Durante estos cuatro años de vigencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) ha resultado difícil lograr un consenso sobre sus alcances y sus implicaciones reales. Hay quienes aseguran que lo presentado como logros de esta herramienta son pasos naturales que cualquier país debiera dar; por otro lado, está quien dice que su verdadera aportación no está en los resultados sino en el mecanismo de colaboración y co-creación entre gobierno y sociedad civil.
Lo cierto es que ambas opiniones tienen sentido, y cuatro años después de su creación, esta iniciativa ha estado sumergida en un constante proceso de aprendizaje y de reinvención.
Definitivamente no se pueden analizar los alcances de la herramienta sin tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolla. ¿Se debe entonces aplaudir el cumplimiento del 100% de los compromisos que conforman el Plan de Acción 2015 en un país ubicado en la posición 103 del Índice de corrupción y hundido en una profunda crisis de derechos humanos? Pero, tampoco se puede menospreciar el esfuerzo de las partes involucradas, quienes durante dos años trabajaron en conjunto, negociaron, dialogaron y lograron avances significativos en el cumplimiento de estos compromisos. Entonces, ¿cómo conciliar la realidad de un país como México con los objetivos y los pasos dados por una herramienta como la AGA?
La respuesta no es sencilla, por el contrario, es ahí en donde se encuentran los principales retos que la Alianza presenta a futuro. El empate de la agenda de la AGA con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un paso importante que permitirá ampliar su alcance. Esto puede ser un gran soporte y hoja de ruta en la consecución de objetivos más amplios y de mayor impacto como el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción o el combate a la pobreza.
Permear a nivel local es otro de los retos de la AGA. Aunque durante 2015 se han realizado trabajos a nivel estatal, aún hace falta un mayor compromiso de los gobiernos locales por respetar los principios del gobierno abierto y generar condiciones reales de colaboración con sociedad civil. Las entidades deberán encontrar su propia forma de dar vida a esta herramienta adaptándose a sus propias realidades. Será importante sin embargo, no perder de vista estos trabajos estatales para conseguir que en su tránsito hacia lo local, la herramienta no se desvirtúe y termine siendo un espacio más de validación ciudadana a las acciones de gobierno que uno de co-creación y entendimiento.
Por otro lado, la ampliación de la herramienta hacia otros poderes parece también estar en la agenda inmediata de la AGA. La experiencia hasta el momento de los Planes de Acción apuntan a que la inclusión del Poder Legislativo y Judicial permitirá dar el paso final de consolidación de resultados. Sin embargo, no hay que olvidar que al final de cuentas la Alianza ha basado gran parte de su éxito en la operación y coordinación entre las partes, que pudiera debilitarse al tener en la mesa más actores.
Aunque siempre resulta difícil, poner especial atención a la forma en la que se están midiendo y evaluando los trabajos realizados en el marco de la AGA podría hacer una gran diferencia en la fijación de objetivos. Hasta ahora, el impacto que los compromisos tienen en la vida de los ciudadanos es difícil de medir. Por lo que resolver un problema público a través de acciones específicas podría facilitar la medición y evaluación de resultados y en consecuencia haría quizá más sencillo entender hacia dónde se está avanzando con la herramienta.
Por último, la participación ciudadana es también un siguiente paso de la Alianza, desde su modelo operativo hasta sus resultados. Por un lado, la apertura del grupo coordinador de la sociedad civil de la AGA en México hacia nuevas organizaciones es inminente y necesario en aras de continuar estableciendo nuevas agendas, nuevas visiones y nuevos objetivos. Y por el otro, lograr que la apertura de información dé el gran salto hacia la participación ciudadana real y la toma de decisiones conjuntas entre sociedad y gobierno.
Que el gobierno cumpla con los compromisos asumidos no se trata únicamente de abrir una puerta del armario que contiene información, se trata de mover maquinarias burocráticas, en algunos casos muy oxidadas. Y cumplir estos objetivos no responde a caprichos de las organizaciones de la sociedad civil involucradas, se trata de entender las necesidades, alcances e intereses de la contraparte y, en un proceso colaborativo, encontrar la mejor forma de alcanzar objetivos comunes que resultarán en beneficio de todos los ciudadanos.
Gabriela Legorreta es investigadora de CIDAC.
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