Los desafíos del sistema penal mexicano son tanto de carácter cualitativo (es un sistema injusto) como cuantitativo (es muy ineficiente y se registra una impunidad alarmante). En lo cualitativo, el sistema penal viola Derechos Humanos; y el proceso penal es muy inequitativo, pues da muchas ventajas a quien acusa, el ministerio público, ya que sus actuaciones, realizadas en la penumbra de los separos y frecuentemente sin que las personas investigadas tengan la asesoría de un abogado, tienen enorme peso legal durante el proceso.
En lo cuantitativo es un sistema muy ineficaz, que no da atención adecuada a las denuncias que recibe. La probabilidad en México de que una persona cometa un delito y sea puesta a disposición de un juez es de 2%; las agencias del ministerio público y los juzgados están colapsados ante enormes cargas de trabajo que se acumulan por tener que procesarse conforme a procedimientos arcaicos. En México dedicamos entre el 70% y 80% a investigar, procesar y encarcelar a los autores de delitos menores, mientras el crimen organizado goza de cabal salud.
Las iniciativas de reforma que se plantean en México buscan hacer frente a estos dos desafíos: en lo cualitativo se propone un sistema garantista, que privilegie y garantice los derechos de todos los actores del proceso penal; así como diseñar un proceso adversarial y acusatorio en el que exista equidad entre las partes y transparencia en el proceso. En lo cuantitativo, se propone descongestionar los tribunales y las prisiones desarrollando sanciones alternativas a la prisión (como trabajos en servicio a la comunidad y pago de multas); simplificación procesal y mecanismos de justicia alternativa, acuerdos de reparación del daño y otras salidas alternativas en caso de delitos menores o no violentos.
En nuestro país, lo que más ha llamado la atención de estas iniciativas es que entre estas medidas, se incluye la propuesta de restaurar la oralidad en el proceso penal, marginada en la práctica por un sistema escrito en el que el expediente sustituye (o deforma) al debate entre las partes. Por ello, se refiere a la reforma por uno de sus elementos: “los juicios orales”.
Es fundamental que la reforma sea integral, es decir, que se mejore cualitativamente al sistema y también se descongestione para hacerlo más eficiente. Sin embargo, en México las autoridades locales han mostrado mayor interés por los mecanismos de descongestión, como una forma de quitarse trabajo de encima; en tanto que los cambios cualitativos del sistema son cuestionados o postergados. Aceptar estas reformas parciales implica el riesgo de hacer más eficiente un sistema penal injusto. El riesgo está ahí: en Jalisco existe un juicio abreviado (llamado sumario) que permite que los inculpados –sin asesoría legal- acepten penas reducidas a cambio de aminorar la carga de trabajo de los jueces; en Coahuila se tienen salidas alternas muy importantes, pero en ambas entidades se ha postergado la construcción de un proceso penal equitativo y transparente. En Nuevo León la reforma ha sido más equilibrada; en tanto que en Chihuahua y Oaxaca se han adoptado reformas integrales.
Algunas autoridades y críticos de la reforma advierten a la sociedad sobre la impunidad que sobrevendría con una justicia planteada en términos de mayor equidad. Indican que muchos casos, actualmente sustentados en confesiones obtenidas en los separos de la policía investigadora, serían desechados si se retira la validez a dichas confesiones hechas sin la presencia del juez. Efectivamente, un sistema, equitativo, transparente y más justo, demanda profesionalismo tanto de quien investiga los delitos, como quien lleva una acusación a tribunales y quien lleva una defensa (por eso el tema de profesionalismo y capacitación en las autoridades y calidad de los servicios que prestan los abogados públicos y privados es un tema central de la reforma). Es una decisión moral sobre dejar de subsidiar con nuestra indiferencia y tolerancia las insuficiencias, incapacidades e injusticias de nuestro sistema penal, para asumir la tarea de reformar a fondo nuestras instituciones procesales y los organismos encargados de procurar e impartir justicia en materia penal.
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