Desde el primer día del sexenio la apuesta de la actual administración federal fue lograr una serie de reformas bajo la justificación de modificar el statu quo que había frenado el desarrollo del país. Con las facilidades propiciadas por el “Pacto por México” se logró la aprobación de diversos cambios constitucionales en el ámbito fiscal, financiero, energético y educativo. Todos estos cambios trazaron un plan de gobierno específico además de las obligaciones heredadas de la administración anterior en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, la aprobación de las modificaciones normativas no es suficiente y el verdadero reto del gobierno federal es garantizar una implementación exitosa con el fin de alcanzar los resultados que justificaron su publicación.
Por lo anterior, resulta pertinente evaluar cuáles son los resultados hasta el momento de la administración federal. En particular, lo relativo a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública (ambas con cambios recientes de titulares), la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este contexto, a continuación se presenta un corte de caja para contrastar los resultados que hasta el momento registran dichas Secretarías en relación con las expectativas que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de comprobar si realmente vamos “a medio camino”:
Si bien es cierto que se han generado algunos avances en materia de seguridad, como la disminución en delitos como el secuestro, los grandes desafíos continúan. Sobre todo en materia de seguridad existe la sensación de que el país avanza de forma inercial y la estrategia de combate al narcotráfico y crimen organizado continúa en tela de juicio. A pesar de haber constituido unos de sus ejes en la campaña, la administración del Presidente Peña continúa sin revisar a fondo la política criminal vigente y sin modificar el camino trazado por su antecesor. El reto para el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad es lograr una redefinición de los objetivos y medios para lograr disminuir los indicies delictivos con el fin de reconstruir la legitimidad institucional que ha resultado tan lastimada por acontecimientos como la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y la sucesión de eventos en Tlatlaya, entre otros.
A pesar de que México es uno de los países que invierte más que el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en materia de educación, sigue sin dar el gran salto en el tema. La opacidad en el gasto, el control sindical de los recursos y la suspensión de la prueba Enlace que permitía conocer el progreso en la calidad de la educación mexicana parecen seguir siendo los grandes obstáculos del avance educativo en el país. Las carencias evidenciadas por los datos en el rubro exigen una profunda evaluación sobre la asignación y ejecución de los recursos para garantizar que se inviertan eficazmente para generar el mayor impacto en la calidad educativa del país. Resulta impostergable realizar las modificaciones estructurales necesarias para transformar el panorama en materia de educación; en este contexto alcanzar el objetivo del PND se ve aún muy lejano.
Desde el principio, la presente administración ha basado su enfoque de política social en la pobreza extrema y, en específico, en la inseguridad alimentaria. Tanto en el PND como en el Programa Sectorial de Desarrollo de la Secretaría se afirma como prioridad garantizar la seguridad alimentaria de la población, lo que explica la lógica del programa La Cruzada Nacional Contra el Hambre. No obstante, de acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de personas que enfrentan carencia alimentaria se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2010[3]. Aunado a esto, el índice de tendencia laboral de la pobreza (también desarrollado por Coneval) ha ido en aumento desde la crisis de 2008. Dicho índice – que mide el porcentaje de personas que no pueden adquirir un canasta alimentaria básica con su salario – ha crecido un 7% desde que comenzó la administración del presidente Enrique Peña Nieto, registrando un incremento mucho mayor en las zonas urbanas. Esto quiere decir, que a pesar de las más de 800 mil personas beneficiadas por los comedores comunitarios de la Cruzada, hoy en día, a 4 de cada 10 mexicanos no les alcanza para comprar una canasta alimentaria básica con su salario.
Por otro lado, en la dimensión de seguridad social el panorama se vislumbra complejo. A pesar de que la meta a 2018 del plan sectorial es alcanzable (que máximo un 15% de la población de 60 años o más carezca de seguridad social), las condiciones que el envejecimiento población y la falta de fondos públicos impondrán al sistema de pensiones en los próximos años pondrán en entre dicho estos posibles logros. En esta dimensión de desarrollo social, a tres años de la presente administración todavía hace falta una visión y estrategia integral que haga sustentable el progreso que las familias en condiciones de pobreza. Se deben atender problemáticas de fondo, por ejemplo, el aumento del poder adquisitivo de las familias con menos ingresos, pues de otra manera se estará descansando en una agenda asistencial y de corto plazo.
