Desde Platón, la idea de una sociedad abierta entraña transparencia, capacidad de respuesta y un gobierno tolerante y respetuoso de la ciudadanía. Karl Popper amplió, desarrolló y acotó el concepto con sus observaciones a lo largo del siglo XX. Para él lo crucial no era la calidad del gobierno sino la capacidad de la ciudadanía de impedir que éste abusara de ella o se perpetuara en el poder. Así, la pretensión de establecer una sociedad abierta, con transparencia y rendición de cuentas, parecería mucho más optimista de lo que Popper creía posible. En un país que todavía no ha logrado acercarse a ese nivel de civilización, quizá la pregunta relevante sea qué pasa cuando, a pesar de las apariencias, todo conspira contra la apertura y la transparencia, incluso por muchos de quienes la demandan de manera constante y sistemática.
El atractivo de vivir en una sociedad abierta es enorme. Pero el primer obstáculo que México enfrenta en este sentido es que el nuestro es un país en buena medida insular y ensimismado, sobre todo entre sus élites. El contraste entre la clase política, los altos empresarios y la intelectualidad con el ciudadano común y corriente se puede apreciar de manera tajante en la migración, factor que evidencia contundentemente como la ciudadanía “de a pie” es infinitamente más cosmopolita que su contraparte más ilustrada. Mientras que un mexicano de Oaxaca que emigró en los últimos años a Nueva York sin papeles y viviendo en un entorno de incertidumbre laboral, económica y jurídica entiende el funcionamiento del mercado porque lo vive de manera cotidiana, mucho del empresariado, la intelectualidad y los políticos rechazan sus virtudes de entrada. La contraposición difícilmente podría ser mayor.
Pero esa es nuestra realidad. La mexicana es una sociedad menos abierta y transparente de lo que con frecuencia se presume y muchos de los mecanismos de interacción social se definen más por su naturaleza de estancos que por su funcionamiento institucional. Recojo algunos ejemplos de naturaleza diversa.
En un insigne, provocador, inteligente e ingenioso artículo intitulado “Kafkacyt”, publicado hace más de treinta años, Ruy Pérez Tamayo argumentaba que la institución creada para la promoción de la ciencia y el aprendizaje era no más que un bodrio burocrático dedicado a patrocinar grupos de interés para el sistema político o proyectos cuyo valor científico lo evaluaban personas ignorantes del tema. Décadas después, en regulaciones de adopción reciente, Conacyt sigue sin patrocinar estudios de maestría en el exterior para diversas disciplinas bajo el criterio de que en México ya las hay. Todos los que hemos estudiado fuera sabemos que el mayor valor de hacerlo reside no en los grandes aprendizajes científicos, técnicos o teóricos, sino en la experiencia de vivir bajo otro esquema educativo, cultural y social. El mayor valor que adquiere un estudiante que sale de su país es la perspectiva cosmopolita que, por definición, nunca podría adquirir si se quedara. Esa es la razón por la que gobiernos como el coreano, chino y brasileño se desviven por encontrar espacios -en las decenas de miles- para sus jóvenes en Europa o EUA. Nosotros queremos que estudien en Tuxtla. No deberían sorprendernos los resultados.
Otro ejemplo: cientos de instituciones públicas anualmente patrocinan diversas encuestas, sobre todo en el sector salud. Aunque utilizan recursos públicos, tratan las encuestas como si fueran privadas: sólo ellos tienen acceso. En una sociedad abierta, todo lo que es patrocinado en el ámbito científico por quienes pagamos impuestos es público. Pero la lógica patrimonialista es implacable: los fondos públicos se consideran privados y se utilizan para beneficio no del país sino de los individuos involucrados. No muy abierto, transparente o cosmopolita.
En el ámbito de la administración urbana el fenómeno es ubicuo: el gobierno no es responsable de nada. Un vehículo puede sufrir un grave percance por la existencia de hoyos en las calles, ausencia de alumbrado o señalamiento. Si se tratara de una situación excepcional, nadie se preocuparía. Pero tratándose de un país que a veces parece más una colección de baches unidos por pavimento que de calles debidamente cuidadas, el tema es serio. ¿Cuántos vehículos han sufrido desperfectos, roturas de la suspensión o de sus llantas en las calles de las principales ciudades? Seguro miles. Sin embargo, nadie es responsable. Al no haber responsabilidad, no hay incentivo alguno para evitar percances, cuidar las obras o administrar debidamente. Si extendiéramos el tema hacia los cambios berrinchudos de regulaciones y otros mecanismos burocráticos, el tema se ampliaría a toda la administración pública, a todos niveles. No hay transparencia y la capacidad de respuesta, o interés por tenerla, es por demás escasa.
Las leyes y regulaciones están diseñadas para beneficio particular, lo que niega la calidad de sociedad abierta. La ley electoral es uno de esos ejemplos que ilustran todo lo que no debe ser porque no puede ser. La noción de legislar la apertura y civilidad es una belleza, pero una imposibilidad política. Aunque sus promotores la defienden a capa y espada, la ley no ha hecho sino esconder lo que realmente ocurre: se ha convertido en un incentivo, en un mecanismo promotor de la simulación y la violación sistemática de la propia ley. Además, la noción de que se puede decretar el buen y civilizado comportamiento de los políticos en campaña es de una ingenuidad que ni siquiera merece comentario. Lo que seguro no logra es hacer más abierta, transparente o civilizada a la sociedad mexicana. Para eso habría que ir en sentido contrario: liberalizar, darle poder a la ciudadanía (y no a la burocracia) y forzar a los políticos a rendir cuentas efectivas.
El asunto de fondo reside en que el país no ha experimentado lo que técnicamente se llama un cambio de régimen o, al menos, un cambio de paradigma. Además de llevar décadas administrando los problemas en lugar de resolverlos, el objetivo esencial de nuestro sistema de gobierno (de cualquier color o partido) es el de preservar a los herederos de la revolución y sus socios en los otros partidos en el poder.
Lo que México requiere es la consolidación de una sociedad abierta que sólo es posible a través de un cambio de régimen. Cualquier partido lo puede promover, pero no lo podrá lograr quien busque el poder simplemente para seguir gozándolo: se requiere un nuevo sistema de gobierno. Ese es el verdadero desafío para el país en los próximos años. De otra forma, más de lo mismo (con cualquier partido) no es solución.
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