El gobierno federal es la autoridad más alejada de nuestra vida cotidiana. No tapa el bache que está afuera de mi casa, no recoge la basura ni le paga su sueldo al policía de la esquina. El contacto más frecuente que tenemos los mexicanos con el gobierno federal es una experiencia bastante desagradable: pagar impuestos.
Desde las convenciones nacionales fiscales (1925, 1933 y 1947), el gobierno federal asumió la compleja labor de cobrar tributos. En 1980, con la introducción del IVA, se abolieron cerca de 458 impuestos locales. Estados y municipios renunciaron a su potestad de recaudar recursos y gracias a la descentralización, sólo se ocuparon de la tarea de gastar el dinero público. Cerca de 60 por ciento del gasto programable está en manos de gobernadores y presidentes municipales.
El argumento principal para centralizar la recaudación fiscal era que los gobiernos locales tenían capacidades desiguales para cobrar impuestos: la administración tributaria de Nuevo León era (y es) muy distinta a la de Chiapas. Tanto el cobrador de impuestos, como el contribuyente promedio, tienen rasgos muy distintos en cada estado. Al centralizar la recaudación tributaria, el gobierno federal reconoció las profundas asimetrías regionales que existen en el país. Sin embargo, a la hora de descentralizar el gasto se dio un trato de igual a los desiguales.
Cada entidad tiene sus propias reglas de contabilidad, fiscalización y rendición de cuentas. Hay gobernadores con visión y liderazgo que fomentan la transparencia presupuestal, otros manejan sus estados con la opacidad propia de un virrey. Los escándalos políticos más recientes de la vida nacional están directamente vinculados con la impunidad de tres gobernadores estatales. Arturo Montiel amasó una fortuna obscena pero sus auditores sostienen que tiene un expediente impecable. En Puebla, el góber precioso usó al Ministerio Público y al sistema de justicia local para la vendetta personal de un empresario y un pederasta. En Oaxaca, hay 26 muertos por el conflicto del año pasado y no hay una sola orden de acción penal. Si estos mandatarios feudales manipulan así a los órganos de fiscalización, a las policías y a los jueces, ¿cómo manejarán el presupuesto de sus estados? La descentralización del gasto trató a todos los gobernadores como si fueran estadistas.
El proyecto de reforma hacendaria, presentado por el Poder Ejecutivo, incentiva el cobro de impuestos locales y acota la discrecionalidad presupuestal en estados y municipios. La iniciativa entregada al Congreso es un conjunto de siete documentos que tocan varios aspectos de los ingresos y el gasto público. En lo referente a la rendición de cuentas, la propuesta de Agustín Carstens y Felipe Calderón representa una mejoría importante a la situación actual. El plan propone modificar el artículo 73 de la Constitución, para permitir que el Congreso federal homologue las leyes locales en materia de contabilidad pública y presupuesto. El espíritu de la reforma reconoce que las entidades tienen criterios dispares para rendir cuentas de sus pesos y que cada gobernador hace su opaca voluntad con el dinero que le transfiere la Federación.
Los cambios constitucionales podrían enmendar algunos de los entuertos que provocó el acelerado proceso de descentralización. Nuestros virreyes locales tendrán que ajustar sus normas de transparencia contable a los lineamientos que establezca el Congreso. En los libros de texto de Economía, la descentralización es un medio para hacer más eficiente el gasto público y acercar los actos de gobierno a los ciudadanos. Los grandes teóricos de la descentralización no consideraron la posibilidad que los gobiernos locales queden bajo control de personajes como Arturo Montiel o Mario Marín. La propuesta de reforma constitucional reduce la brecha entre la teoría y la práctica de la descentralización.
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