Siempre me ha llamado la atención la forma en que nos conducimos los mexicanos, igual cuando bloqueamos el flujo vehicular al estacionarnos en segunda fila que cuando un partido político aboga por absurdas y contraproducentes iniciativas de ley o un hotelero destruye bosques enteros para agregar más habitaciones. ¿Por qué estamos llenos de comportamientos que parecen abiertamente irresponsables, dañinos a todos, excepto a la persona inmediata?
La esencia de la libertad humana radica en que cada quien decida de acuerdo a su interés individual, siempre y cuando no afecte a terceros. En los miles de ejemplos de comportamientos irresponsables o claramente dañinos a los intereses colectivos que se pueden observar a diario en el país, el gran problema es cómo definir ese interés colectivo y quién lo decide. En una sociedad en que las reglas del juego están perfectamente definidas y establecen lo que se vale hacer y lo que no, el interés de terceros es claro; sin embargo, en una sociedad en que esas reglas del juego no son claras y las que hay están redactadas para que no haya definiciones posibles, el interés colectivo es siempre difuso. La pregunta clave es por qué no tenemos esa definición clara de las reglas o, puesto de otra forma, qué es lo que incentiva y facilita la adopción de posturas irresponsables.
Otra manera de plantear esta pregunta es: ¿qué es lo que hace posible que nadie tenga que ser responsable de sus acciones? Me parece que hay dos formas de responder a esto, una genérica y otra específica. Por el lado genérico, nadie puede dudar que el país ha cambiado mucho en las últimas cuatro décadas: en ese periodo ha habido un sinnúmero de reformas estructurales, liberalizaciones, tratados, pactos políticos, reformas electorales y negociaciones de todo tipo que han transformado el panorama económico, político y social. Algunos aprueban de estos cambios, otros los denostan, pero el cambio es real.
Lo interesante desde mi perspectiva es que, a pesar de todos esos cambios y transformaciones, el paradigma esencial de nuestro sistema de gobierno ha cambiado poco. Me explico: muchas de los cambios experimentados han modificado la estructura del poder a través del sistema electoral y alterado la estructura económica a través de la liberalización de importaciones. Sin embargo, el criterio que animó todas esas reformas, y que sigue orientando las decisiones al día de hoy, es el del control vertical de arriba hacia abajo. Por más que haya elecciones competidas, la forma de gobernar sigue siendo la de la imposición; la economía se abrió, pero no para todas las cosas. Un ejemplo dice más que mil palabras: el TLC, el principal motor de la economía mexicana, constituye un régimen de excepción en el país porque está perfectamente regimentado en términos de Estado de derecho, pero sólo se pueden acoger a éste empresas que satisfagan ciertos criterios. Todo el resto de los mexicanos vivimos bajo un régimen de ocurrencias cambiantes según quien esté en el poder.
En lo específico, pero derivado de la lógica de control, nuestro sistema de gobierno se diseñó desde su inicio en los treinta del siglo pasado para que quien controla sea el único responsable. Es decir, el gobierno emanado del sistema priista se hizo cargo de la seguridad, del progreso económico, del orden social y del futuro. Así, el gobierno era (¿es?) responsable de todo en el país. Esa responsabilidad de deriva del ejercicio casi absoluto del poder que caracterizó al sistema callista-cardenista; poder y responsabilidad van de la mano: a mayor concentración del poder, mayor la responsabilidad del gobernante.
Visto desde el otro lado de la barrera, el mexicano no tiene razón alguna para ser responsable y menos cuando no hay consecuencias. El gobierno manda, el gobierno impone y cambia las reglas: por lo tanto, nadie fuera del gobierno es responsable y cada quien es libre de hacer lo que le plazca. Y lo hace.
El caso de Ayotzinapa ejemplifica esto bien porque, tratandose de delincuencia organizada en Guerrero e Iguala, en condiciones normales habria sido un escandalo local. De haber ocurrido en el sexenio de Fox, quien no pretendía controlarlo todo, nadie lo habria culpado. El gobierno actual pretende controlarlo todo, lo que hace que todos los asuntos acaben siendo de su responsabilidad.
Es obvio que en esta era nadie puede controlarlo todo, razón por la cual la pretensión es absurda. La única solución posible radica en un cambio de paradigma.
El cambio de visión en materia de drogas abre una excepcional oportunidad porque entraña un nuevo paradigma que podría extenderse a todo el sistema de gobierno. Cuando algo está prohibido, la responsabilidad de hacer cumplir las leyes recae en el gobierno; cuando algo está permitido, cada quien es responsable. En el caso de las drogas, a partir de ahora los padres tendrán que ser responsables de su vida y la de sus hijos: de educarlos y enseñarles el costo y riesgo de la drogadicción. Esto implica que, al menos en materia de drogas, cada quien se tendrá que hacer cargo de sus actos y responder por las consecuencias de los mismos.
Bien encauzada, esta novedosa visión podría convertirse en el comienzo de un nuevo paradigma político, un paradigma que parta del principio que cada quien es responsable, igual en la política que en la economía y la sociedad; que cada quien tiene que pagar los costos de sus excesos y que la autoridad está ahí para establecer reglas claras y hacerlas cumplir. Enorme oportunidad.
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