El 15 de julio de 2015 prometía ser uno de los días clave para la agenda de reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, y especialmente para la reforma energética –que permitió la entrada de capital privado en el subsector hidrocarburos por primera vez en casi ocho décadas.
Sin embargo, la primera etapa de la licitación, en la cual se pusieron a disposición 14 bloques de reservas prospectivas en aguas someras, se quedó corta pues únicamente alcanzó el 14.29% de los bloques licitados cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) había estimado licitar entre el 30 y el 50% de éstos (ver mapa). Más allá de la falta de cumplimiento de las expectativas –creadas por el mismo Ejecutivo, la primera fase de la Ronda Uno pone en evidencia el riesgo que representa cimentar el dinamismo económico en la apertura del sector energético. Especialmente, si se considera que el gobierno mexicano no tiene influencia sobre dos de los principales factores que influyen en el proceso de apertura: el atractivo geológico de los recursos y el contexto internacional del precio internacional del petróleo. En este sentido, el único elemento que impacta en el proceso de apertura y que sí cae en manos de las autoridades nacionales es el esquema contractual y qué tan atractivo puede resultar para la iniciativa privada.
Fuente: Secretaría de Energía
Atractivo geológicoLa primera licitación incluyó 14 bloques para exploración en aguas someras que se extienden entre 116 y 501 kilómetros cuadrados y que, de acuerdo a la CNH, representan alrededor de 384 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.[1] Dicho de otra forma, estas áreas contractuales son de baja rentabilidad y presentan un riesgo elevado, lo cual explica, en parte, porque ninguna de las grandes empresas petroleras como Royal Shell, British Petroleum, Exxon Mobile y Chevron, entre otras, presentaron una oferta en la licitación. Sin duda, el mayor atractivo de la industria petrolera en México se encuentra en los yacimientos de aguas profundas, mismos que se estiman en 26 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y que resultan en los más redituables para las empresas. No obstante, el trasladar las expectativas ciegamente a los campos de aguas profundas –cuyo proceso de licitación ocurrirá en enero de 2016– sin examinar los procesos y detalles del esquema de licitación, sería un error por parte del gobierno y de la CNH.
Contexto internacional del sectorCuando se promulgó la reforma constitucional en materia energética en 2013, el precio internacional del crudo oscilaba entre los 100 y 110 dólares por barril. Actualmente el precio de la mezcla se encuentra en 52.19 dólares por barril y no se prevé que aumente en el corto plazo (ver Gráfica 1).[2] Esto se debe principalmente a tres factores: 1) el hecho de que la demanda por energéticos a nivel mundial no ha aumentado –por un lado gracias a una tendencia de sustitución de energéticos de origen fósil por opciones alternativas y, por el otro, por un bajo crecimiento económico a nivel mundial denotado por China y Europa; 2) Estados Unidos es cada vez más autosuficiente energéticamente y ha reducido sus importaciones de petróleo; y, 3) la decisión de Arabia Saudita y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de incrementar su producción de petróleo y crear una sobreoferta a nivel mundial como estrategia geopolítica para competir con los productores de aceite de lutitas de Estados Unidos (ver Gráfica 2). Sin duda, la desafortunada coincidencia de iniciar las licitaciones con un precio del crudo tan bajo era imprevisible para el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, este escenario es uno que se puede repetir fácilmente en el futuro y evidencia cómo el nuevo mercado de petróleo en México no está aislado de las presiones e impactos en la oferta y demanda mundiales.
Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Energy Information Administrativo
Fuente: Elaboración propia con datos de U.S. Energy Information Administration
Esquema contractualUno de los aspectos más importantes y que determinará qué tan atractivo resulte el sector petrolero para el mercado internacional tiene que ver con el esquema contractual y la certidumbre que puede ofrecer a los inversionistas privados. En este sentido, la Ronda Uno demuestra cómo, aunque el Estado mexicano inició la apertura del sector, el gobierno federal no está dispuesto todavía a deshacerse del control de los flujos presupuestarios que el sector petrolero ha significado para las arcas del Estado. Esto es, los valores mínimos para la participación del Estado en la utilidad operativa y la inversión –ya considerando el pago por regalías e impuestos– eran demasiado elevados conforme a estándares internacionales, y contribuyeron a que la licitación en 12 de los 14 bloques quedara desierta. De hecho, se presentaron cuatro propuestas para cuatro bloques distintos que fueron desechadas porque las empresas proponían una participación del Estado en la utilidad operativa que era menor al piso establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Resulta evidente que el mensaje de los actores privados fue que estarían dispuestos a inyectar capital a los proyectos de aguas someras si se considera un esquema de participación del Estado en la utilidad operativa menos exigente. Es responsabilidad de SHCP analizar si dichos porcentajes se mantendrán para las siguientes fases, pero lo cierto es que tal anuncio señalará qué tanto privilegiará la Hacienda Pública el manejo sustentable –desde el punto de vista financiero incluso– de un recurso natural no renovable como es el petróleo. Dicho de otra forma, la posible modificación del porcentaje de participación del Estado en la utilidad operativa de los contratos de futuras licitaciones indicará qué tan presionado se encuentra el gobierno federal por obtener recursos presupuestales. En la medida que las finanzas públicas sigan “petrolizadas”, menor será el margen de negociación que el país tendrá para garantizarse las mejores condiciones.
Los resultados de la Ronda Uno demuestran cómo la implementación de la “Joya de la Corona” de las reformas estructurales de Peña Nieto no ha resultado tan atractiva como se esperaba para los inversionistas internacionales. El gobierno federal tendrá que decidir si decide replantearse el régimen fiscal que sentó las bases para el nuevo sector energético, so pena de “celebrar una fiesta con pocos invitados”.
[1] Es el volumen de gas (u otros energéticos) expresado en barriles de petróleo crudo a 60oF, y que equivalen a la misma cantidad de energía (equivalencia energética) obtenida del crudo. Este término es utilizado frecuentemente para comparar el gas natural en unidades de volumen de petróleo crudo para proveer una medida común para diferentes calidades energéticas de gas.
[2] Precio al 13 de julio de 2015 según el West Texas Intermediate Daily Price.
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