El 30 de junio se cumplió un año del trágico evento en el municipio de Tlatlaya, Estado de México en el cual 22 civiles murieron y un militar resultó herido. El caso ilustra como, a casi una década de iniciada la guerra contra el narcotráfico y a pesar de todos los recursos invertidos en capacitación, las acciones en materia de seguridad desplegadas por el Estado mexicano aún son incapaces de garantizar la protección a los derechos humanos. De forma preocupante, es evidente que en la práctica persiste la idea de que un eficaz combate a la delincuencia es incompatible con el respeto de los derechos humanos.
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