Groucho Marx, el comediante del siglo pasado, lo dijo con absoluta claridad: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos por todas partes, diagnosticarlos de manera incorrecta y luego aplicar los remedios equivocados.” El gobierno tiene una gran claridad sobre varios de los problemas que aquejan al país pero es crítico preguntarnos: ¿qué pasa si su diagnóstico es errado?
Desde luego, el gobierno de López Obrador no sería el primero en errar en el diagnóstico para luego aplicar una estrategia equivocada, pero lo que sin duda lo caracteriza es su arrogancia moral: no sólo posee la verdad absoluta, sino que todo el resto es ilegítimo, es parte interesada o es conservador. Su riesgo de errar es por lo tanto mayor.
En materia de seguridad llevamos décadas dando palos de ciego. Unos gobiernos intentaron construir policías nuevas, otros procuraron centralizar el mando; algunos recurrieron al ejército, otros prometieron regresarlo a sus barracas. Algunos pretendieron comprar a los miembros del crimen organizado, otros desmantelaron las policías existentes. En una palabra, ha habido de todo en los últimos treinta años, excepto claridad sobre lo que se buscaba o continuidad en las políticas. Más ocurrencias que estrategia y lo nuevo no es distinto.
El problema de la seguridad en el país tiene muchas dimensiones pero, enfocado en términos históricos, su carácter resulta transparente, sugiriendo la verdadera naturaleza del desafío. El asunto de la seguridad surgió en paralelo al deterioro que, poco a poco, fue experimentado el régimen post revolucionario, sobre todo a partir de los setenta, pero con celeridad desde los noventa. El orden y respeto a la autoridad que existían hasta esos años se debían a la naturaleza autoritaria del régimen, es decir, al miedo que la ciudadanía le tenía a las policías y al gobierno en general. Los priistas hablaban de la fortaleza de las instituciones, pero, en retrospectiva, es evidente que no había instituciones fuertes, sino una estructura muy eficiente y eficaz de control que, además, gozó de enorme legitimidad por muchas décadas.
El gobierno central mantenía un estrecho control sobre todos los factores clave de poder y funcionamiento de la sociedad, lo que le permitía administrar la criminalidad con efectividad, subordinar a los gobernadores (y usarlos como instrumentos de su mando) y dictarle reglas del juego al crimen organizado que, en aquella época, eran esencialmente colombianos cuyo interés se limitaba a transitar por el país para llegar al mercado objetivo. El gobierno mexicano no negociaba con los narcos como muchos imaginan, sino que establecía reglas del juego que, en concordancia con la naturaleza del régimen, implicaban pagos a actores locales o federales para agilizar el proceso. La seguridad era producto de la fortaleza del régimen central y no de la existencia de una estructura profesional, eficiente y “moderna” de policías o procesos judiciales. Es ese control autoritario el que AMLO pretende recrear.
En la medida en que aquel régimen se fue resquebrajando -por el crecimiento de la población, la lógica de la economía global, la incipiente apertura política- su capacidad de control se fue mermando. Es decir, nunca hubo una decisión explícita que modificara la naturaleza del régimen: su deterioro fue producto de su agotamiento gradual y de decisiones en otros ámbitos que impactaron su fortaleza. Y ahí yace el problema de fondo: mientras que el país ha ido cambiando en todos sus ámbitos -participación política, libertad de expresión, cambio tecnológico, globalización económica- el gobierno se quedó atorado en sus mismas estructuras de antaño.
El problema de la seguridad (como tantos otros) surge del agotamiento de un sistema de gobierno que no se ha transformado en los últimos cincuenta años y que ya no empata con la realidad del país de hoy. Involucrar al ejército en asuntos de seguridad fue una decisión desesperada para enfrentar un problema real, pero sin que mediara un reconocimiento de la naturaleza del fondo del asunto. En este contexto, es absolutamente legítimo y meritorio el debate sobre la guardia nacional: encumbrar al ejército como factótum en este asunto no es solución, es tan solo otra medida desesperada.
El problema de fondo es la inexistencia de gobierno -mucho más grave en algunas latitudes que en otras, como ilustra Tamaulipas vs Querétaro, por citar dos casos prototípicos- y no las drogas, la corrupción o la violencia por sí mismas.
El gobierno del presidente López Obrador tiene que enfocar el problema correcto para poder resolver el asunto que aqueja a toda la población y que consume recursos, ánimos y vidas como ningún otro. Por supuesto que el ejército tendrá que ser parte de la solución, pero no puede ser la solución en sí misma: no está capacitado para funciones policiacas ni le responde a la ciudadanía. De la misma forma, meramente tratar de reconstruir el viejo gobierno todopoderoso de los sesenta es absurdo porque no es posible: las condiciones que lo hacían viable dejaron de existir cuando creció y se desarrolló la sociedad y no hay nada que el gobierno pueda hacer para recrear aquel esquema, a menos de que pretenda imitar a Pinochet.
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