el primer gobierno post-comunista de su país, argumenta que la caracterización tradicional de las transiciones políticas no se aplica a regímenes comunistas. Según uno de sus escritos (“Entendiendo las transiciones post comunistas”, Journal of Democracy, octubre, 1994), hay cuatro tipos de transición: a) transición clásica (ampliación de la democracia en países capitalistas avanzados, entre 1860 y 1920); b) transición neoclásica (democratización de países esencialmente capitalistas después de la segunda guerra mundial, comenzando por Alemania, Japón e Italia, pero incluyendo algunos países latinoamericanos en los 70, además de España, Portugal, Corea y Taiwán); c) reformas de mercado (Corea y Taiwán después de la guerra, Chile en los 70, Argentina en los 90); y d) transiciones post comunistas en Asia (sobre todo China y Vietnam).
Según Balcerowicz, ninguna de estas caracterizaciones es apropiada para los países ex comunistas y mucho de su argumento es enteramente aplicable a México. Las sociedades comunistas no sólo tenían que transformar su economía, sino que debían crear estructuras democráticas profundamente arraigadas para evitar un retroceso. Esto las diferencia de las transiciones más “tradicionales”. Primero, en las transiciones “tradicionales”, el cambio fue económico o político, pero no ambos simultáneamente. Segundo, la necesidad de transformar ambos componentes entraña una presión extraordinaria sobre los mecanismos de decisión. Tercero, el cambio tiene lugar con el mismo cuerpo administrativo del gobierno. Cuarto, por muchos cambios que hubiese habido con anterioridad, las reformas económicas tienen que ser excepcionalmente amplias para lograr su cometido y esto tiene que llevarse a cabo, a diferencia de casos como el de Chile o España, dentro del contexto de un sistema político democrático plural, lo que cambia la dinámica del proceso. Quinto, la naturaleza no violenta del cambio implica que permanece intacto todo tipo de grupos de interés en el gobierno y en la sociedad. Finalmente, muchos de los nuevos actores clave en la “nueva” economía sin duda incluirán a la vieja élite, lo que abre frentes de potencial ilegitimidad para el nuevo régimen.
Todo momento de cambio político radical entraña oportunidades y costos. Un cambio de régimen o, como en nuestro caso, la alternancia de partidos en el gobierno, abre un espacio de oportunidad para llevar a cabo cambios dramáticos, antes de que la normalidad política y la contención propia de ese sistema de gobierno entre en operación. El mayor costo del gobierno de Fox fue el de haber desperdiciado esa coyuntura excepcional, pues su fracaso en llevar a cabo el ajuste político y económico que el país requería en el momento en que eso era posible dejó al país anquilosado sin romper con las ataduras del pasado. Baste establecer la comparación con los países europeos que aprovecharon la oportunidad y los que no lo hicieron para apreciar la diferencia.
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