Por Paulina Sánchez y Karen Silva
En junio de 2008, cuando fue aprobada la reforma en materia de justicia penal, era claro que la transformación del sistema de justicia representaría un enorme esfuerzo institucional, el cual iba a requerir de una gran inversión tanto de talento, como de tiempo y de recursos. El cambio constitucional implicó una transformación integral en la forma de impartir justicia en México, a través de la reestructuración del sistema de justicia penal hacia uno propio de un Estado de derecho, en el que se respeten los derechos de todos los involucrados, esto es, el imputado, la víctima y los intereses de la sociedad en su conjunto. Finalmente, el objetivo de la reforma es crear en todas las instituciones nacionales las condiciones indispensables para que las personas acusadas de cometer un delito tengan la certeza de que no se violarán sus derechos, al mismo tiempo que los individuos que son víctimas de un delito puedan obtener una respuesta pronta y satisfactoria. Por ello, la inversión de recursos humanos, institucionales y financieros se convirtió en una acción fundamental e impostergable.
Incluso antes de 2008, ante la manifiesta necesidad de mejorar los servicios de justicia, algunas entidades federativas emprendieron importantes esfuerzos para implementar el sistema penal acusatorio. Como ejemplo basta mencionar los casos de Chihuahua y Oaxaca, en donde el sistema acusatorio tiene operando 108 y 100 meses respectivamente en algunos de sus distritos judiciales. Sin embargo, ni siquiera en estas entidades se han alcanzado los objetivos perseguidos por la reforma constitucional, por lo que los esfuerzos no están concluidos. Lo mismo ocurre en el resto del país, pues al día de hoy el avance de la implementación es la siguiente:
Únicamente seis entidades federativas –Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Yucatán y Nuevo León- operan con el sistema acusatorio en toda la entidad y para todos los delitos. Sin embargo, de ellas sólo Durango opera bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
- En 25 entidades federativas opera el sistema acusatorio de forma parcial. La única entidad que no ha iniciado la operación para ningún territorio o delito es Sonora.
- En todo el territorio continúa operando el sistema penal mixto o inquisitivo para algunos procesos –que iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio-.
- 23 estados ya operan bajo el CNPP, mientras que 16 más cuentan con un código local de corte acusatorio-. .
- A nivel federal, el sistema de justicia acusatorio se encuentra implementado sólo en 8 entidades –Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Baja California Sur-.
A tan solo unos meses de que entre en plena vigencia la reforma de justicia penal, lo anterior revela que los esfuerzos para lograr la implementación adecuada, aunque han sido significativos, no han sido suficientes. Por ello, es primordial persistir en los esfuerzos y en la inversión de recursos, pues no sólo se trata del cumplir con el plazo constitucional, sino que la prioridad debe ser que el sistema de justicia penal funcione de manera cabal.
Particularmente en el ámbito presupuestario, no se han cuantificado de manera específica los recursos invertidos hasta ahora a nivel nacional, por lo que sería complicado proyectar una estimación respecto al monto de recursos adicionales se requieren para completar de manera óptima y adecuada la implementación del sistema de justicia acusatorio. Sin embargo, al menos en lo que se refiere al subsidio federal administrado por la SETEC[i] para apoyar los procesos locales de implementación, en el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se observa una disminución de aproximadamente 4% respecto al del año anterior:
| Subsidio para implementación de la reforma al sistema de justicia penal | ||
| 2015 | 2016 | |
| Total del Subsidio | $ 746, 436,474 | $713,145,294 |
| Fuente. Elaboración propia con información de SETEC y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. [ii] | ||
Los recursos de dicho subsidio, cuyo otorgamiento y aplicación corresponde a la SETEC, han sido clave en los procesos de implementación en la mayoría de las entidades federativas.[iii] Pese a ello, la reducción en los recursos indica que los legisladores, en el presupuesto aprobado para 2016, parecen no dar prioridad a las necesidades financieras en materia de justicia.
Lo mismo sucede con el presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República, pues si bien en la exposición de motivos del PEF se reconoce explícitamente la necesidad de contratar ministerios públicos dedicados a la investigación de delitos dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como facilitadores penales en los mecanismos alternativos de solución, se mantuvo sin embargo un nivel de gasto similar, en términos reales, al monto aprobado en 2015.[iv]
Ante este escenario, resulta inexcusable la necesidad de que tanto la SETEC como las autoridades locales hagan un uso eficiente de los recursos financieros (federales, locales y de cooperación) disponible. Es fundamental que las acciones financiadas con estos recursos obedezcan a una adecuada y rigurosa planeación y que su ejecución y resultados sean objeto de un estricto seguimiento y evaluación. Es urgente, por ejemplo, observar el gasto corriente de cada una de las instituciones que operan en el sistema acusatorio en cada entidad federativa y a nivel federal, así como acelerar la transición del sistema mixto al acusatorio, para evitar estructuras administrativas duplicadas. Independientemente de la cantidad de recursos disponibles, es necesario exhortar a las instituciones que administrarán y a las que ejecutarán estos recursos, a utilizarlos con la mayor eficiencia, transparencia y responsabilidad en concordancia con una ejecución financiera responsable.
Adicionalmente, es indispensable que en los próximos meses, de cara al 2016, se establezca cuál es el grado de avance en el proceso de implementación del sistema acusatorio en México, lo cual sería de enorme utilidad para definir qué es lo que falta por hacer y qué se necesita para que en la realidad del día a día de los mexicanos, se materialicen los principios y derechos que fueron plasmados en el texto constitucional el 18 de junio de 2008. Una vez que se defina el grado de avance y las brechas específicas para cada operador en los diferentes ámbitos de la implementación y operación, es esencial diseñar una planeación con acciones y metas establecidas a mediano y largo plazo.
En México existen experiencias que demuestran que la cooperación, planeación y ejecución adecuada de la política pública en materia de justicia penal puede generar resultados muy favorables para la ciudadanía. Desafortunadamente, los casos de éxito así como son alentadores, también son excepcionales, lo que nos recuerda que aún falta mucho por hacer para tener una implementación óptima y completa en todo el territorio nacional.
Finalmente, como antes mencionamos, no se trata únicamente de cumplir con el plazo constitucional para la implementación en todo el territorio, se trata del derecho de los mexicanos a contar con un sistema de justicia penal óptimo, por lo que es fundamental persistir en los esfuerzos y que los resultados de la política pública demuestren la utilidad de continuar invirtiendo en materia de justicia.
[1] Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
[1] http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/04/r04_aae.pdf
[1] Entre 2010 y 2015, la SETEC ha distribuido 3 mil 600 millones de pesos del subsidio a las entidades federativas.
[1] http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/exposicion/EM_Capitulo_1.pdf
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