Reforma Penal: Desafíos para la sociedad civil después del 18 de junio

15 de junio de 2016

En tan solo unos días, México culminará un proceso de cambio estructural en la manera en que se procura, administra e imparte justicia en materia penal. El 18 de junio, el sistema penal acusatorio estará operando, al menos de manera formal, en todo el territorio del país y para todos los delitos. Sin embargo, a pesar de que durante ocho años de implementación fueron realizados enormes esfuerzos, también existieron ausencias y fallas que continuarán presentes después de esta fecha.

El principal riesgo después de llegado el día, es que se asuma el cumplimiento del plazo como una meta cumplida y que la reforma penal deje de ser una prioridad. Por lo tanto, el principal desafío para la consolidación del sistema de justicia acusatorio es continuar con los esfuerzos y evitar que las deficiencias que hoy existen se perpetúen en el tiempo. De ser así, la operación del sistema no será la idónea, lo que afectará negativamente su efectividad, además de que una operación deficiente propicia vulneraciones a derechos humanos tanto de víctimas como de imputados. Esto, en última instancia, tiene el potencial de menoscabar de forma irreversible la legitimidad del sistema acusatorio y comprometer su consolidación en el mediano y largo plazo.

El rol de la sociedad civil cobra así significativa relevancia, como observadores del proceso de operación del sistema de justicia penal después del 18 de junio. Como hemos insistido desde CIDAC, el seguimiento y la evaluación del sistema de justicia son procesos fundamentales y necesarios para una operación satisfactoria y para su mejora continua y permanente, lo que implica que esta labor no debe cesar una vez concluido el proceso de implementación, sino, por el contrario, intensificarse. A pesar de su importancia, entre 2010 y 2015, solamente el 1.4% de los recursos del subsidio de apoyo a las entidades federativas para la implementación se orientaron a crear capacidades de seguimiento y evaluación; mientras que el 27% de estos recursos fueron canalizados para establecer sistemas informáticos que deberían haber permitido generar información y datos estadísticos completos, oportunos y de calidad. Sin embargo, a nivel institucional continúan siendo deficientes o, incluso, inexistentes

los sistemas y mecanismos que provean de esta información, para la consecución de los procesos de seguimiento y evaluación, lo que a su vez implica una ausencia de rendición de cuentas por parte de las instituciones y obstaculiza el acceso a la información.

Debido a lo anterior, CIDAC propone continuar, desde la sociedad civil, con los esfuerzos de evaluación y seguimiento, como uno de los aspectos esenciales para alcanzar un sistema de justicia penal eficiente y de calidad que mejore continuamente. Para ello, con base en una actualización de los indicadores de su metodología para el seguimiento y evaluación del proceso de implementación, desarrolló una Metodología de seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México.

Una constante y periódica evaluación de la operación de cada una de las instituciones que conforma el sistema de justicia, hará posible no solo contar con información para una toma de decisiones adecuada, sino determinar en el mediano y largo plazo si la reforma penal ha alcanzado satisfactoriamente sus objetivos y principios y, en última instancia el acceso a una justicia más eficiente, eficaz y de calidad. De no continuar con un proceso de seguimiento y evaluación, y de continuar arrastrando las deficiencias existentes, corremos el riesgo de hayamos cambiado para que todo siga igual. No podemos permitir mantenernos en el status quo, necesitamos un cambio de fondo que erradique los vicios que aún se conservan del sistema anterior para lograr la exigencia de la sociedad, de tener una auténtica reforma penal, que garantice una justicia de calidad.