Un viejo apotegma que emplean los rusos para describir su forma de ser afirma que “primero rompemos los huevos y después comenzamos a buscar el sartén”. Ese, exactamente ese, parece ser el proceder de nuestros legisladores. Las iniciativas se aprueban y después se comienza a reparar sobre sus potenciales consecuencias. Lo importante es sacar la iniciativa. Durante la era presidencialista, ese modo de proceder tenía soluciones porque los errores eran fáciles de corregir: se enmendaba la ley o simplemente no se aplicaba. Ahora estamos metidos en muchos hoyos porque ya no es fácil, o incluso posible, corregir errores, algunos de ellos graves, y cualquiera puede exigir cumplimento (¿?) de la ley.
Las iniciativas de ley se presentan siempre con objetivos distintos a los que formalmente se argumenta. En los noventa, cuando se intentaban grandes reformas, el contraste entre el discurso y el contenido de las iniciativas era notable por extremo. Se prometía que con tal o cual reforma el mundo se transformaría, por obra y gracia de un documento que el poder legislativo habría de sancionar. Nunca se asumían compromisos ni se evaluaba los costos o requerimientos del éxito del proyecto.
La apertura de la economía a las importaciones fue uno de los grandes cambios que se emprendieron en los 80. A diferencia de los canadienses, que dedicaron enormes recursos tanto materiales como humanos para asegurar que todos sus ciudadanos tuvieran la oportunidad de ser exitosos, aquí lo único que se hizo fue crear el Procampo como medio para apoyar al campesino más pobre, aunque en menos de un año ya se habían modificado las reglas para subsidiar a los agricultores más ricos.
Hay casos emblemáticos que muestran que éste modo de proceder no se acabó con el fin de la era del presidencialismo. El desafuero de AMLO fue una de esas iniciativas que se emprendió porque un presidente así lo quiso, pero también porque ninguno de los muchos políticos experimentados y sesudos que participaron directa o indirectamente en el proceso dijo “esto no tiene sentido y va a ser contraproducente”. El cambio de estatuto del DF se aprobó porque era políticamente correcto, no porque fuera una buena idea; años después, cuando comenzaron los conflictos entre las autoridades federales y las locales, que ahora han propiciado la criminalidad, lo que tenemos es discusiones del tipo de las que debió haber habido en ese momento. La reforma electoral del año pasado se llevó a cabo para intentar satisfacer al único jugador que jamás iba a quedar satisfecho con la vía institucional. Ahora es frecuente escuchar quejas ya no de la sociedad sino de los propios partidos políticos sobre las consecuencias de la ley en ámbitos tan elementales como el de la publicidad. Rompieron los huevos y ahora no pueden encontrar un sartén.
Algunas de estas aprobaciones se deben a que se ha utilizado a la ley como moneda de cambio: voto por la tuya siempre y cuando tú hagas lo mismo, aun sabiendo de antemano que lo aprobado es inviable o simplemente inadmisible para la mayoría de los mexicanos. Otras se aprueban con absoluto desconocimiento de sus consecuencias, incluso para aquellos que votaron a favor. También están las que obedecen a un objetivo mezquino, como el de amarrarle las manos a quien detenta el gobierno, no obstante que la alternancia es una realidad y funciona de manera eficiente al menos en ese plano. Sin embargo, las peores tal vez sean las que se aprueban a cambio de prebendas particulares y de grupos. A esto se suma el que algunos legisladores se pavoneen de que no hace diferencia si se aprueba tal o cual ley “pues al fin y al cabo su puesta en práctica es imposible”. La suma de caprichos, ignorancia y complicidad crea un mundo de impunidad que mina la justicia y la prosperidad. Lo que los legisladores no aprecian es el descrédito que esa forma de actuar genera para su función y para las leyes mismas. Si una democracia tiene como garante supremo a la ley, esta perversión destruye toda posibilidad de construir una sociedad democrática y desarrollada.
En países con tradición legislativa democrática, el proceso de aprobación de leyes no se realiza en lo obscurito. Al revés, se abre a toda la sociedad, se invita al comentario y al análisis y se debate en público, de frente a la ciudadanía. Las leyes se promueven como instrumento para la mejora de la vida pública o económica, pero no se aprueban sin al menos debatir las consecuencias. Más importante, todos aceptan el resultado del voto. Esto no quiere decir que todas las leyes que se aprueban en países serios logran su cometido. Baste recordar el contraste entre los programas diseñados para que Alemania absorbiera a su par oriental y lo que realmente costó (decenas de veces más de lo presupuestado) para ver que no todo se puede anticipar.
Lo que es diferente con nosotros es que muchas de nuestras leyes no son vistas como un medio para lograr el objetivo públicamente descrito, sino como parte de una carambola de varias bandas donde lo importante no es la ley que quede o, lo que sería mejor, una mejoría perceptible en la realidad, sino que alguien quede contento con el hecho mismo. Esa es una de las razones por las que tenemos miles de leyes que se empolvan en los estantes, pero no un país desarrollado en el que todo mundo se atiene a lo que éstas dicen.
Aprobamos y luego pensamos. Esa es nuestra manera de ser. Y peor: aprobamos y nos olvidamos del asunto hasta que la realidad nos alcanza. En el pasado, este tipo de circunstancias y errores ocurrían con frecuencia. La diferencia es que existían mecanismos políticos para resolverlos: existía el poder suficiente, en ese caso en la presidencia, para corregir el error o invalidar, para todo fin práctico, la aplicación de la ley. El problema es que eso no funciona en una sociedad de la complejidad que ha adquirido la mexicana y para cuyo bienestar se requiere un sistema legal confiable.
La manera obvia de enfrentar esta problemática consistiría en institucionalizar el proceso de aprobación de las leyes, evitando en el camino las leyes berrinchudas, quizá por medio de una instancia analítica independiente, pero dentro del propio aparato legislativo, que tendría por responsabilidad analizar y publicitar el efecto de cada ley. Eso es lo que hacen la “CBO” y la “GAO” en el poder legislativo norteamericano y son respetadas por los dos partidos políticos por la seriedad e independencia de sus evaluaciones, independientemente de que no siempre satisfagan a sus “clientes”. Aprobar iniciativas crea un cierto glamor pero si no resuelve problemas el hecho mismo acaba siendo contraproducente.
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