En tiempos ancestrales, cuando de pronto el héroe en una tragedia se encontraba en dificultades, un deus ex machina, un dios, descendía del cielo para resolver el problema y cambiar el rumbo de la historia. La decisión del gobierno del presidente Calderón de responder en especie ante la negativa de extender el programa piloto en materia de auto transportes inaugura una nueva etapa en la relación bilateral con Estados Unidos. Luego de años de aceptar decisiones unilaterales en materia comercial, el gobierno mexicano decidió actuar. La pregunta es qué es posible lograr con esta acción. ¿Será ésta un deus ex machina?
Cuando una nación viola las normas que regulan el comercio internacional, existe una serie de mecanismos legítimamente constituidos para responder. Típicamente, las naciones responden de manera tal que se infrinja el mayor daño posible a la nación infractora: más que la represalia misma, el objetivo es corregir.
Sin embargo, eso no es lo que había caracterizado el actuar del gobierno mexicano en las últimas décadas. Hasta ahora, el gobierno no sólo había sido reticente a tomar el tipo de represalias que están contempladas en el TLC y en las normas de comercio internacional, sino que había sido cauteloso en respetar la lógica política interna de EUA. No así en esta ocasión. La decisión estadounidense de cancelar el programa piloto para el auto transporte disparó una reacción inusitada.
Los criterios que el gobierno empleó para decidir los productos que serán sujetos a aranceles hablan por sí mismos. Es claro que se dedicó mucho tiempo a identificar productos que no afectaran las cadenas productivas, que no incrementaran los precios internos y, sobre todo, que fueran sumamente molestos para muchos legisladores estadounidenses. Es decir, la lógica es absolutamente política: que se afecte lo menos posible a la economía mexicana y, al mismo tiempo, que se tenga el mayor impacto político posible en EUA.
Es evidente que se trata de una acción política que tiene importantes consecuencias, independientemente de que el gobierno las haya anticipado o no. El programa piloto tenía por objetivo reunir información empírica que pudiera servir de base para una decisión definitiva sobre el tema. Quienes se oponen a la incursión de los auto transportistas mexicanos en el territorio estadounidense aceptaron el esquema porque esperaban probar que los choferes mexicanos y sus vehículos serían un peligro en las carreteras de ese país. Quienes apoyan la apertura esperaban demostrar que no habría tal peligro. A nadie sorprenderá que la evaluación resultante sirviera a las dos partes para justificar sus prejuicios e intereses.
La decisión de cancelar el programa, que motivó la represalia mexicana, se dio en el contexto de la nueva mayoría demócrata en el congreso de EUA, partido que goza del apoyo (y financiamiento) de los trasportistas, los teamsters. Dicho lo anterior, es peculiar que se haya escogido el tema del auto transporte como móvil para estas represalias. La razón: ni los teamsters estadounidenses ni los camioneros mexicanos tienen la menor intención de competir en el territorio del otro. Por supuesto, lo que más le conviene al consumidor mexicano es que haya mucha competencia para que bajen los costos del trasporte, pero –irónicamente- ese ciertamente no es el objetivo de los transportistas que promueven la apertura.
Los teamsters compiten en su país y no tienen interés por abrir un nuevo frente. El movimiento contrario a esta apertura se originó hace dos décadas en Texas cuando un camionero mexicano conduciendo en estado de ebriedad chocó y mató a una familia. A partir de entonces, hay una acendrada oposición en los estados fronterizos a cualquier apertura, misma que los teamsters han convertido en estrategia.
Pero nosotros no nos quedamos atrás. De hecho, la protesta de parte de los transportistas mexicanos por la negativa estadounidense es producto de la estrategia más inteligente que un grupo de interés jamás haya concebido. Los transportistas mexicanos no quieren competir en EUA: lo que quieren es que no haya competencia en las regiones de México en que ejercen un efectivo monopolio. Su estratagema ha sido un ardid maravilloso para engañar a todo mundo. En lugar de quejarse por la competencia como hacen otros empresarios, los transportistas montaron una estrategia de ofensiva que quita la luz sobre su monopolio interno y los costos que eso entraña para el consumidor mexicano. Hay que quitarse el sombrero.
Por lo anterior, es peculiar que se empleara este caso como ejemplar, pero eso no quita que sea encomiable que el gobierno finalmente haya decidido actuar y poner un alto al proteccionismo potencial del actual gobierno norteamericano. El problema ahora es que no es obvia la salida a la situación que esta acción ha creado.
Lo primero que debemos esperar es que los políticos norteamericanos reaccionen, como ya comenzaron a hacerlo, con furiosas declaraciones. Acto seguido, comenzarán a buscar una respuesta positiva que evite molestias a sus productores a nivel local. La maravilla de la democracia representativa consiste precisamente en eso: los empresarios que van a perder mercado con este acto de represalia ya se están quejando con sus congresistas y los van a poner contra la pared. Los legisladores tendrán que sopesar las presiones de al menos tres fuentes: empresarios que pierden con esto, el sindicato de los transportistas americanos y, sobre todo en los estados fronterizos, la población simple y llana que, con razón o sin ella, teme a los choferes mexicanos. Es decir, los políticos estadounidenses tienen varias comunidades de representados con las cuales lidiar, cada una con intereses, dinámicas y lógicas distintas.
En este contexto, la pregunta es qué, en términos prácticos, se puede esperar como respuesta a la acción de represalia mexicana. Las notas periodísticas de los últimos días ya comienzan a sugerir por donde vendrá la solución: lo más que se puede esperar es que se reabra el programa piloto, es decir, un programa modesto que, en realidad, no afecta a los intereses involucrados. Reabriendo el programa piloto los transportistas de los dos países quedarán satisfechos y todo mundo se irá a su casa como si nada hubiera pasado.
Siguiendo a Lampedusa, el gobierno mexicano habrá mostrado un gran cambio de actitud, una disposición a tomar decisiones duras y a dejarle un ojo morado a nuestros vecinos para que, a final de cuentas, todo acabe quedando igual. En todo esto cabe preguntarse quién en el gobierno mexicano vela por los intereses de la ciudadanía y de los consumidores.
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