Hasta la fecha tampoco se ha hecho un planteamiento para garantizar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones. En su último reporte, la principal institución de seguridad social – el IMSS – reportó pasivos laborales por hasta 1.9 billones de pesos, alrededor 13% del PIB. Por su parte, el ISSSTE presenta un pasivo laboral de alrededor de 6.03 mil millones de pesos[10]. Si no se modifica la salud financiera del sistema de pensiones y el sistema de salud en México, la vejez en el país será incosteable, además de los efectos nocivos que esto tendrá en el mercado laboral formal.Aun cuando durante la publicación del PND 2013-2018, no existían las condiciones de volatilidad actuales, el Gobierno Federal en su momento se planteó como línea de acción prioritaria reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante la volatilidad del precio internacional del petróleo. Con la posterior Reforma Fiscal se buscaba reestructurar la carga fiscal para reducir la dependencia petrolera de las finanzas públicas y para, en palabras del Gobierno Federal, hacer más equitativa la distribución impositiva. A casi tres años de la implementación de estos cambios fiscales, se puede observar que la importancia del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) con respecto a los ingresos tributarios ha permanecido sin cambios importantes, por lo que la base gravable no aumentó significativamente. Además, el porcentaje de informalidad laboral sigue siendo elevado conforme a estándares regionales e internacionales, traduciéndose en un costo de oportunidad muy significativo en términos de recaudación por ISR. La evolución reciente de la recaudación por ISR podría sugerir que esquemas como el Régimen de Incorporación Fiscal deben ser complementarios a una reestructuración más profunda de este tributo. Aunado a esto, las expectativas de crecimiento iniciales, las cuales en teoría se verían impulsadas por las reformas rondaban en su momento en los 4 puntos porcentuales. Hoy en día, éstas se han recortado a la baja hasta llegar de 2.8 a 3 en las distintas estimaciones de los organismos internacionales.
Conclusiones
De acuerdo con los promocionales del Tercer Informe del Gobierno Federal el país se encuentra a mitad del camino entre la aprobación de las reformas y su adecuada implementación. No obstante, los resultados examinados correspondientes a cuatro de las Secretarías más relevantes, evidencian que en verdad no nos encontramos “a mitad del camino” sino que vamos muy rezagados. La evaluación de los resultados a mitad de sexenio demuestra, además, que los recientes cambios en el gabinete no se explican por una lógica de rendición de cuentas ni se basan en indicadores de desempeño ya que dependencias con resultados altamente cuestionables, como SEGOB y SHCP, no tuvieron cambios. A pesar de que desde el Gobierno Federal se asume que el reto para la segunda mitad del sexenio consiste en la ejecución exitosa de las reformas, la reorganización del gabinete parece responder más a motivaciones políticas que al cumplimiento de los objetivos planteados en el PND.
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Autores: Ximena López, Carlos de la Rosa, Rafael Vega, Santiago Martínez y Jorge Ramírez.
Edición: Lorena Becerra.
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(1) La escala del índice es ascendente por lo que a mayor puntaje, mayor riesgo.
(2) INEGI. 2013. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/presentacion.aspx
(3) Coneval. 2015. “Medición de la pobreza 2014.”
(4) INEGI. 2013. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/presentacion.aspx
(5) Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015.
(6) SHCP. 2015. “Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas”, se compara la proporción que ocupan los ingresos tributarios con respecto a los ingresos totales del sector público en julio 2012 y julio 2015.
(7) INEGI. 2015. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/iooe/iooe2015_04.pdf
(8) Evolución de la tasa efectiva promedio ponderada de los clientes totaleros y no totaleros (por ciento) de: http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/reporte-de-tasas-de-interes-efectivas-de-tarjetas-/reporte-tasas-interes-efectiv.html
(9) Evolución del saldo de crédito otorgado a los clientes totaleros y no totaleros de: http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/reporte-de-tasas-de-interes-efectivas-de-tarjetas-/reporte-tasas-interes-efectiv.html
(10) Únicamente Banca de Desarrollo.
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