En julio de 2004 Nuevo León llamó la atención del país al ser la primera entidad federativa del país en adoptar los procedimientos orales en materia penal. Con gran expectación se aguardaba por las primeras audiencias, así como por los primeros efectos de su instrumentación. El proceso de reforma neoleonés comenzó con propuestas de reforma impulsadas por la sociedad civil. Al llegar una nueva autoridad estatal, se conformó una comisión de consulta ciudadana, para después integrarse una iniciativa de reformas a códigos penales y diversas leyes de la entidad.
La reforma implicó la adopción de esquemas procesales de cariz acusatorio, se introdujeron elementos del proceso adversarial y se adoptaron procesos orales y salidas alternas al proceso, como la suspensión a prueba del proceso; aunque en una estrategia transitoria se optó por comenzar con el nuevo sistema únicamente para los delitos no intencionales.
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