En Tabasco, el país y la política nacional acaban de experimentar un gran paso hacia delante. Por primera vez en décadas, las partes en conflicto llegaron a un acuerdo por sí mismas. Aunque la Secretaría de Gobernación estuvo íntimamente involucrada, su participación adquirió características radicalmente nuevas. El gobierno federal se limitó a crear condiciones propicias para que un arreglo pudiese ser posible, en lugar de imponerlo sobre las partes. Es decir, un cambio significativo de orientación en la manera de conducir la política. Lamentablemente, algo muy distinto parece estar aconteciendo en torno al caso del ciudadano Sebastián Guillen, mejor conocido como subcomandante Marcos, quien está a punto de subvertir todas las leyes y principios de comportamiento político que son inherentes a las prácticas democráticas.
El cambio de conducción política tiene dos fuentes muy evidentes. Por una parte, el nuevo gobierno no cuenta con los instrumentos, los mecanismos y los controles de que por décadas gozaron las administraciones priístas. En este sentido, aun si quisiera, el nuevo gobierno no puede imponer sus condiciones o puntos de vista, a menos de que esté dispuesto a emplear la fuerza pública. Por otro lado, es evidente el gobierno de Vicente Fox está tratando de incorporar nuevas maneras de conducir la política y resolver los problemas que enfrenta el país. En Tabasco hemos podido atestiguar que el nuevo modelo de conducción política tiene posibilidades de resultar exitoso.
El problema de Tabasco es en cierta forma sui géneris, pero también es ilustrativo de los conflictos que el país en su conjunto podría llegar a enfrentar. Mucho de ese conflicto se puede apreciar en el hecho de que en la pasada elección para gobernador, a mediados del año pasado, siete de los ocho candidatos a la gubernatura eran priístas o expriístas. Este factor muestra la verdadera naturaleza del conflicto tabasqueño. En el extremo, también podría ser una ventana que nos permite otear el tipo de escenarios que el PRI podría estar enfrentando en el futuro mediato.
Si uno se deja guiar por los comentarios y críticas vertidos en la prensa en torno al tema Tabasco a lo largo de las últimas semanas, es patente que hay un profundo sentido de déjà vu, una acusada nostalgia por el pasado. Tan pronto comenzó a ascender el sentido de incertidumbre respecto al resultado final del conflicto, luego de que el Tribunal Electoral Federal emitiera su fallo anulando las elecciones, se hizo sentir una imponente demanda por que el gobierno federal metiera orden en el estado.
Quizá no era para menos. Hubo un momento en el que parecieron coexistir hasta tres gobernadores interinos, todos ellos producto de procesos que las diversas fuerzas políticas del estado consideraron ilegítimos. Los dimes y diretes parecían incontenibles y las amenazas de desacato a tal o cual decisión judicial o legislativa estaban a la orden del día. Los priístas de todo el país se reunieron en Villahermosa para hacer sentir su fuerza, argumentado que el gobierno de Fox no tenía la menor capacidad de gobernar. Dado el conflicto intra-priísta que caracteriza la política actual en ese estado, la pretensión del priísmo duro de unidad y fuerza era ciertamente ilusoria.
Los priístas se encuentran divididos y, más que nada, parecen incapaces de encontrar la manera de organizarse ahora que han perdido a su cabeza y líder, papel que tradicionalmente ejercía el presidente de la República. Más que motivo de orgullo o falsa unidad, para los priístas el conflicto en Tabasco constituye tanto una amenaza (de que el partido se fragmente de esa manera en todo el país), como una oportunidad. El PRI experimenta un proceso de decadencia desde hace años y Tabasco no hace sino exhibirlo de manera contundente. La pregunta es si los priístas convertirán esta crisis en un acicate para transformarse, por el bien de su partido y del país.
La oportunidad para el PRI se reduce a un punto muy simple: a repensar su futuro, a reconocer que su fuerza depende no de una oposición sistemática al nuevo gobierno, sino de su capacidad para articular un nuevo proyecto político. Es decir, para que el PRI se reforme y pueda no sólo recuperar el poder sino convertirse en una fuerza vital y positiva para el futuro, tiene que desarrollar un proyecto político en el que sean compatibles sus objetivos históricos de desarrollo con justicia social, dentro del marco de una economía globalizada y de un sistema político competitivo. En este momento los priístas siguen pretendiendo que su proyecto de antaño tiene futuro. Pero Tabasco muestra los límites del priísmo tradicional, los riesgos de seguir por ese camino y lo absurdo de sus intentos por constituir frentes cuya motivación es la oposición a ultranza. La interrogante es si tendrán capacidad para comprender el reto y vencer a los intereses creados que tienen secuestrado y entrampado al partido.
