La mañana del 3 de julio todos los mexicanos amanecimos con la certeza de haber presenciado un proceso electoral digno de una democracia; miles de ciudadanos, además con la satisfacción de haber participado directamente en la organización de la jornada. Tres semanas después, el escenario es muy distinto: las autoridades electorales y los comicios han sido fuertemente cuestionados por su supuesta falta de transparencia y equidad. Nos encontramos en medio de un clima muy diferente del que hubiésemos deseado.
Hoy todo el sistema político es puesto en duda y, con ello, se disputa no sólo la fortaleza del entramado institucional sino la resistencia de todo el sistema democrático.
El candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido emprender una estrategia política y jurídica para impugnar el resultado presidencial. Las dos rutas enarbolan la exigencia de un nuevo conteo, ya sea de la totalidad de los votos o bien de las casillas impugnadas, o si la fatalidad es inevitable, la declaración de invalidez de toda la elección presidencial. Se alega parcialidad de parte del árbitro electoral en favor del candidato del PAN, y toda una serie de irregularidades que ponen en entredicho la legalidad de los comicios.
La actitud beligerante del PRD está generando altos costos políticos y se está traduciendo en incertidumbre e inestabilidad que se materializan en movilizaciones masivas y en la creciente polarización social que se respira en el ambiente. En el largo plazo el costo es todavía más grave porque implica dar marcha atrás en el camino de la construcción de instituciones democráticas sólidas y confiables.
La ruta hacia la consolidación democrática pasa por el ejercicio de la alternancia, la creación de mecanismos que permitan equilibrar el poder, implica transparencia, apertura, legalidad así como responsabilidad económica, política y social, entre otras virtudes. Todas ellas se concretan en el establecimiento de nuevas reglas institucionales que guiarán la acción política.
Cuando del PRD reprueba la labor de las instituciones electorales y el actuar de sus miembros, cuando alega la corrupción de los organismos democráticos construidos hace poco más de una década, condena las reglas del juego democrático. Al ir en contra de la democracia, López Obrador ha equivocado el enemigo.
Es importante entender que López Obrador ya no busca convencer a más sectores sobre la justeza de sus demandas, sino endurecer a su base radicalmente más fiel. Le está hablando a su 18% histórico, no parece importarle el otro 17% que logró sumar en el proceso electoral. Ese sector, según demuestran las encuestas recientes, parece estarse distanciando paulatinamente de la estridencia y beligerancia de AMLO. Se trata de ciudadanos que demandaban una profundización de los cambios con un sentido social, pero que valoran profundamente las instituciones y la paz social. Y éstas no parecen figurar entre las prioridades de López Obrador.
La apertura democrática y el establecimiento de reglas del juego más justas en la competencia partidista permitieron que la izquierda mexicana se convirtiera en una opción política viable. La democracia es la causa principal de que el PRD se haya convertido en segunda fuerza nacional. La democracia ha sido el puente para los triunfos del PRD en el Congreso y en los gobiernos estatales. Por ello la democracia, sus reglas y sus instituciones no deben ser el blanco de los ataques del perredista.
El destino de la democracia es incierto y la posibilidad de un retroceso en la consolidación democrática no se puede descartar por completo. Pero afortunadamente son más los mecanismos de autodefensa que posee nuestra todavía endeble democracia. La existencia de actores, instituciones y procesos democráticos operan como blindaje contra los excesos: libertades civiles y políticas protegidas por un texto constitucional, la presencia de organismos y actores como: sindicatos, estudiantes, empresarios, Iglesias, los mismos partidos, legisladores, instituciones como la Suprema Corte, organizaciones civiles, medios de comunicación, ONG’s, entre otras.
La transición democrática en México respondió al acuerdo y al compromiso entre diferentes actores políticos. Y serán esos mismos actores colectivos los que funcionarán como contrapeso en la defensa por la democracia.
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