Algo que ha pasado por alto en la discusión de los subejercicios es que también los gobiernos estatales y locales incurren en ellos y, más importante aún, que los subejercicios representan un gran costo de oportunidad para la sociedad mexicana.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que durante el primer trimestre de 2013 el gobierno federal incurrió en un subejercicio del 5.16%. Dicho anuncio encendió la caldera de críticas por constituirse como la mayor astringencia gubernamental en materia de gasto público del inicio de un sexenio. Distintas organizaciones empresariales manifestaron su desazón al respecto, ya que según ellos, el subejercicio podría agravar la desaceleración de la economía mexicana.
Más allá de la motivación estratégica -o no- del gobierno para “cerrar la llave” a los recursos asignados por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de la espesa opacidad relacionada al destino final de los recursos no devengados, así como de la falta de herramientas de rendición de cuentas eficaces para sancionar a los funcionarios públicos que hagan un uso indebido de los recursos, algo que ha pasado por alto en la discusión de los subejercicios es que también los gobiernos estatales y locales incurren en ellos y, más importante aún, que los subejercicios representan un gran costo de oportunidad para la sociedad mexicana.
Tómese como ejemplo lo que sucede en materia de seguridad pública con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). El FASP se trata de recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito Federal para la seguridad pública. Están primordialmente destinados a cinco objetivos:
•Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
•Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
•Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.
•Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.
•Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
El Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) elaboró un mapeo del grado de afectación por incidencia delictiva en las entidades federativas del país. De ahí se desprende, entre otras cosas, que de 2007 a 2012: los homicidios dolosos per cápita aumentaron en más de 65%; los secuestros se incrementaron en 250%; y las extorsiones aumentaron en 94%. Es debido a esto que no deja de asombrar que durante el periodo 2009-2011, el monto del subejercicio en FASP en el que incurrieron los gobiernos de las entidades federativas fue cercano a los 7.5 mil millones de pesos. Esto equivale un subejercicio del 36.02%, o dicho de otro modo, 1 de cada 3 pesos asignados al FASP en el PEF no fueron devengados por los gobiernos de las entidades federativas. En promedio, cada una de ellas dejó de ejercer aproximadamente 80 millones de pesos por año. Más sorprendente aún resulta el monto de los subejercicios en los que han incurrido entidades federativas con problemas considerables en materia de seguridad pública.
Como se aprecia en la siguiente tabla, cuatro de las diez entidades federativas que más subejercen recursos provenientes del FASP presentan un grado de afectación grave en cuanto a incidencia delictiva. Destacan los casos del Distrito Federal y Nuevo León: el primero porque se trata del gobierno que más subejerció durante el periodo 2009-2011; y el segundo, porque no sólo es uno de los diez Estados de la República que más subejerce, sino también es uno de los diez que presenta mayor incidencia delictiva.
Ahora bien, CIDAC también señala que el problema de inseguridad en el país se ha extendido, y que un número considerable de Estados de la República están en “punto de quiebre”, esto es, presentan bajos niveles de incidencia delictiva pero altas tasas de crecimiento. Como lo muestra la tabla siguiente, es considerable el monto del subejercicio en FASP de las entidades federativas que experimentan una creciente situación de violencia. Destacan los casos de Veracruz, Querétaro y Zacatecas: el primero, por ser un Estado que a pesar de exhibir cinco delitos con alta tasa de crecimiento, realiza un subejercicio de 533 millones de pesos; el segundo, porque de 2010 a 2012 ostentó una tasa de crecimiento del 80% en homicidios dolosos; y, el tercero, porque de 2007 a 2011 experimentó un incremento del 855% en secuestros y un aumento del 106% en extorsiones.
Si se toma en cuenta el conjunto de las entidades federativas con mayor nivel de incidencia delictiva en el país, resulta notable su subejercicio de 1.28 mil millones de pesos de 2009 a 2011. Es injustificable que una demarcación en estado de violencia e ingobernabilidad como Michoacán deje de ejercer más de 270 millones de pesos en materia de seguridad pública.
El ejercicio anterior es, a lo menos, desolador. Más allá de que los subejercicios del gasto público son un tema cargado de opacidad, y que no hay a la fecha un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y sanciones para aquellos funcionarios que hagan un uso indebido de los recursos públicos, los subejercicios tienen un alto costo de oportunidad para la sociedad. Desafortunadamente, mientras que el monto de los recursos públicos no devengados en seguridad pública es contable, no lo es la pérdida de una vida o de la libertad de los individuos. Los subejercicios de los gobiernos estatales en el FASP ponen de manifiesto que los gobiernos estatales “ven la tempestad y no se hincan”.
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