Es claro que en México sociedad y Gobierno no tienen los mismos objetivos. Hoy, la sociedad mexicana está preocupada por el desarrollo económico y social, mientras que el Gobierno y los partidos lo están por sus posibilidades rumbo al 2012. Para resolver el dilema, es la sociedad la que debe fijar la pauta, y para ello es necesario establecer prioridades.
Una economía que funciona tiene dos elementos clave: un sector privado productivo y competitivo, y un sector público que fija las condiciones para que eso suceda. México no necesita reformas de relumbrón, sino ajustes que permitan a la economía operar mejor. México requiere reformas con sentido común.
El sentido común indica que el país tiene dos prioridades básicas: diversificar el portafolio del comercio exterior y activar al mercado interno. Para la primera, hoy es claro que sólo abrir las fronteras no es suficiente para alcanzar el éxito comercial; hay que promover la competitividad empresarial. Una manera práctica de hacerlo es reformando la banca de desarrollo para que su rol no sea sólo el de financiar exportaciones, sino también financiar el desarrollo de una planta productiva cuya oferta sea congruente con la demanda de mercados más allá de los Estados Unidos. En esta parte es donde PROMEXICO podría cambiar su orientación de una agencia de publicidad a un organismo de promoción de ventas que soporte a los empresarios en la tarea de abrir mercados. Para que eso pase hay que fijar incentivos, una posibilidad es que PROMEXICO reciba una comisión marginal por los contratos que consiga y que esa sea la base de su presupuesto de operación.
Del lado del mercado interno la prioridad es fiscal, en tanto que la capacidad de operación de los Gobiernos (federal y locales) corre el riesgo de perderse ante la caída en la recaudación. El dilema es cómo hacer una tributación más democrática; es decir, cómo arreglar el sistema para que muchos paguen poco en lugar de que pocos paguen mucho. En este caso hay tres acciones concretas: (i) generalizar el IVA a todos los productos pero con una menor tasa, y que se complemente por un sistema de compensaciones reales para la población que menos tiene, (ii) eliminar el ISR con su larga lista de exenciones y dejar sólo un IETU estandarizado y ampliado en su régimen de deducciones, y (iii) fijar las condiciones para la incorporación de la economía informal, que representa una fuertísima pérdida de recaudación al ignorar un sector que se calcula en alrededor del 33% del PIB.
Existen otras reformas con sentido común en el tintero, y que valdría la pena discutir en otra ocasión. Lo importante ahora es darnos cuenta de que aún hay opciones. México requiere un nuevo contrato social; uno de carácter constructivista y colaborativo. La responsabilidad es de todos, y sin duda, los empresarios deben ser parte fundamental de este proceso.
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