Es en este contexto que el actuar del gobierno federal fue excepcionalmente inteligente y apropiado a las circunstancias. En lugar de pretender imponer una solución desde arriba, el Secretario de Gobernación se abocó a crear condiciones para que los priístas y expriístas se arreglaran entre ellos, para que los tres partidos grandes encontraran espacios de interacción que permitieran llegar a un arreglo no sólo satisfactorio para todos, sino capaz de restablecer al menos los fundamentos para una convivencia política pacífica. En la medida en que esta forma de actuar se transforme en la nueva tónica gubernamental, nos vamos a encontrar con que el gobierno federal ya no se dedica a imponer condiciones o a negociar cada decisión, sino a sedimentar las bases para un sistema político competitivo de cuya estabilidad son responsables y beneficiarios todos los participantes.
Es decir, se trata de un giro de casi ciento ochenta grados respecto al pasado. La nueva estrategia no está exenta de riesgos o dificultades pero, de ser exitosa, se convertiría en una nueva plataforma de estabilidad, mucho más sólida, flexible y durable que la que caracterizó la era del PRI.
Las dudas sobre el éxito del “modelo” de conducción política tabasqueño se pueden observar en el conflicto chiapaneco. El gobierno de Ernesto Zedillo se abocó en forma sistemática a disminuir las dimensiones y apariencia de la guerrilla chiapaneca. Su principal éxito residió precisamente en que no hubo mayores exabruptos relacionados con el levantamiento original. Pero el conflicto subyacente permaneció, la propaganda de los zapatistas siguió envenenando el terreno internacional y nunca logró extinguir la sensación de que existía un problema no resuelto. Marcos y compañía se pasaron cinco años esperando la oportunidad de salir del hoyo que ellos mismos habían cavado y al que Zedillo los había limitado. Tan pronto Fox les ofreció una salida, no sólo le tomaron la palabra, sino que ahora pretenden adueñarse del país.
El gobierno enfrenta hoy un difícil dilema con los zapatistas. En el momento actual, los zapatistas se disponen a abandonar sus guaridas para fincar su residencia política en el Distrito Federal y comenzar a desarrollar y activar bases de apoyo para sustentar un movimiento político nuevo. En la medida en que avancen por esa senda, como una fuerza institucionalizada que pretende lograr el poder a través de su participación en los procesos electorales, respetando tanto las leyes como las “reglas del juego” a las que se atienen todos los partidos, el arribo de los zapatistas a la ciudad de México constituiría un éxito para la democracia mexicana y para el gobierno de Fox. Lamentablemente no es obvio que ese sea el camino por el que quieren transitar.
Los zapatistas han gozado de una situación legal inusual a lo largo de los últimos años. Para comenzar, a principios de 1994 le declararon la guerra al Estado mexicano, declaración que nunca fue rescindida. Mas tarde, al comienzo del sexenio pasado, el Congreso aprobó la ley de amnistía que condicionaba la posesión de armas por parte de los zapatistas a la continuación de las negociaciones, mismas que llevan años suspendidas. Aunque los zapatistas cambiaron de objetivos una y otra vez desde que lanzaron su ofensiva inicial, su retórica acabó consagrándose en los acuerdos de Larráinzar, mismos que están lejos de gozar de un apoyo político o legislativo significativo. Por su parte, Marcos está a punto de salir de Chiapas, independientemente de la suerte de la iniciativa de reformas constitucionales que el presidente se comprometió a enviar al poder legislativo, mostrando una vez más que su ambición y objetivos probablemente poco o nada tienen que ver con el tema indigenista.
El gobierno de Fox se ha preciado de inaugurar una nueva manera de organizar el poder y de conducir los asuntos públicos y políticos. Aunque es muy temprano para emitir juicio alguno sobre sus avances, no queda la menor duda de que en Tabasco logró un primer y monumental triunfo. La pregunta es si podrá extender esa manera de resolver conflictos en el tema chiapaneco. En este momento, los incentivos que tienen frente a sí los zapatistas están lejos de conducirlos a su transformación en una fuerza institucionalizada, deseosa de alcanzar el poder por medios legítimos y legales. De hecho, lo contrario parece ser la tónica de los guerrilleros. Van a venir encapuchados y armados, en violación flagrante tanto de las reglas de civilidad política, por una parte, como de la ley de amnistía, por la otra. Además, es evidente que persiguen competir por una buena parte de las bases políticas del PRD, lo que augura mal para la estabilidad de las regiones en que se llegaran a establecer.
Dada la coyuntura en que se encuentra, el gobierno no tiene más opción que la de generar un conjunto de incentivos que modifiquen radicalmente el comportamiento de los zapatistas, a fin de que se adecuen a la realidad política del país en el 2001, que nada tiene que ver con la que conocieron antes de abstraerse a la clandestinidad hace años. Primero, tiene que dejar claro, y sin ambigüedades, que no habrá negociación alguna, de ningún tipo, con contrapartes encapuchadas. Idealmente, debería procurar un pronunciamiento conjunto en este sentido con los legisladores. Segundo, tiene que hacer valer la ley en materia de armamento, apegándose estrictamente a la ley de amnistía y a las condiciones que ésta impone. Finalmente, tiene que abrir todas las puertas a la negociación, bajo reglas claramente establecidas, induciendo, como en Tabasco, un resultado que no sólo disminuya el conflicto, sino que siente las bases para una mayor estabilidad después.
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