Cuenta una anécdota que en la víspera de la batalla de Trafalgar, el almirante Nelson llamó a sus capitanes y les mostró un atizador de fuego sobre el cual dijo: “no me importa hacia dónde orientar este instrumento, excepto donde me diga Napoleón, porque entonces haré exactamente lo opuesto”. Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas parecen haber llegado a la conclusión de que podían hacer cualquier cosa, incluso picarle el ojo al presidente, sin consecuencia alguna. Luego de décadas de espera, la sociedad mexicana recibió la noticia de que finalmente se libraría de la plaga que no sólo le recetaba constantes apagones, sino también le robaba la bolsa sin contemplación. En un solo acto, el presidente Calderón pudo quitarse de encima tres años de mediocridad -y de complejos como el de Atenco- y abrir una puerta a la oportunidad que él y su partido le vienen prometiendo a los mexicanos por años.
Hasta el momento, el gobierno ha demostrado algo que ya le conocíamos al presidente (disposición a tomar decisiones), pero también capacidad para llevarlas a cabo (algo que no siempre había sido cierto). La forma en que ha evolucionado este proceso permite evaluar a cada uno de los componentes de la decisión, así como al resto de las fuerzas políticas y los mitos que las acompañan. El SME nos ha regalado una excepcional ventana de observación.
Comencemos por lo obvio: la explicación de la acción gubernamental ha sido menos buena de lo que debiera. Si bien el SME ha sido un sindicato militante y conflictivo desde años antes de que la empresa fuese adquirida por el Estado, los males de Luz y Fuerza no se le pueden cargar sólo al sindicato. En lugar de administrar a la empresa, muchos gobiernos simplemente le cedieron el control al sindicato, circunstancia que quizá explique su mal estado, pero no exime al gobierno de su desempeño. En la muy particular forma de resolver (o esconder) los problemas, el sistema priísta siempre prefirió comprar voluntades que ejercer la autoridad y responsabilidad a que estaba obligado como administrador de la empresa. Esta relación viciada llevó a que el funcionamiento de la entidad no dependiera de su productividad o eficiencia sino de sus relaciones con el poder. El SME se acostumbró a abusar porque del otro lado no había disposición a hacer algo distinto. La lógica del chantaje, y la amenaza permanente de afectar a una porción políticamente explosiva de la población, le confirió al sindicato un halo de invulnerabilidad. Este, por su parte, en ocasiones apoyó gobiernos, en otros simplemente los extorsionó. Ambos le daban funcionalidad tanto al gobierno como al SME. Del costo, pues ni modo.
El gobierno del presidente Calderón estuvo a punto de quedarse en la misma lógica de aceptar una extorsión interminable de éste y otros sindicatos y poderes. A diferencia de los gobiernos priístas, cuya carta de presentación era la estabilidad aunque fuera costosa, los dos gobiernos panistas ofrecieron el cambio, la pulcritud y el fin de la corrupción. Sin embargo, hasta este acto, no se había mostrado capacidad o disposición para lograrlo. La liquidación de LYF cambia el entorno y, en la medida en que el gobierno mantenga su decisión, abre ingentes oportunidades para el futuro. Todo dependerá de qué haga de aquí en adelante.
El contexto en esto es crucial. En el viejo sistema político existía un mecanismo de contrapeso frente a poderes abusivos que impedía que estos se extralimitaran. Fue en esas circunstancias que el llamado quinazo tuvo lugar: más allá del hecho indudable de que se requirió una gran fortaleza para encarcelar al líder petrolero, en realidad se trataba del enorme poder presidencial de antaño frente a un poder que había violado las reglas no escritas de aquel régimen. La decisión del presidente Calderón tiene lugar en un contexto muy distinto donde hay un sinnúmero de grupos hiper poderosos (de ahí el calificativo de “fácticos”, aquellos que viven por encima de la ley y con poder suficiente para desafiar al Estado y evitarse competencia alguna), a los cuales la presidencia no tiene capacidad de controlar. Por ello es infinitamente más valiente, pero también más riesgosa, la liquidación de LYF.
Falta saber si este es el comienzo o el final de la historia. Una vez concluido el proceso actual, donde los elementos de riesgo persistirán por algún tiempo, la gran pregunta es qué sigue. Las reacciones que se han observado eran, en casi todos los casos, predecibles. La sociedad está a la expectativa, confiando que no haya apagones y que la transición hacia la CFE vaya bien. De cumplirse estas expectativas, muchos festejarán, en los próximos años, este momento. Los partidos políticos se han encontrado ante la muy difícil tesitura de tener que definirse frente a un gremio caracterizado más por el exceso que por la productividad. Anticipando esto, el gobierno presentó una propuesta de liquidación por demás generosa para los empleados de la entidad, desarmando a muchos de los críticos, además de que hizo claro que no se trata de una privatización. Los críticos, incluyendo las partes interesadas, se vieron forzados a defender la incompetencia, el abuso y la corrupción en defensa de sus allegados. Indigno y poco promisorio.
Lo que no es obvio es si el gobierno va a apalancar esta victoria para avanzar el proyecto de cambio que su predecesor y su partido han venido festinando, pero no haciendo, o si éste quedará como un acto excepcional y aislado en un mar de lágrimas. También aquí el quinazo es relevante. Salinas quitó al líder que había osado retar al poder central pero todo quedó en un ajuste de cuentas dentro del poder: no cambió la empresa, que sigue siendo el mismo nido de corrupción, ni benefició a la sociedad. El tema, por supuesto, no es la entidad LYF pues ésta ha sido liquidada, sino el resto de las paraestatales y, en general, la forma misma de funcionar del gobierno. Lo histórico, lo tradicional en el gobierno mexicano es siempre la compra de voluntades: ahí están los contratos colectivos de otras entidades públicas, las transferencias -legales o ilegales- a los medios de comunicación y los poderes fácticos que hacen de las suyas sin empacho ni límite.
El presidente Calderón ha creado una gran oportunidad: la de comenzar a transformar a México en una sociedad moderna, donde la interacción entre todas las partes (sindicatos, gobierno, empresarios, medios de comunicación, partidos políticos) se fundamente en la ley y los procedimientos abiertos y transparentes. La oportunidad reside en comenzar a hacer de México un país de leyes e instituciones. Ese es el verdadero reto.
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