Todos los gobiernos acaban encontrando resistencias. Algunos son muy ambiciosos y pretenden cambiar muchos componentes del statu quo, en tanto que otros simplemente se enfrentan a grupos que, con razón o sin ella, tienen intereses –y en ocasiones privilegios- que proteger. La resistencia al cambio, cuando no oposición, es una constante de la naturaleza humana. El gobierno pretende avanzar su proyecto y quienes se verían afectados pretenden evitar perder. Nada más legítimo que esas diferencias en la vida de un país. Lo que hemos vivido en estos meses con el intento de llevar a cabo una serie de reformas muestra que ningún cambio es simple, pero la oposición al cambio siempre es fuerte y, en ocasiones, devastadora. Peor cuando el cambio propuesto es poco consistente. Lo que he observado me trajo a la memoria una afirmación de Kissinger quien, refiriéndose a otro asunto, dijo que era “lamentable que ambas partes no pudieran perder”. La pregunta es cómo salir del laberinto.
Nada ilustra mejor la futilidad de la confrontación entre quienes intentan reformar y quienes se resisten que el tema de los impuestos. Ahí tenemos una ventana excepcional para analizar la dinámica política que caracteriza al país, la seriedad de la propuesta gubernamental y las dimensiones de la potencial afectación de los diversos grupos de la sociedad.
Parto del principio que el país requiere reformas fundamentales porque el statu quo no conduce al desarrollo económico, a la prosperidad o al bienestar general. Nuestra paradoja -no exclusiva de México- es que todo mundo quiere algo mejor pero nadie está dispuesto a cambiar lo existente. La necesidad de llevar a cabo reformas es evidente.
Casi todas las reformas que ha venido avanzando el gobierno se han dividido en dos mitades: una enmienda constitucional que establece un nuevo paradigma para el sector o actividad y luego una reforma a las leyes reglamentarias para hacer efectivo el nuevo modelo. Lamentablemente, lo que destaca en muchas de las reformas que se han aprobado y las que están en proceso es un ánimo de restauración más que uno transformador. La retórica dice transformación, desarrollo y progreso pero el texto de lo que se legisla dice control y centralización del poder. Es posible que estos sean medios idóneos para construir el andamiaje institucional que haga posible romper con las lacras acumuladas, pero no deja de ser evidente un intento por recrear el viejo sistema priista, como si sus resultados fuesen encomiables o, más importante, como si se pudiera retornar a un pasado distante que no guarda semejanza alguna con la realidad de globalización, comunicación instantánea y participación social que es la realidad de hoy.
Vuelvo al caso de los impuestos porque es revelador: el gobierno parece haber analizado todos los espacios en que existe un pago de impuestos menor al esperado o debido y presentó un conjunto de modificaciones que afectan a (casi) todos. En lugar de escoger sus batallas, abrió frentes por todas partes. Algunos de éstos –como el IVA a colegiaturas- fueron claramente diseñados para ser cerrados por la oposición, regalándole dulces y banderas a cambio de modificaciones más significativas. No es una táctica nueva y siempre ha sido útil en un sistema tan dado a la imposición y confrontación verbal más que sustantiva.
Muchos de quienes se resisten tienen argumentos razonables que el gobierno (y los pactistas) no tuvieron el cuidado de analizar y evaluar. Por ejemplo, yo no se si cosas como la depreciación acelerada de cierto tipo de inversiones o la consolidación fiscal son buenas o malas, pero no tengo duda de que se trata de instrumentos de política pública concebidos para inducir o avanzar ciertos tipos de proyectos y objetivos, razón por la cual existen en casi todos los países del mundo. Puede ser deseable eliminar estos mecanismos, pero habría que entender qué es lo que dejará de ocurrir como consecuencia. Por supuesto que aumentaría la recaudación, pero habría que preguntarnos qué dejaría de haber.
En sentido contrario, me parece loable que se eliminen (algunos) regímenes especiales de tributación, que no son sino privilegios para grupos favoritos del régimen político. Pero, al mismo tiempo, es paradójico que la retórica que acompaña a la propuesta de reforma hacendaria propugne por incentivar la formalización de los informales justamente cuando se hace más complejo y, por lo tanto, menos fácil, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo mismo se puede decir del lado del gasto, donde no se toca a los gobernadores que actúan con discrecionalidad total. Paradojas que arroja la vida cuando se adopta una perspectiva burocrática de las cosas.
En el fondo, quizá la mayor debilidad del planteamiento gubernamental radique menos en su afán por elevar la recaudación que en la lógica chipotuda de su propuesta. Una propuesta pareja, como va el dicho, sería fácil de defender. Lo indefendible de la iniciativa presentada por el ejecutivo reside en la cantidad de excepciones que genera: en lugar de eliminarlas, cambia unas por otras. El caso del IVA es emblemático: para que un impuesto en cascada como el del IVA satisfaga el objetivo de obligar a todos los causantes en una cadena de compradores y vendedores a pagar el impuesto, éste tiene que ser aplicado de manera universal. No ignoro los efectos sociales de una acción en ese sentido, pero me parece que habría que pensar en formas de lidiar con esas consecuencias en lugar de mantener o crear excepciones. Cuando el régimen se aplica parcialmente, resulta imposible defender los casos excepcionales, tanto en los que se propone causar el impuesto como en aquellos en que se exenta. Ambos son una farsa no carente de tintes clientelares y políticos.
El ánimo reformista del gobierno es loable porque es imperativo reformar estructuras económicas y políticas que en la actualidad no conducen al desarrollo. Pero esas reformas tienen que efectivamente romper con los impedimentos; a la fecha no es evidente que el contenido de las reformas conduzca a un cambio de fondo pero sí es claro que ha logrado sumar oposiciones por doquier, así como envalentonar a grupos disidentes que ven en el ánimo clientelar del gobierno oportunidades de hacerse de fortunas y espacios de poder. El gobierno se ha metido en un laberinto que va a obligarlo a definirse y a modificar sus prioridades. Los huracanes jugarán una parte medular en este proceso porque, además de causar un daño inenarrable, provocarán demandas políticas que no estaban contempladas con anterioridad. Tan pronto regrese la calma sabremos de qué está realmente hecho este gobierno.
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